Dicen que hay persecución contra el Presidente de la República y su familia. Y pienso que tienen razón. Con ello no quiero decir que el Presidente y su familia no nos deban explicaciones; al contrario: por supuesto que sí. Justamente por ello, también considero que el proceso por el cual nos deben rendir explicaciones no está siendo llevado a cabo debidamente.
La noción más importante de cualquier sistema de justicia es la responsabilidad de tomar una decisión basada en los hechos, no en el sentimiento, no en la venganza: la justicia no es venganza. Sin embargo, es bastante claro cómo se ha reemplazado la campaña del supuesto fraude electoral del año pasado por la campaña que hoy se organiza contra Castillo. Las consignas han cambiado, pero el interés sigue siendo el mismo: no reconocer la autoridad elegida.
El principio básico de nuestro sistema judicial es que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Sin embargo, a pesar de no tener las pruebas, a pesar de no tener los testigos, a pesar de no tener nada más que procesos preliminares, el Congreso de la República, los medios masivos de comunicación, y otras organizaciones similares, ya dictan sentencia: Castillo es culpable.
Pero ello, no es suficiente. A pesar que no se ha dado indicios de posible fuga, a pesar que aún no hay alguna investigación abierta formalmente y que no hay ningún cargo imputado por parte del Poder Judicial, se está solicitando prisión preventiva contra uno de los miembros de la familia del Presidente. Se le está acusando de sospechoso al hijo menor de edad por tener S/.6,600 soles en su cuarto. Se solicita impedimento de salida a la esposa, cuando ella tampoco presenta ningún riesgo de fuga. En fin, la lista podría seguir.
Además de todo ello, Patricia Benavides, la actual Fiscal de la Nación, quién sería la encargada de dirigir todo el proceso de investigación contra el Presidente y su familia, está siendo denunciada constitucionalmente por abuso de poder y obstrucción de la justicia al haber hostigado contra la fiscal Revilla cuando esta llevaba a cabo una investigación contra la Juez Suprema, Emma Benavides, hermana de la Fiscal, por estar cobrando cupos para liberar narcotraficantes e integrantes de la organización “Los Cuellos Blancos”.
Finalmente, es de acceso público el registro de la Procuraduría General donde figuran los nombres de actuales congresistas de Fuerza Popular, Somos Perú, Acción Popular, Alianza por el Progreso, Avanza País y Podemos por tener una o varias investigaciones en curso por peculado, colusión agravada, corrupción de funcionarios, etc.
De hecho, según lo calculado por la Procuraduría, el total de dinero que estos congresistas le habrían robado al Estado asciende a la suma de S/. 64,839,846.00. Sin embargo, no hay ningún pedido de, si quiera, mandar a Comisión de Ética a alguno de estos representantes nacionales, ni mucho menos se está solicitando que sean desaforados.
Los tres poderes del Estado están en peligro y abajo, en el llano, estamos nosotros malabareando el día a día. Sin embargo, no podemos perder la perspectiva: que se investigue lo que se tenga que investigar pero con las garantías y los procesos adecuados y no porque un grupo de políticos corruptos, vengativos y golpistas siguen insistiendo que la voluntad electoral no vale nada si no les conviene a sus intereses. No se trata de Castillo, se trata de nuestro proceso, de nuestra estabilidad y del respeto a nuestra voluntad a elegir.
