El derrame de 6 mil barriles de petróleo de Repsol en Ventanilla (Lima) es mucho más grave de lo que parece o de lo que los medios masivos intentan maquillar.
Si bien la Fiscalía ya abrió una investigación a los representantes legales de la Refinería La Pampilla, por el presunto delito de contaminación ambiental que está afectando unos 18 mil m2 de las playas chalacas (luego de la irresponsabilidad criminal ocurida en el terminal multiboyas N°2 de dicha refinería), hay que ver si el proceso determina una verdadera sanción vinculante contra la transnacional petrolera, empezando por la revisión y/o anulación de contratos entre el Estado peruano y Repsol.
Y al atentado medioambiental (ecocidio) hay que agregarle la afectación laboral que esto acarrea. El presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón, Abelardo Chiroque, advirtió que más de 800 trabajadores de su sector se han quedado sin ingresos económicos debido al derrame de petróleo que ya afectó a las doce playas de la jurisdicción (ocho kilómetros de litoral, ya que la corriente de Ventanilla, el lugar más perjudicado, trae el petróleo hacia a Ancón, afectando las playas San Francisco, Playa Hermosa, Los Enanos, Miranorte, entre otras).
Mientras tanto, la responsabilidad empresarial sigue siendo evadida con excusas miserables o «asumiendo la solución» enviando a personal sin preparación ni equipos adecuados a limpiar las playas, ante las cámaras de una prensa parcializada y complaciente con los verdaderos culpables.
Los comentarios y «razonamientos» de los corifeos de la derecha sobre este grave daño al ecosistema, son tema aparte. «Se ve feo, pero se limpia y ya», dicen balbuceantes mientras desayunan, almuerzan y cenan los dólares del gran capital desarrollista que no entiende de «pérdidas humanas, animales o medioambientales», sino únicamente de déficit, cifras y datos de macroeconomía.
La respuesta que está dando el Gobierno de Castillo al crimen medioambiental de Repsol Perú, bien podría haberlo dado Sagasti, Vizcarra, Kuczynski, Humala, García, Toledo o hasta Fujimori. Da igual.
Es la misma sumisión al poder transnacional que impone su agenda extractivista y desarrollista por encima de los protocolos medioambientales o incluso los marcos legales.
¿Y la sanción ejemplar a esta corporación española? ¿Y la exigencia del plan de contingencia ante estos desastres criminales? ¿Y el respeto a la soberanía nacional y popular? Nada. Solo canastas de víveres a los afectados, llamadas de atención a los responsables, equipo humano mínimo y sin maquinaria o tecnología acorde a la catástrofe, voluntariado juvenil bienintencionado pero ínfimo ante tal magnitud, PCM y Congreso mudos o mirándose al ombligo. Así estamos.