El 3 de octubre del 2021, el Presidente de la República anunció la Segunda Reforma Agraria. Así, mediante Decreto Supremo, se aprobaron 4 lineamientos con el objetivo de “incrementar, de manera sostenible, los ingresos y calidad de vida de los productores de la agricultura familiar, cooperativa, comunera y empresarial”. De esta forma, se dio a conocer la disposición del Gobierno para trabajar a través de acciones articuladas, con enfoque territorial y multisectorial.
Se generó mucha expectativa. No era para menos. Se presentó un plan de acción bastante ambicioso: implementar una nueva forma de gobierno para el mundo rural, impulsar mejores mercados para la agricultura familiar y la seguridad alimentaria, impulsar la industrialización del agro y la transformación productiva del campo, y generar seguridad hídrica e incrementar el desarrollo de infraestructura de riego de manera planificada.
Hoy tenemos otro escenario, la expectativa generada se transformó en descontento general. Hay crisis económica, crisis productiva y crisis alimentaria y el sector agrario, específicamente, la agricultura familiar, actividad que representa más del 90% de la actividad agraria, está en emergencia. Se anunció que, con la Segunda Reforma Agraria, se iba a impulsar la seguridad alimentaria; sin embargo, el escenario actual nos evidencia que la situación del sector alimentario está en crisis, generando mayor desigualdad e inseguridad.
Para empezar, el 70% de los fertilizantes que se utiliza en la actividad agropecuaria es materia importada de un solo proveedor (Rusia), situación que coloca al Perú en una situación de dependencia extrema y peligrosa. Por ello, desde hace un mes, se vienen organizando movilizaciones y convocando al paro de actividades tanto en el sector agrario como en el sector de transportes: por el contexto actual, el precio de los fertilizantes ha subido a tal nivel que, en estos momentos, el Perú está enfrentando un déficit de 180.000 toneladas métricas de urea, fertilizante clave para la producción de alimentos básicos, como el arroz, la papa y el maíz.
Sobre ello, Eduardo Zegarra, economista agrario e investigador de GRADE, afirma que, si el Gobierno no encuentra una rápida solución con respecto a la compra de fertilizantes, la producción de los alimentos básicos podría caer hasta en un 40% afectando a la temporada agrícola y, de manera directa, a la agricultura familiar, actividad que, en su mayoría, se encuentra en una situación de subsistencia.
Ser un país dependiente del mercado internacional de alimentos y fertilizantes nos coloca en una situación muy difícil. En ese sentido, según Carolina Trivelli, ex ministra del MIDIS, el Perú está importando problemas del contexto internacional, como son los altos precios de alimentos, de fertilizantes y de combustible. Sin embargo, la forma en la que estos problemas están impactando a nivel interno sí es un problema de gestión nacional. Clarísimo: a nivel nacional, la inseguridad alimentaria es un problema que impacta de manera desigual. Tal como lo afirma Fernando Eguren, director de La Revista Agraria, a medida que los alimentos suban de precio, los sectores de menores ingresos se verán obligados a comer menos o a comer alimentos más baratos y menos nutritivos.
Somos un país cuya agricultura y alimentación depende muchísimo de las importaciones y del mercado internacional. Sin soberanía alimentaria, no puede haber seguridad, no puede haber justicia ni puede haber equidad. Hace seis meses nos prometieron una Segunda Reforma Agraria. Hoy, estamos en un escenario en el que el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad es privilegio para un grupo muy reducido de familias. El descontento general que hoy se expresa a nivel nacional surge del hambre, de la incertidumbre y de la necesidad: el pueblo está exigiendo a gritos, ¿el gobierno es capaz de escuchar?