Un botón más de muestra de la pugna de poderes (Ejecutivo vs Legislativo) en Perú. Ahora, el primer Ministro, Aníbal Torres, pide cuestión de confianza al Parlamento para la derogatoria de la Ley 31399 (aprobada en enero y que reafirma que toda iniciativa de reforma constitucional que se someta a referéndum debe pasar previamente por el Congreso), dejando en shock al bando golpista en ese recinto político.
Y al instante, los esbirros de la prensa corporativa entrevistan a voceros de la (ultra)derecha para decir que tal pedido de confianza es una simple, aunque astuta, jugada de Castillo para contrarrestar el ataque de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que admitió la denuncia de la Fiscal de la Nación (que pinta como inconstitucional). Desde la oposición dicen que el ministro Torres incurre en un «imposible jurídico» y que el Ejecutivo está iniciando el proceso de cierre del Congreso.
Luego, estos mismos noticieros reaccionarios hablan de un «afán de golpe de Estado» por parte de Castillo (y lo comparan, por enésima vez, con Hugo Chávez y Evo Morales) para «usar el referéndum y perpetuarse en el poder». Esto es cinismo puro y duro, sabiendo que es más que evidente la agenda golpista de la ultraderecha peruana (Congreso, prensa, Fiscalía de la Nación, empresariado, etc.) para retomar el poder del Estado y el control absoluto del país (que lo tuvieron desde los inicios de la república).
El trasfondo inmediato de la oligarquía peruana es cortar cualquier posibilidad de avance social hacia una ruta que desemboque en una Asamblea Constituyente. Y el enfoque a mediano plazo es la desarticulación a cualquier nuevo intento de reagrupamiento popular desde la izquierda para quebrar el rumbo de la historia nacional. Y el gobierno en ese sentido contribuye, directa o indirectamente, con quienes cree que son sus enemigos políticos.
Foto: Huaral.pe
