Escenario de retroceso histórico

El trasfondo del actual escenario político en Perú, es mucho más complejo de lo que parece. Al menos no es cierta la narrativa del poder mediático que se encargó de mostrarnos una realidad moldeada bajo sus caprichos y necesidades. Se generalizó la idea de que el gobierno de Castillo era corrupto por naturaleza y que era insostenible cualquier cosa que intentara hacer (como si la corrupción gobiernista nunca antes existió en el Perú). Se le encasilló en una figura diseñada a la conveniencia de sus opositores y se le desdibujó desde el inicio.

No decimos que la gestión de Castillo fuera inmaculada y que había que cerrar filas a su alrededor. Desde el inicio advertimos las serias limitaciones de un personaje y un proyecto carente de médula ideológica y/o norte claro. Siempre supimos que Castillo era un factor aleatorio y extraño en política (pese a su efímero pasado como «dirigente sindical»). Era previsible un mayor descalabro a partir de la carencia de un programa de transformación constructiva. No fue el estadista o el cuadro carismático que configurara un arrastre popular con respaldo militante. No fue la expresión de una izquierda con acumulación de experiencia o con talante rupturista.

Pero desde siempre dijimos que con todas sus limitaciones y yerros, era la incipiente posibilidad de algún tipo de quiebre institucional en un país gobernado históricamente por la oligarquía y su partidocracia adicta a las repartijas y el elitismo centralista. Y, por tanto, era menester analizarlo y afrontarlo desde una lectura de clase, desde una óptica popular, desde abajo y a la izquierda. Esto significaba que jamás se podía repetir la monserga ultraderechista que desde el rancio anticomunismo buscaba atacarle bajo premisas no democráticas, sino golpistas y reaccionarias.

Para la formalidad del establishment criollo, Castillo venía a representar todo lo contrario a su normalidad burguesa. Aquí observamos un enfoque ya no solamente ideológico (político-económico), sino un desprecio racista hacia la «otredad». El discurso macartista pronto se quedó sin piso cuando se escuchaba y veía al expresidente rodeado de gabinetes ministeriales o asesores políticos claramente identificados con la derecha. Desde el Ejecutivo no hubo voluntad para cuestionar el modelo económico y se optó por el continuismo neoliberal para calmar a la élite empresarial. Entonces, el meollo incluyó el racismo como expresión sociocultural que se enraizó desde la colonia y se profundizó durante la república.

Ahora estamos frente a un escenario de retroceso histórico, de derrota política. No por Castillo, en tanto persona o figura, sino por el impacto cultural que esto denota en un corto y mediano plazo. La ultraderecha ha buscado vencer a su enemigo ya no con las armas del debate ideológico ni con la polarización de las calles movilizadas, sino con la imposición de un imaginario colectivo donde izquierda sea sinónimo de corrupción e incapacidad de gestión pública. Y a esa victoria parcial del enemigo de clase, han contribuido firmemente elementos o partidos autodefinidos como «del pueblo» o con «sensibilidad social».

Foto: Caretas

Crónica de una vacancia anunciada

Todo va saliendo según el plan diseñado por la ultraderecha. El Ejecutivo nunca tuvo un plan de respuesta, he ahí la diferencia.

Lo que está viviendo el Perú en este momento es el colapso de un proyecto que nació muerto. Se tuvo la oportunidad histórica de generar un quiebre en la institucionalidad política del país y no solo se desperdició sino que se ayudó a petardearlo al compás de la agenda golpista de la reacción.

Y en medio del caos y la incertidumbre, ya salen los sectores de la socialdemocracia y el liberalismo «democrático» a secundar las chillidos de la derecha. Aquí no se trata de defender lo indefendible (un gobierno continuista y neoliberal como el de Castillo) sino de tener mejor lectura política y saber jugar en el tablero de ajedrez de este proceso. Hoy se le entregó el país, en bandeja de plata, a la oligarquía de siempre. Y de eso no se retorna, lamentablemente.

Mientras que mucha gente bromea con eso de que Dina Boluarte será o ya es la primera presidenta del Perú (algo que nunca lograron Keiko Fujimori, Lourdes Flores o Mercedes Aráoz), lo cierto es que estamos ante una nueva marioneta de la ultraderecha.

Ella «gobernará» el plazo breve que los dueños del país lo permitan, ella hará lo que el amo empresarial diga, ella cumplirá «democráticamente» la agenda reaccionaria de la oposición hasta que llame a nuevas elecciones generales donde, una vez más, será la oligarquía y su partidocracia quien gane y tome el poder absoluto en el país.

CASTILLO DISUELVE EL PARLAMENTO

Pedro Castillo, mediante un mensaje a la Nación, anunció la DISOLUCIÓN del Congreso de la República, además de la reorganización de la Fiscalía y el Poder Judicial, la convocatoria a elecciones parlamentarias y el toque de queda a partir de hoy.

Al instante, el comandante general del Ejército, general EP Walter Córdova Alemán, presentó su carta de renuncia al cargo y su solicitud de pase al retiro, al ministro de Defensa, Gustavo Bobbio. Se han sumado en las renuncias ya hasta tres ministros bajo argumentos «principistas» y «democráticos».

Si la crisis nacional estaba muy crispada, ahora se vienen tiempos de extrema convulsión. La ultraderecha se relame las fauces, ahora los golpistas llaman «golpista y dictador» a Castillo. La calle deberá responder con urgencia. Pero no hay bases populares que respalden a este gobierno que se ha puesto de espaldas a sus propios votantes.

De momento todo está servido para que la ultraderecha vuelva a tomar el control absoluto del país. Empieza el festival de renuncias ministeriales (y de otros cargos públicos cercanos a Castillo). Bajo argumentos «democráticos» (falacia política en clave oportunista) ya son varios los que están abandonando el barco gobiernista. Esto seguirá creciendo bajo la premisa de salvar sus propios cuellos y bolsillos.

Castillo buscó adelantarse a la vacancia inminente que le tenía preparado el Congreso. Pero de momento todo indica que ha sido una jugada torpe. Ha disuelto el Legislativo sin argumento constitucional aparente. Ahora vendrán interpretaciones juristas pero el poder mediático está trabajando en dejar claro que Castillo es «dictador, usurpador y corrupto».

Castillo les ha dado mayores argumentos a sus enemigos políticos para aplastarle a los ojos impávidos de un país que sigue en la incertidumbre político-social. La ultraderecha usará y abusará de este episodio para enterrar cualquier posibilidad de cambio desde la izquierda. El impacto histórico a mediano y largo plazo será terrible

Cuestión de confianza y pugna de poderes

Un botón más de muestra de la pugna de poderes (Ejecutivo vs Legislativo) en Perú. Ahora, el primer Ministro, Aníbal Torres, pide cuestión de confianza al Parlamento para la derogatoria de la Ley 31399 (aprobada en enero y que reafirma que toda iniciativa de reforma constitucional que se someta a referéndum debe pasar previamente por el Congreso), dejando en shock al bando golpista en ese recinto político.

Y al instante, los esbirros de la prensa corporativa entrevistan a voceros de la (ultra)derecha para decir que tal pedido de confianza es una simple, aunque astuta, jugada de Castillo para contrarrestar el ataque de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que admitió la denuncia de la Fiscal de la Nación (que pinta como inconstitucional). Desde la oposición dicen que el ministro Torres incurre en un «imposible jurídico» y que el Ejecutivo está iniciando el proceso de cierre del Congreso.

Luego, estos mismos noticieros reaccionarios hablan de un «afán de golpe de Estado» por parte de Castillo (y lo comparan, por enésima vez, con Hugo Chávez y Evo Morales) para «usar el referéndum y perpetuarse en el poder». Esto es cinismo puro y duro, sabiendo que es más que evidente la agenda golpista de la ultraderecha peruana (Congreso, prensa, Fiscalía de la Nación, empresariado, etc.) para retomar el poder del Estado y el control absoluto del país (que lo tuvieron desde los inicios de la república).

El trasfondo inmediato de la oligarquía peruana es cortar cualquier posibilidad de avance social hacia una ruta que desemboque en una Asamblea Constituyente. Y el enfoque a mediano plazo es la desarticulación a cualquier nuevo intento de reagrupamiento popular desde la izquierda para quebrar el rumbo de la historia nacional. Y el gobierno en ese sentido contribuye, directa o indirectamente, con quienes cree que son sus enemigos políticos.

Foto: Huaral.pe

Apuntes sobre la reciente «Toma de Lima»

Sobre la movilización de hoy, denominada «La toma de Lima», habría que comentar que:

– A diferencia de las marchas o pasacalles organizadas por la (ultra)derecha, hoy sí se vio a sectores populares articulados en torno a pliegos de reclamos de carácter urgente. Se movilizaron gremios sindicales, federaciones obreras, frentes regionales, comités vecinales, asambleas campesinas, coordinadoras estudiantiles, etc. Aunque mezclados con sectores variopintos y «peculiares» (reservistas, antivacunas, etc.), se pudo sentir un conglomerado que salió más allá de una simple defensa irrestricta del gobierno (como señala la prensa) buscando tensar el momento en busca del desarrollo de las demandas sociales que exigen mayor presupuesto a sectores estratégicos de la economía nacional (para superar el período de crisis en ciernes), así como el cierre del Congreso golpista o incluso la necesidad de una asamblea popular constituyente que refunde la nación por fuera del marasmo neoliberal actual.

– Por supuesto que un panorama de movilización popular no estará exento de ser «aparateado» por un gobierno vapuleado por sus enemigos políticos. Es así que desde el Ejecutivo se buscó la injerencia abierta en la marcha de hoy, a través de sus operadores y voceros sociales. Esto con el objetivo de contrarrestar la polarización mediática contra la actual gestión de Castillo. Nuevamente se pretende extender una dicotomía beligerante desde las élites. La actual lucha de poderes (Ejecutivo – Legislativo) no tiene al pueblo como elemento central ni como bandera de combate, sino como chivo expiatorio o furgón de cola. Desde la oposición golpista y reaccionaria se busca llevar al país al borde del abismo (en materia sociopolítica e incluso económica) y desde el oficialismo entrampado se pretende dar un paso hacia adelante, en esa pésima dirección.

– El factor de la violencia que —una vez más— ha exacerbado la prensa corporativa como único arista a destacar en la movilización de hoy, es el largo guion que cumple el poder mediático como papel activo dentro de la agenda golpista. El tratamiento noticioso hoy fue diferente. No hablaron de «ciudadanos movilizados», ni de «pueblos indignados» frente al abuso o corrupción del poder de turno (como sí lo hicieron con los pasacalles de la ultraderecha), sino de agresiones contra ciertos periodistas de «medios democráticos». Nuevamente el monopolio de la violencia está en manos de quienes moldean la opinión pública y no hacen reparos en mostrar contenido sesgado con arbitrariedades evidentes.

– El Perú sigue inmerso en un período de crisis estructural. El país continúa sumido en una vorágine de incapacidad política y seguidismo neoliberal. Las disputas por cuotas o control absoluto del poder han desvanecido el interés inicial por reformas sociales en los que los sectores populares depositaron su confianza. Hoy tenemos a la misma élite ensimismada en no perder el botín, mientras el descontento general sigue creciendo y volviéndose caldo de cultivo de plataformas oportunistas que podrían ser mucho peor de lo que ya estamos padeciendo.

Fiscal de la nación: eco del plan golpista

La justicia, la democracia, el equilibrio de poderes y la lucha anticorrupción en el Perú son falacias gaseosas o conceptos utilitarios para presiones interesadas de uno u otro bando en disputa por el poder absoluto.

La reciente ola mediática nos dice que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, vuelve a arremeter con denuncias contra Pedro Castillo, sin aceptar que tal medida es parte de una infracción a la Constitución (delito de prevaricato al presentar una denuncia constitucional contra el presidente), apelando a un tratado internacional de las Naciones Unidas contra la corrupción.

No hay que ser constitucionalista para saber que la actual Constitución señala en su artículo 117 que “el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su periodo, por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”. Y esto, que sepamos, no se ha dado desde el Ejecutivo.

Es claro el desarrollo del plan golpista que aúna al Legislativo con ciertas salas fiscales con tinte político antes que judicial. Pareciera que es la primera vez que padecemos un gobierno nefasto, cuando la peste de la corrupción ha sido parte de los usos y costumbres de la historia republicana de nuestro país, sin excepciones. Sucede que ahora tenemos esta cacería de brujas con un agravante racista, oligarca y elitista. Incluso lo ideológico ya pasó a segundo plano, pues Castillo y compañía nunca fueron el «terror comunista» que nos dijeron.

Rafael López Aliaga y el faKtor naranja

La prensa corporativa insiste en repetir que, políticamente, tanto Perú Libre como Fuerza Popular han desaparecido del reciente mapa electoral, al no ganar ninguna alcaldía (de consideración) a nivel nacional. En el caso del partido del lápiz sería cierto (estrepitosa derrota) pero por el lado del partido fujimorista no sería tanto así.

Si bien en Lima, dos de sus representantes más conocidos (César Combina por San Isidro y Cecilia Chacón por San Borja) no alcanzaron el sillón municipal, esto no quiere decir que el fujimorato ha perdido protagonismo o que fue enterrado del todo. Basta ver la raíz política de dos de los hombres claves y cercanos al virtual alcalde Rafael López Aliaga (RLA) para darse cuenta de cómo va el asunto.

Por un lado está Julio Gagó, jefe de campaña y candidato a regidor por Renovación Popular (a quien se le habría pagado con fondos públicos cerca de medio millón de soles por «consultorías y coaching»). Recordemos que Gagó fue una figura mediática y recalcitrante del fujimorato (fue parlamentario por Fuerza 2011 para el período 2011-2016). Y también tenemos a Renzo Reggiardo (otrora secretario general del primer partido fujimorista: Cambio 90), quien va como teniente alcalde de RLA, y que también fue parlamentario (2006-2011) por Alianza para el Futuro (otro de los tantos membretes fujimoristas en las décadas recientes).

Y ni qué decir de las «coincidencias» ideológicas y programáticas entre Fuerza Popular y Renovación Popular: ultraderecha, asistencialismo populista, macartismo, anticomunismo, conservadurismo reaccionario, corporativismo mafioso y criminal, enriquecimiento ilícito y deudas con el Estado, agenda oscurantista y antiderechos, control férreo del aparato público, ultraliberalización económica, etc.

El fujimorato hoy es una fuerza extrapolítica (banda criminal) que sabe reciclarse, adaptarse, fagocitar y regurgir, infiltrarse y controlar, negociar y pactar, etc., con tal de no perder vigencia. Pueden no tener el gobierno, el municipio o el parlamento, pero jamás perderán el poder. ¿Alguien lo duda?

Hipocresía parlamentaria

Castillo empezó su discurso con referencias directas a los «sectores más conservadores que no quieren que el país cambie y que nunca reconocieron su legítima derrota electoral». Luego señaló el rol de la prensa y su papel desestabilizador y cómplice de las campañas golpistas.

Fue en ese contexto en que una tal Norma Yarrow (y otros esperpentos más de la ultraderecha) hacen un chillido de intolerancia para mostrar toda su ponzoña recalcitrante y reaccionaria. Y pretenden vendernos esto como «indignación democrática». A otro perro con ese hueso.

El fujimorato (junto a sus esbirros y mutaciones) nuevamente chillando desde el Parlamento y acusando de «corrupto» a Castillo al final de su discurso y exigiéndole su renuncia. O sea, los dueños absolutos de la corrupción en el Perú buscando desviar la atención hacia otro actor político. Los herederos y defensores del megacorrupto y exdictador que renunció miserablemente por fax, ahora se pintan de «democráticos y decentes»… ¡No jodan!

Y si Castillo es responsable de algún delito, pues que se pruebe y se sentencie luego de un debido proceso. Pero que esto no sirva de caldo de cultivo para intentonas golpistas y nueva entronización política de los oligarcas de siempre.

Foto: Infobae

Cantuta, 30 años después, no se olvida

Hace 30 años, un día como hoy, un profesor y nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta, fueron secuestrados y asesinados por el paramilitar Destacamento Colina, durante el régimen de Alberto Fujimori.

El 8 de julio de 1993, pedazos de restos calcinados, oliendo a combustible, fueron descubiertos en fosas de Cieneguilla y dos manojos de llaves, que pertenecieron a Juan Mariños Figueroa y Armando Amaro Condor; meses después, en octubre, en Huachipa, al este de Lima, el lugar donde fueron asesinados las diez víctimas, se encontró el cadáver de Luis Enrique Ortiz Perea. El único cadáver que dejaron los asesinos para convencer a sus familiares de la muerte injusta. La dictadura fujimorista con leyes de amnistía pretendió encubrir estos crímenes y borrar nuestra memoria en 1995. El olvido impuesto les duró mientras permanecieron en el poder.

El 2001, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos, declaraba sin efecto jurídico esta amnistía.

Han pasado 28 años de un largo camino recorrido exigiendo derechos; asumirlo, no ha sido una decisión fácil. Los familiares sostuvieron esta lucha con su dolor, lágrimas, dedicación y la calle como respuesta.

«A nuestros familiares los convirtieron de víctimas en ‘terroristas’ como adjetivo y responsabilidad de hechos que nunca cometieron, por los que nunca los investigaron o juzgaron, más bien, como un calificativo para justificar un crimen injusto, cuya responsabilidad directa es del Destacamento Colina, un escuadrón de la muerte que se formó al interior del Servicio de Inteligencia del Ejército, dentro de la propia estructura del Ejército, recibiendo órdenes directas de los generales que lo dirigían, de Vladimiro Montesinos, jefe real de inteligencia y de Alberto Fujimori, como jefe Supremo de la Fuerzas Armadas. Todas estas responsabilidades se han probado en procesos judiciales. Nosotros como familiares, nunca dudamos de las responsabilidades políticas de Fujimori y Montesinos porque solo así se explicaba la impunidad con la que actuó, en Lima y en todo el país, los asesinos del grupo Colina; las leyes de amnistía que dieron en 1995 para librarlos de la cárcel, las felicitaciones y ascensos aprobados en los años 90», sostienen en un comunicado.

En setiembre de 2007, la Corte Suprema Chilena decidió extraditar a Alberto Fujimori por algunas de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura, entre ellas, el crimen contra nuestros familiares. La justicia esperada durante 15 años y arrancada con plantones, movilizaciones, vigilias, denuncias; con gritos en las calles, lágrimas que marcaron nuestro rostro a través del tiempo y la solidaridad de muchas personas se hacía real, se convertía en algo posible.

Más de un año después de un largo juicio, el 7 de abril de 2009, la Sala Especial de la Corte Suprema presidida por César San Martín sentenció a Alberto Fujimori a 25 años de prisión por la responsabilidad como autor mediato en la comisión de los delitos de homicidio calificado y asesinato; y que constituyen crímenes contra la humanidad; demostrando que la voluntad de hacer justicia para las víctimas de esta violencia pasa por el profesionalismo, el respeto y el atrevimiento de los magistrados a asumir esta responsabilidad. Esta sentencia debe ser considerada como un documento clave para arreglar las cuentas con el pasado y afirmar el espacio democrático de verdad y justicia que el Perú necesita, pues hace constar, terminantemente, que los agraviados no eran terroristas. A inicios de 2010, la Corte Suprema ratificó esta condena, cerrando así largos años de impunidad.

Contra la pedofilia y sus encubridores

Se ha dado un nuevo caso de secuestro y violación contra una niña en Perú. Otra vez nos indignamos hasta la médula, maldecimos e insultamos al miserable Juan Antonio Enriquez García, quien perpetró este crimen (y a quien con justa razón desearíamos ajusticiar con nuestras propias manos). Nuevamente es noticia central por unos días. Volvemos a consternarnos y a buscar explicaciones del porqué de este caso. Y dentro de poco, esto volverá a ser parte de las crudas estadísticas que certifican que sí vivimos en un país de violadores, en un país pedófilo e inseguro. En breve será solo un caso más y listo.

Pero el problema es mucho mayor. Es urgente el combate frontal a todo viso de pedofilia, venga de donde venga. Es imprescindible la visibilización del factor misógino que posibilita una violación y luego lo normaliza con excusas criminales («ella lo provocó», «no debió caminar sola», «su mamá no la cuidó», «aparentaba de más edad», «no debió vestirse así», «no me di cuenta de lo que hacía», etc.). Es impostergable la denuncia a toda red visible o encubierta de trata de niños y niñas, así como a los malnacidos que venden y consumen material pedófilo, y a las instituciones públicas (comisarías, Poder Judicial, etc.) que muestran indiferencia ante denuncias como estas o incluso revictimizan a la agredidas con «argumentos» absurdos.

Y dejemos de pensar que un violador es un simple monstruo que podría vivir lejos de nosotros y nosotras, que es un ser extraño que aparece con cierta periodicidad, que es un simple enfermo que necesita comprensión… Un violador es un ser pensante y consciente de su vileza. Un violador puede ser un taxista, un vecino, el hermano o el propio padre, un primo o el tío, el cura o el profesor, un colega del trabajo o un compañero militante

La verdadera protesta social

Para hoy se está gestando una verdadera movilización popular que pondrá a prueba, nuevamente, al Gobierno. Se ha articulado una respuesta desde los principales gremios sindicales, agrarios y populares a nivel nacional. Desde muy temprano se están viendo protestas y marchas en Iquitos, Arequipa, Cusco, etc. Esta vez es la propia clase trabajadora que sale a manifestarse, lejos del aparatismo hipócrita e interesado de la derecha (como vimos el martes último).

Hoy se deberán levantar las justas demandas sociales: rechazo al golpismo de la derecha, cambio de constitución y asamblea popular constituyente, fin a los monopolios y especulaciones en los precios de los alimentos (Grupo Gloria, Grupo Alicorp, etc.), ratificación en la rebaja del combustible, atención a los compromisos y pliegos de reclamos laborales, atención a la problemática de la agroindustria, solución a los conflictos socioambientales derivados de la minería, sanción y expulsión de transnacionales criminales como Repsol, etc.

El movimiento popular en general y la clase obrera en particular, hoy deben volver a disputar la calle a la derecha que buscó hegemonizar el descontento colectivo. Deberá plantearse una dinámica de lucha en cuanto a tensión y exigencia para que el Gobierno asuma las demandas sociales antes de perecer a manos del golpismo rampante.

Es menester gestar un espiral de lucha desde abajo y a la izquierda para resistir la embestida reaccionaria (gran empresariado, derecha parlamentaria, fascismo provocador, infiltración lumpenesca, etc.) y para rebasar incluso cualquier limitante institucional. No se trata de defender o sostener a un Ejecutivo que se dispara a los pies y juega en pared con la oposición, sino de exigir una salida realmente popular a la crisis socioeconómica que seguimos padeciendo.