Rafael López Aliaga acaba de asumir como nuevo alcalde de Lima Metropolitana y ya hace sentir su mano reaccionaria. Desde el primer día de enero, la Municipalidad de Lima cesó a 500 trabajadores CAS indefinido (en los próximos días se multiplicaría este número), de los cuales la mayoría ingresó a trabajar en la gestión municipal anterior.
Ayer lunes 2, cuando varios de los trabajadores fueron a laborar, los agentes de seguridad de la entidad edil —los cuales no se identificaron— les impidieron ingresar y les solicitaron que revisen si aún se encontraban contratados. Si ese no era el caso, se les entregaba una carta con el siguiente asunto: “finalización de vínculo contractual de carácter temporal”.
Por tal motivo, los 500 trabajadores formaron largas filas en las sedes de la MML, y se dieron con la sorpresa de que habían sido despedidos sin previo aviso y en un día no laboral. Además, los agraviados indicaron que aquellos que mantuvieron sus empleos intactos, fueron, en gran parte, personas que trabajaban desde la gestión de Luis Castañeda (exsocio de López Aliaga), mientras que quienes ingresaron en la administración de Jorge Muñoz fueron removidos este 2023.
Y esto se da, además, en medio del arbitrio desalojo policial que se efectuó contra los manifestantes (campesinos y comuneros) que pernoctaban en la Plaza Manco Capac (con detenciones de por medio), quienes llegaron a Lima para sumarse a la ola de protestas contra el ilegítimo régimen de Dina Boluarte.
Es decir, tenemos un Ejecutivo que juega en pared con el Legislativo, y ahora se suma un gobierno municipal que fortalecerá un triunvirato ultraderechista y antipopular. Se nos vienen negras tormentas.