Y cuándo nos veremos con los demás,
al borde de una mañana eterna,
desayunando todos!
César Vallejo
Hubo tres noticias relevantes en estos días. La primera corresponde a una medida del Ejecutivo: el 3 de abril, se aprobó aumentar el salario mínimo vital para el sector privado; así, según el Decreto Supremo núm. 003-2022-TR, el aumento iría de S/.930 a S/.1025. La segunda es que el Ejecutivo y Legislativo aprobaron un dictamen para exonerar del IGV a algunos alimentos de la canasta básica familiar. La tercera, la más reciente, es que el Pleno del Congreso deberá decidir si aprueba o no el dictamen de la Comisión de Economía del Congreso, para que las personas afiliadas al Sistema Privado de Pensiones puedan retirar hasta S/.18,400 de sus ahorros previsionales.
Vamos por partes. El aumento del salario mínimo vital estaría destinado solamente a los trabajadores formales del sector privado. Esta medida no parece ser efectiva por dos razones: primero, porque la tasa de informalidad a nivel nacional es de casi 80% (más de 9 millones de trabajadores, lo cual marca un record desde el 2001) y, segundo, porque dentro del sector privado solamente aquellas empresas con alta productividad (con más de 50 trabajadores) podrían asumir este aumento salarial; empresas que, dicho sea de paso, están contratando 15% menos con respecto al 2019. Esto significa que el aumento salarial sería para un grupo muy reducido de trabajadores, por lo que, en último término, esta medida podría provocar mayor inseguridad laboral, desigualdad y precariedad.
Sobre la exoneración del IGV para ciertos productos de la canasta básica, el problema es más complejo. Para empezar, aunque el ministro de Economía Oscar Graham afirme que la exoneración será a favor de toda la cadena productiva, en realidad lo dispuesto solamente aplicará a las operaciones de importación. Entonces, teniendo en cuenta que los alimentos importados son componentes importantes y, de otro lado, es un sector oligopolizado, los primeros grandes beneficiados serán las empresas que controlan la industria alimentaria: Alicorp y Grupo Gloria.
Aun más, Pedro José de Zavala, director de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), advirtió en entrevista en Radio Exitosa que, si bien se ha exonerado el IGV en productos como el pollo o el huevo, esto no ha sido así para toda la cadena de proveedores de insumos que se necesitan para mantener la cadena de producción. En conclusión, si solamente se les exonera el IGV a los proveedores de pollo y no a los proveedores de soya o maíz, el precio del pollo tendría que subir para así pagar los impuestos de los no que no han sido exonerados.
En otras palabras, la disminución del precio no solo favorecería a las grandes industrias alimentarias, sino que, además, afectaría directamente a los proveedores y productores. Por lo que, tal como ha pasado con el combustible, el precio de venta final (el precio de venta al consumidor) no se modificaría sustancialmente.
Por otro lado, si consideramos que el IGV es el impuesto que más recauda el Estado, las exoneraciones generarán una ruptura en la cadena de cobro de este impuesto. De hecho, según el Ministro de Economía, con esta medida de exoneración se dejará de recaudar S/.50 millones, pero, insiste en que es una medida a favor del consumidor.
Finalmente, luego de los cinco retiros extraordinarios de los fondos de pensiones que aprobó el Congreso en el 2021, ahora se quiere volver a aprobar una medida similar para autorizar el retiro de 4 UIT (S/.18,400), con el fin de reactivar la economía. Sobre ello, Elio Sánchez, el superintendente adjunto de AFP de la SBS, declaró para TVPerú que, para empezar, el sistema de pensiones no es para reactivar la economía sino para garantizar que los afiliados puedan acceder a una cuenta de ahorros que les pueda sostener durante toda su etapa de jubilación. Además, señaló que, producto de las medidas antes aprobadas (las del 2021), se han retirado más de 66 millones de soles, lo que ha generado que más de la mitad de afiliados al sistema de pensiones cuente con menos de 1 UIT (S/. 4,600) en sus cuentas y que el 30% de afiliados no tenga ningún ahorro.
En este panorama tan hostil a nuestras economías de sobrevivencia, el Gobierno, el que se autodefine como “popular”, aquel que firma cada comunicado oficial como «Siempre con el pueblo», está aprobando una serie de paquetazos sin criterio, sin respeto y sin dignidad, con el claro objetivo de hacernos pagar, a nosotros, a los subempleados, a los desempleados, a los jubilados sin ahorros, a las familias sin ahorros, a los estudiantes sin ahorros, una deuda generada por el Estado, para hacer frente a la crisis sanitaria: el costo de vida es insostenible y ahora, con la indignación y descontento histórico y generalizado, se suma la decepción.
Es evidente que el Gobierno y el Legislativo no tienen la capacidad suficiente para gestionar la indignación cotidiana que la población siente ante el desgobierno. Más aún, dentro de todo, lo que más desconcierta es la fría mediocridad con la que decidieron responder a las expectativas generadas ya que, como dijo el sociólogo Omar Coronel, este tipo de maltratos y ofensas se esperaban de presidentes como García o PPK, pero no del profesor del Perú profundo.
