En estos momentos, estamos viviendo el momento democrático más largo de la historia. Todos nosotros somos parte de un momento nunca antes visto en nuestra vida republicana: tenemos 20 años de elecciones libres y abiertas, las cuales se vienen desarrollando dentro de los plazos establecidos y de manera ininterrumpida.
En este periodo, hemos tenido gobiernos que han sido muy cuestionados. Incluso, gobiernos que terminaron su periodo dejando muchísima desconfianza. Sin embargo, ni en nuestro momento más crítico, como lo fue el 2016, no se dio ni el mínimo espacio para medidas anti democráticas. No hubo opción para fomentar un golpe de Estado o para que se conforme una Junta Militar. Hasta en el momento más difícil, se logró mantener cierto sentido de institucionalidad.
Hay que reconocerlo. Este hito colectivo está logrando mantener cierta estabilidad en medio de coyunturas de mucha inestabilidad. Y es importante reconocerlo porque generar estabilidad electoral es apostar y reforzar nuestra propia cultura democrática. Por ello, veo con mucha preocupación la actitud tan autoritaria que viene desplegando un conjunto de organizaciones dentro de nuestro Congreso de la República.
¿Qué ha pasado?
Como sabemos, en diciembre del 2021, se publicó el cronograma electoral mediante el cual se estableció todo el programa de actividades que han realizarse para organizar y ejecutar lo que vendrían a ser las elecciones regionales y municipales.
Pues bien, todo empezó a principios de marzo, cuando el Congreso aprobó la ley 31437, con el fin de modificar la ley de organizaciones políticas y, con ello, eliminar el requisito del mínimo de listas regionales y provinciales que toda organización debe cumplir si desea mantener su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es más, por si fuera poco, el 24 de mayo, el Congreso aprobó la ley 31481, con el fin establecer nuevas fechas de inscripción de candidatos y de elecciones internas, a pesar que ambos plazos ya estaban vencidos, según cronograma.
Para remate, en ambos casos, estas leyes no solo quieren disponer y modificar a su antojo las reglas de un proceso que ya se encuentra en curso, sino que, además, tienen la explícita intención de suspender la aplicación de todo lo que se ha dispuesto por las normas y leyes electorales hasta el día de hoy.
¿Por qué tanta desesperación?
Ante el riesgo de perder su inscripción y previendo que la ley de organizaciones políticas les pondría una valla muy alta ante su poca capacidad de organización y representación, el nuevo bloque liderado por Malcricarmen Maricarmen Alva, las bancadas de Acción Popular, Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza por el Progreso han visto por conveniente dejar de lado sus aparentes diferencias ideológicas por un fin mayor: proteger sus propios intereses. Acá ya no estamos entre derechas – izquierdas o entre oposición – oficialismo. Hoy, somos testigos de que cuando el negocio personal está en riesgo lo que va a primar será la lógica de hacer todo lo que se deba hacer para no perder cuota de poder.
Para ellos, no importa la voluntad popular, no importa la institucionalidad del Estado, no importa la estabilidad ni las garantías democráticas; estas organizaciones solo saben actuar bajo la imposición del más fuerte Nada más autoritario, nada más anti popular.
Se caen las caretas
Durante meses, las élites políticas han venido acusando a nuestro gobierno elegido democráticamente, de autoritario, de inconstitucional, de fraudulento y de ilegítimo. No me mal entiendan, hay mucho por cuestionar y por exigir al Ejecutivo, el gobierno no está dirigiendo bien, pero, hasta la fecha, quienes, finalmente, están rompiendo toda normativa, hostigando a los órganos electorales autónomos, amenazando con denuncias penales y constitucionales, buscando eliminar todo el avance producto de las reformas electorales, y generando falsos conflictos son, justamente, aquellos que dicen llamarse defensores de la democracia pero que, en la práctica, sin ningún sentido de responsabilidad ni respeto por el cargo de representación, buscan imponer sus conveniencias de manera autoritaria.
No perdamos el enfoque. Todas estas acciones descritas en la presente columna no son casos aislados: esta contrarreforma electoral se suma a la contrarreforma educativa y la contrarreforma laboral que viene impulsando un Congreso que, claramente, se ha posicionado contra la población popular, contra los estudiantes, contra los trabajadores y contra la democracia. Lo que están haciendo es abuso de poder y ello no se lo podemos permitir.