Opinión

Así empieza López Aliaga

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Rafael López Aliaga acaba de asumir como nuevo alcalde de Lima Metropolitana y ya hace sentir su mano reaccionaria. Desde el primer día de enero, la Municipalidad de Lima cesó a 500 trabajadores CAS indefinido (en los próximos días se multiplicaría este número), de los cuales la mayoría ingresó a trabajar en la gestión municipal anterior.

Ayer lunes 2, cuando varios de los trabajadores fueron a laborar, los agentes de seguridad de la entidad edil —los cuales no se identificaron— les impidieron ingresar y les solicitaron que revisen si aún se encontraban contratados. Si ese no era el caso, se les entregaba una carta con el siguiente asunto: “finalización de vínculo contractual de carácter temporal”.

Por tal motivo, los 500 trabajadores formaron largas filas en las sedes de la MML, y se dieron con la sorpresa de que habían sido despedidos sin previo aviso y en un día no laboral. Además, los agraviados indicaron que aquellos que mantuvieron sus empleos intactos, fueron, en gran parte, personas que trabajaban desde la gestión de Luis Castañeda (exsocio de López Aliaga), mientras que quienes ingresaron en la administración de Jorge Muñoz fueron removidos este 2023.

Y esto se da, además, en medio del arbitrio desalojo policial que se efectuó contra los manifestantes (campesinos y comuneros) que pernoctaban en la Plaza Manco Capac (con detenciones de por medio), quienes llegaron a Lima para sumarse a la ola de protestas contra el ilegítimo régimen de Dina Boluarte.

Es decir, tenemos un Ejecutivo que juega en pared con el Legislativo, y ahora se suma un gobierno municipal que fortalecerá un triunvirato ultraderechista y antipopular. Se nos vienen negras tormentas.

Nos siguen pegando abajo

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Cómo empezó

Para comprender lo que está pasando en el Perú, hay que regresar unos meses atrás, hacia las campañas electorales del 2021. Durante estas campañas, las encuestadoras de la capital, sus analistas, académicos y la concentración de medios se esforzaron en limitar el debate y la información coyuntural alrededor de un reducido grupo de candidaturas, aquellas que eran reconocidas solo por los grupos hegemónicos: ninguno atinó la mirada hacia lo que se estaba gestando fuera de su radar.

Por ello, cuando el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ganó en primera vuelta, hubo desconcierto y sorpresa frente a este aparente desconocido; outsider, le llamaron, un golpe de suerte, se escuchó por ahí. Sin embargo, luego de publicarse los resultados de segunda vuelta, cuando el candidato desconocido ganó las elecciones contra la hija del dictador, Keiko Fujimori, los desconciertos y sorpresas se transformaron en racismo y odio de clase.

De manera pública, la oposición política, liderada por Keiko Fujimori, hostigaron a los jefes de los organismos electorales con el objetivo de que no se reconozcan los votos a favor de Castillo, votos que, dicho sea de paso, provenían, en su gran mayoría, del Centro y Sur del país, las zonas territoriales con profundos e históricos problemas de pobreza, desigualdad y desnutrición. A pesar de ello, los votos emitidos sí fueron reconocidos, Pedro Castillo logró juramentar como Presidente Constitucional del Perú y, con ello, se aperturó uno de los episodios más tensos de la vida política del país.

Ejecutivo y Legislativo. Dos enemigos frontales

Por las características del sistema de representación, los últimos presidentes del Perú no lograron alcanzar la mayoría en el Legislativo, por lo que tuvieron que aprender a maniobrar políticamente con la representación nacional. Así, el Ejecutivo y Legislativo debían ceder en sus intereses para poder generar cierta gobernabilidad.

Sin embargo, desde el 2016, con la bancada fujimorista como mayoría absoluta, la derecha política se pudo dar cuenta de dos cuestiones: primero, que el Presidente necesitaba del Legislativo para generar cierta estabilidad y, segundo, que el Congreso debía concentrar la mayor cantidad de poder a su favor, resquebrajando, así, la noción mínima de separación y estabilidad entre los tres poderes del Estado.

En ese escenario, el gobierno de Castillo y el Congreso de la República generaron enfrentamientos directos desde el primer día: las Mesas Directivas del Congreso impulsaron la agenda de la vacancia presidencial, sin contemplar el reglamento del Congreso ni lo estipulado en la Constitución; se mal utilizaron los recursos de control político, tales como la cuestión de confianza, y la interpelación y censura de ministros, transformándolos en herramientas de amenaza y hostigamiento; todas las reformas propuestas desde el Ejecutivo, tales como la Reforma Agraria, la Reforma Educativa, la Reforma Fiscal, etc., fueron bloqueadas o, peor aún, ni puestas en la agenda parlamentaria; finalmente, las tres ocasiones en las que el Premier de ese entonces, Aníbal Torres, asistió a la Comisión de Constitución y al Pleno del Congreso para que se incluya un artículo en la Constitución que permita la Asamblea Constituyente, tanto la Comisión como el Pleno se lo negaron.

En contraste, durante el año y medio de legislación, desde las distintas comisiones del Congreso y con el respaldo del Pleno, se lograron modificar más de 50 artículos de la Constitución además de retroceder sobre los avances alcanzados en materia educación, salud, derechos de las poblaciones indígenas y medio ambiente.

Es indudable que el gobierno del presidente Castillo se caracterizó por su inestabilidad e inacción: en 495 días se cambiaron 78 ministros y se conformaron hasta 5 gabinetes ministeriales; sin embargo, es pertinente considerar que la estabilidad y capacidad de gobernanza en cualquier país es resultado de una relación. Si el Ejecutivo presentó inacción y poca capacidad de gobierno ello también fue resultado de una tensión permanente con el Legislativo.

Control político, denuncias de corrupción y hostigamiento

A comienzos del 2022, se empezaron a abrir una serie de investigaciones preliminares contra el Presidente y su entorno familiar por presuntos actos de corrupción. Estas investigaciones se basaban en los testimonios de colaboradores eficaces, más no en evidencias suficientes que puedan sostener las aparentes denuncias.

Sin embargo, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señalada como parte de la red de los Cuellos Blancos, organización internacional de narcotráfico y tráfico de influencias, lideró las investigaciones contra el Presidente, con la protección del Congreso de la República.

Por lo establecido en la Constitución, un Presidente no podría ser procesado mientras esté en funciones, por lo que la Fiscal, al no encontrar mayor prueba que pueda sostener sus investigaciones preliminares, acudió al Congreso para que este resuelva la situación del Presidente; en otras palabras, para que puedan impulsar una vacancia presidencial.

Después de dos intentos fallidos de vacancia, la tercera estaba prevista para debate y votación los primeros días de diciembre del 2022, bajo los supuestos de que el Presidente de la República estaría liderando una organización criminal, tráfico de influencias y hostigamiento a las fuerzas policiales y fuerzas armadas. Mientras, ya se había aprobado en Comisión de Constitución, una moción de Suspensión presidencial; esto es, suspender las funciones del Presidente por un periodo de 36 meses.

La Caja de Pandora

Por acuerdo, el Congreso estableció que el debate y votación de la tercera moción de vacancia presidencial se realice el 07 de diciembre, a las 3pm. Según fuentes del Congreso, este nuevo intento de vacancia tampoco habría conseguido los votos mínimos suficientes; sin embargo, alrededor del mediodía, el Presidente anunció una medida inconstitucional: disolución del Congreso, el establecimiento de un gobierno de excepción y la reorganización del Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional. Esta medida, obligó a que el Congreso adelante la sesión del Pleno bajo un único punto de agenda: la votación de una nueva solicitud de vacancia presidencial; esta vez, por incapacidad moral.

Sin considerar su propio Reglamento ni lo estipulado en la Constitución, el Congreso aprobó la vacancia por incapacidad moral con 101 votos. Mientras ello sucedía, los medios de comunicación anunciaban que Pedro Castillo habría huido por la puerta trasera del Palacio de Gobierno y detenido por el cuerpo policial en la Av. Garcilaso de la Vega; detención que, dicho sea de paso, no contaba con ninguna orden judicial, ni fiscal.

Mientras se trasladaba a Pedro Castillo y a su abogado, el ex Premier, Aníbal Torres, a la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DIROES), en el Congreso ya estaban llamando a que se apersone la próxima Presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien, hasta horas antes, era la Vicepresidenta de Pedro Castillo y quien, hasta hace tres días antes, el Congreso le habría retirado las acusaciones constitucionales que este mismo le habría interpuesto. Así, el Perú tuvo una nueva Presidenta y un ex presidente que estaba siendo acusado de liderar una organización criminal por la cuestionada Fiscal de la Nación, quien, además, seguía sin contar con pruebas suficientes.

La Caja de Pandora II: un gabinete de temer, suspensión de los debidos procesos, Estado de Emergencia y abuso de autoridad

Desde que juramentó el Gabinete Boluarte, las sospechas colectivas se manifestaron rápidamente: según investigaciones periodísticas, el Premier es señalado como parte de los vínculos que tendrían los Cuellos Blancos dentro del Poder Judicial; el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, es un conocido operador político de Chim Pum Callao, organización política también vinculada a los Cuellos Blancos y a las denuncias de corrupción y tráfico de influencias en el caso Odebrecht; la Ministra de Vivienda, también es una conocida operadora política de Odebrecht y de Graña y Montero, mega empresa constructora que administra tres peajes a nivel nacional (en la sierra de Piura, en la Línea 1 del tren eléctrico y en la carretera inter oceánica); y la Ministra de Transportes, accionista de Graña y Montero.

Además de ello, es necesario considerar que varios abogados constitucionalistas han informado que las decisiones que están tomando en el Congreso de la República y en el Poder Judicial estarían siendo llevadas a cabo sin el debido proceso. Estas informaciones se dieron a conocer luego de que el Congreso le haya retirado la inmunidad presidencial a Castillo, sin votación previa, sin considerar el Reglamento Legislativo, y cuatro días después de que Castillo haya sido detenido y llevado a la DIROES. Además de ello, ha resultado un escándalo el hecho de que, horas antes de vencer los siete días de prisión preventiva contra Castillo, la Fiscalía de la Nación solicitó 18 meses más; solicitud que fue resuelta a favor de la Fiscalía y sin la presencia de los abogados del ex presidente.

Frente a todas estas situaciones, desde el 10 de diciembre se vienen desplegando diversas columnas de manifestantes al interior del país, sobre todo en las zonas Centro y Sur, los mismos territorios que votaron por el profesor Pedro Castillo. Estas columnas tienen cinco puntos de reclamos: liberación de Castillo, Asamblea Constituyente, Nueva Constitución, cierre del Congreso y adelanto de elecciones generales.

La respuesta del nuevo gobierno y del actual Congreso es lamentable. Se sostiene un relato parejo para justificar la criminalización de la protesta, se insiste en adjetivar de terroristas, azuzadores y delincuentes a los compatriotas del interior del país, se ha declarado Estado de Emergencia Nacional y toque de queda en 15 regiones del país y los organismos y movimientos de derechos humanos están denunciando abuso policial, torturas físicas y psicológicas contra las personas detenidas, violación domiciliaria y rapto de familias: al inicio de esta pequeña crónica se estaba contabilizando 18 fallecidos a nivel nacional. Ahora, horas después, la cifra ha subido a 24 fallecidos.

La incertidumbre crece

Debo expresar mi profunda preocupación y tristeza por los acontecimientos que están sucediendo en mi país. Las organizaciones y movimientos sociales tienen claridad en sus reclamos, pero el Congreso todavía no logra resolver sobre las demandas de adelanto de elecciones y nueva Constitución. Sumado a ello, hasta el cierre de esta redacción, ya han renunciado los Ministros de Educación y Cultura y la presión a favor de la renuncia de Dina Boluarte crece a cada minuto.

Aún no podría terminar de informarles sobre lo que viene sucediendo en este lado de Latinoamérica, dado que recién estamos llegando hacia el nudo del problema, pero si debo cerrar con esta redacción será con la esperanza de que se pueda hacer eco de la complejidad de la situación y que, a pesar de que el Gobierno y el Congreso se han esmerado en tildar de ignorantes a los movimientos sociales e indígenas, la verdad es que los únicos ignorantes resultaron ser ellos, la clase política.

Solo el pueblo ayuda al pueblo

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«Solo el pueblo ayuda al pueblo», dice un adagio de lucha social. Y es verdad. Aquí tenemos a las comunidades campesinas de Cusco compartiendo la comida y llenando la Plaza de Armas como parte de las medidas de lucha que se está viviendo aquí y en todo el país.

Desde la reaccionaria Lima y sus medios de prensa corporativos, desde el Ejecutivo y el Legislativo antipopulares, desde las élites empresariales; dicen que aquí hay «terroristas» y «vándalos», dicen que aquí hay «delincuentes violentistas» y «gente pagada»… ¡No! Aquí hay un pueblo digno que entiende que no pueden seguir siendo postergados.

Todo proceso de lucha tiene reveses, tiene complejidades y particularidades. Nada es lineal ni en blanco y negro. Toda lectura política debe estar lejos de idealismos o abstracciones románticas, pero también debe comprender las expresiones culturales de los pueblos en combate. Desde Cusco sacamos muchas lecciones para seguir quebrando el orden establecido y así mantener la apuesta por un futuro diferente.

Foto: Ninoska M.

Escenario de retroceso histórico

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El trasfondo del actual escenario político en Perú, es mucho más complejo de lo que parece. Al menos no es cierta la narrativa del poder mediático que se encargó de mostrarnos una realidad moldeada bajo sus caprichos y necesidades. Se generalizó la idea de que el gobierno de Castillo era corrupto por naturaleza y que era insostenible cualquier cosa que intentara hacer (como si la corrupción gobiernista nunca antes existió en el Perú). Se le encasilló en una figura diseñada a la conveniencia de sus opositores y se le desdibujó desde el inicio.

No decimos que la gestión de Castillo fuera inmaculada y que había que cerrar filas a su alrededor. Desde el inicio advertimos las serias limitaciones de un personaje y un proyecto carente de médula ideológica y/o norte claro. Siempre supimos que Castillo era un factor aleatorio y extraño en política (pese a su efímero pasado como «dirigente sindical»). Era previsible un mayor descalabro a partir de la carencia de un programa de transformación constructiva. No fue el estadista o el cuadro carismático que configurara un arrastre popular con respaldo militante. No fue la expresión de una izquierda con acumulación de experiencia o con talante rupturista.

Pero desde siempre dijimos que con todas sus limitaciones y yerros, era la incipiente posibilidad de algún tipo de quiebre institucional en un país gobernado históricamente por la oligarquía y su partidocracia adicta a las repartijas y el elitismo centralista. Y, por tanto, era menester analizarlo y afrontarlo desde una lectura de clase, desde una óptica popular, desde abajo y a la izquierda. Esto significaba que jamás se podía repetir la monserga ultraderechista que desde el rancio anticomunismo buscaba atacarle bajo premisas no democráticas, sino golpistas y reaccionarias.

Para la formalidad del establishment criollo, Castillo venía a representar todo lo contrario a su normalidad burguesa. Aquí observamos un enfoque ya no solamente ideológico (político-económico), sino un desprecio racista hacia la «otredad». El discurso macartista pronto se quedó sin piso cuando se escuchaba y veía al expresidente rodeado de gabinetes ministeriales o asesores políticos claramente identificados con la derecha. Desde el Ejecutivo no hubo voluntad para cuestionar el modelo económico y se optó por el continuismo neoliberal para calmar a la élite empresarial. Entonces, el meollo incluyó el racismo como expresión sociocultural que se enraizó desde la colonia y se profundizó durante la república.

Ahora estamos frente a un escenario de retroceso histórico, de derrota política. No por Castillo, en tanto persona o figura, sino por el impacto cultural que esto denota en un corto y mediano plazo. La ultraderecha ha buscado vencer a su enemigo ya no con las armas del debate ideológico ni con la polarización de las calles movilizadas, sino con la imposición de un imaginario colectivo donde izquierda sea sinónimo de corrupción e incapacidad de gestión pública. Y a esa victoria parcial del enemigo de clase, han contribuido firmemente elementos o partidos autodefinidos como «del pueblo» o con «sensibilidad social».

Foto: Caretas

Crónica de una vacancia anunciada

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Todo va saliendo según el plan diseñado por la ultraderecha. El Ejecutivo nunca tuvo un plan de respuesta, he ahí la diferencia.

Lo que está viviendo el Perú en este momento es el colapso de un proyecto que nació muerto. Se tuvo la oportunidad histórica de generar un quiebre en la institucionalidad política del país y no solo se desperdició sino que se ayudó a petardearlo al compás de la agenda golpista de la reacción.

Y en medio del caos y la incertidumbre, ya salen los sectores de la socialdemocracia y el liberalismo «democrático» a secundar las chillidos de la derecha. Aquí no se trata de defender lo indefendible (un gobierno continuista y neoliberal como el de Castillo) sino de tener mejor lectura política y saber jugar en el tablero de ajedrez de este proceso. Hoy se le entregó el país, en bandeja de plata, a la oligarquía de siempre. Y de eso no se retorna, lamentablemente.

Mientras que mucha gente bromea con eso de que Dina Boluarte será o ya es la primera presidenta del Perú (algo que nunca lograron Keiko Fujimori, Lourdes Flores o Mercedes Aráoz), lo cierto es que estamos ante una nueva marioneta de la ultraderecha.

Ella «gobernará» el plazo breve que los dueños del país lo permitan, ella hará lo que el amo empresarial diga, ella cumplirá «democráticamente» la agenda reaccionaria de la oposición hasta que llame a nuevas elecciones generales donde, una vez más, será la oligarquía y su partidocracia quien gane y tome el poder absoluto en el país.

CASTILLO DISUELVE EL PARLAMENTO

Pedro Castillo, mediante un mensaje a la Nación, anunció la DISOLUCIÓN del Congreso de la República, además de la reorganización de la Fiscalía y el Poder Judicial, la convocatoria a elecciones parlamentarias y el toque de queda a partir de hoy.

Al instante, el comandante general del Ejército, general EP Walter Córdova Alemán, presentó su carta de renuncia al cargo y su solicitud de pase al retiro, al ministro de Defensa, Gustavo Bobbio. Se han sumado en las renuncias ya hasta tres ministros bajo argumentos «principistas» y «democráticos».

Si la crisis nacional estaba muy crispada, ahora se vienen tiempos de extrema convulsión. La ultraderecha se relame las fauces, ahora los golpistas llaman «golpista y dictador» a Castillo. La calle deberá responder con urgencia. Pero no hay bases populares que respalden a este gobierno que se ha puesto de espaldas a sus propios votantes.

De momento todo está servido para que la ultraderecha vuelva a tomar el control absoluto del país. Empieza el festival de renuncias ministeriales (y de otros cargos públicos cercanos a Castillo). Bajo argumentos «democráticos» (falacia política en clave oportunista) ya son varios los que están abandonando el barco gobiernista. Esto seguirá creciendo bajo la premisa de salvar sus propios cuellos y bolsillos.

Castillo buscó adelantarse a la vacancia inminente que le tenía preparado el Congreso. Pero de momento todo indica que ha sido una jugada torpe. Ha disuelto el Legislativo sin argumento constitucional aparente. Ahora vendrán interpretaciones juristas pero el poder mediático está trabajando en dejar claro que Castillo es «dictador, usurpador y corrupto».

Castillo les ha dado mayores argumentos a sus enemigos políticos para aplastarle a los ojos impávidos de un país que sigue en la incertidumbre político-social. La ultraderecha usará y abusará de este episodio para enterrar cualquier posibilidad de cambio desde la izquierda. El impacto histórico a mediano y largo plazo será terrible

Cuestión de confianza y pugna de poderes

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Un botón más de muestra de la pugna de poderes (Ejecutivo vs Legislativo) en Perú. Ahora, el primer Ministro, Aníbal Torres, pide cuestión de confianza al Parlamento para la derogatoria de la Ley 31399 (aprobada en enero y que reafirma que toda iniciativa de reforma constitucional que se someta a referéndum debe pasar previamente por el Congreso), dejando en shock al bando golpista en ese recinto político.

Y al instante, los esbirros de la prensa corporativa entrevistan a voceros de la (ultra)derecha para decir que tal pedido de confianza es una simple, aunque astuta, jugada de Castillo para contrarrestar el ataque de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que admitió la denuncia de la Fiscal de la Nación (que pinta como inconstitucional). Desde la oposición dicen que el ministro Torres incurre en un «imposible jurídico» y que el Ejecutivo está iniciando el proceso de cierre del Congreso.

Luego, estos mismos noticieros reaccionarios hablan de un «afán de golpe de Estado» por parte de Castillo (y lo comparan, por enésima vez, con Hugo Chávez y Evo Morales) para «usar el referéndum y perpetuarse en el poder». Esto es cinismo puro y duro, sabiendo que es más que evidente la agenda golpista de la ultraderecha peruana (Congreso, prensa, Fiscalía de la Nación, empresariado, etc.) para retomar el poder del Estado y el control absoluto del país (que lo tuvieron desde los inicios de la república).

El trasfondo inmediato de la oligarquía peruana es cortar cualquier posibilidad de avance social hacia una ruta que desemboque en una Asamblea Constituyente. Y el enfoque a mediano plazo es la desarticulación a cualquier nuevo intento de reagrupamiento popular desde la izquierda para quebrar el rumbo de la historia nacional. Y el gobierno en ese sentido contribuye, directa o indirectamente, con quienes cree que son sus enemigos políticos.

Foto: Huaral.pe

Apuntes sobre la reciente «Toma de Lima»

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Sobre la movilización de hoy, denominada «La toma de Lima», habría que comentar que:

– A diferencia de las marchas o pasacalles organizadas por la (ultra)derecha, hoy sí se vio a sectores populares articulados en torno a pliegos de reclamos de carácter urgente. Se movilizaron gremios sindicales, federaciones obreras, frentes regionales, comités vecinales, asambleas campesinas, coordinadoras estudiantiles, etc. Aunque mezclados con sectores variopintos y «peculiares» (reservistas, antivacunas, etc.), se pudo sentir un conglomerado que salió más allá de una simple defensa irrestricta del gobierno (como señala la prensa) buscando tensar el momento en busca del desarrollo de las demandas sociales que exigen mayor presupuesto a sectores estratégicos de la economía nacional (para superar el período de crisis en ciernes), así como el cierre del Congreso golpista o incluso la necesidad de una asamblea popular constituyente que refunde la nación por fuera del marasmo neoliberal actual.

– Por supuesto que un panorama de movilización popular no estará exento de ser «aparateado» por un gobierno vapuleado por sus enemigos políticos. Es así que desde el Ejecutivo se buscó la injerencia abierta en la marcha de hoy, a través de sus operadores y voceros sociales. Esto con el objetivo de contrarrestar la polarización mediática contra la actual gestión de Castillo. Nuevamente se pretende extender una dicotomía beligerante desde las élites. La actual lucha de poderes (Ejecutivo – Legislativo) no tiene al pueblo como elemento central ni como bandera de combate, sino como chivo expiatorio o furgón de cola. Desde la oposición golpista y reaccionaria se busca llevar al país al borde del abismo (en materia sociopolítica e incluso económica) y desde el oficialismo entrampado se pretende dar un paso hacia adelante, en esa pésima dirección.

– El factor de la violencia que —una vez más— ha exacerbado la prensa corporativa como único arista a destacar en la movilización de hoy, es el largo guion que cumple el poder mediático como papel activo dentro de la agenda golpista. El tratamiento noticioso hoy fue diferente. No hablaron de «ciudadanos movilizados», ni de «pueblos indignados» frente al abuso o corrupción del poder de turno (como sí lo hicieron con los pasacalles de la ultraderecha), sino de agresiones contra ciertos periodistas de «medios democráticos». Nuevamente el monopolio de la violencia está en manos de quienes moldean la opinión pública y no hacen reparos en mostrar contenido sesgado con arbitrariedades evidentes.

– El Perú sigue inmerso en un período de crisis estructural. El país continúa sumido en una vorágine de incapacidad política y seguidismo neoliberal. Las disputas por cuotas o control absoluto del poder han desvanecido el interés inicial por reformas sociales en los que los sectores populares depositaron su confianza. Hoy tenemos a la misma élite ensimismada en no perder el botín, mientras el descontento general sigue creciendo y volviéndose caldo de cultivo de plataformas oportunistas que podrían ser mucho peor de lo que ya estamos padeciendo.

Fiscal de la nación: eco del plan golpista

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La justicia, la democracia, el equilibrio de poderes y la lucha anticorrupción en el Perú son falacias gaseosas o conceptos utilitarios para presiones interesadas de uno u otro bando en disputa por el poder absoluto.

La reciente ola mediática nos dice que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, vuelve a arremeter con denuncias contra Pedro Castillo, sin aceptar que tal medida es parte de una infracción a la Constitución (delito de prevaricato al presentar una denuncia constitucional contra el presidente), apelando a un tratado internacional de las Naciones Unidas contra la corrupción.

No hay que ser constitucionalista para saber que la actual Constitución señala en su artículo 117 que “el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su periodo, por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”. Y esto, que sepamos, no se ha dado desde el Ejecutivo.

Es claro el desarrollo del plan golpista que aúna al Legislativo con ciertas salas fiscales con tinte político antes que judicial. Pareciera que es la primera vez que padecemos un gobierno nefasto, cuando la peste de la corrupción ha sido parte de los usos y costumbres de la historia republicana de nuestro país, sin excepciones. Sucede que ahora tenemos esta cacería de brujas con un agravante racista, oligarca y elitista. Incluso lo ideológico ya pasó a segundo plano, pues Castillo y compañía nunca fueron el «terror comunista» que nos dijeron.

Rafael López Aliaga y el faKtor naranja

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La prensa corporativa insiste en repetir que, políticamente, tanto Perú Libre como Fuerza Popular han desaparecido del reciente mapa electoral, al no ganar ninguna alcaldía (de consideración) a nivel nacional. En el caso del partido del lápiz sería cierto (estrepitosa derrota) pero por el lado del partido fujimorista no sería tanto así.

Si bien en Lima, dos de sus representantes más conocidos (César Combina por San Isidro y Cecilia Chacón por San Borja) no alcanzaron el sillón municipal, esto no quiere decir que el fujimorato ha perdido protagonismo o que fue enterrado del todo. Basta ver la raíz política de dos de los hombres claves y cercanos al virtual alcalde Rafael López Aliaga (RLA) para darse cuenta de cómo va el asunto.

Por un lado está Julio Gagó, jefe de campaña y candidato a regidor por Renovación Popular (a quien se le habría pagado con fondos públicos cerca de medio millón de soles por «consultorías y coaching»). Recordemos que Gagó fue una figura mediática y recalcitrante del fujimorato (fue parlamentario por Fuerza 2011 para el período 2011-2016). Y también tenemos a Renzo Reggiardo (otrora secretario general del primer partido fujimorista: Cambio 90), quien va como teniente alcalde de RLA, y que también fue parlamentario (2006-2011) por Alianza para el Futuro (otro de los tantos membretes fujimoristas en las décadas recientes).

Y ni qué decir de las «coincidencias» ideológicas y programáticas entre Fuerza Popular y Renovación Popular: ultraderecha, asistencialismo populista, macartismo, anticomunismo, conservadurismo reaccionario, corporativismo mafioso y criminal, enriquecimiento ilícito y deudas con el Estado, agenda oscurantista y antiderechos, control férreo del aparato público, ultraliberalización económica, etc.

El fujimorato hoy es una fuerza extrapolítica (banda criminal) que sabe reciclarse, adaptarse, fagocitar y regurgir, infiltrarse y controlar, negociar y pactar, etc., con tal de no perder vigencia. Pueden no tener el gobierno, el municipio o el parlamento, pero jamás perderán el poder. ¿Alguien lo duda?

Los Juegos de la Angurria

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Con liderazgo débil y sin habilidad política, Lady Camones fue censurada y retirada de la presidencia del Congreso de la República después de 40 días de gestión. La justificación fueron los audios donde se escuchó cómo Cesar Acuña le daba órdenes sobre cómo dirigir el Congreso para su beneficio personal y electoral; sin embargo, las razones políticas que motivaron la censura aún están por verse.

En el escenario tenemos a Keiko Fujimori anunciado la próxima agenda de la Comisión Constitución, presidida por Nano Guerra; esto es, el proyecto de ley de adelanto de elecciones, documento presentado por la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle (Podemos), mientras que se sigue agitando la campaña de «suspensión presidencial» de la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (Fuerza Popular).

Además, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), ha solicitado la recomposición de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde esperan, entre otros, una acusación constitucional elaborada por Perú Libre contra la Fiscal de la Nación, por abuso de autoridad y obstrucción de la justicia, todo ello dentro del marco de acusaciones contra su hermana, la juez suprema Enma Benavides, quien sería una de las operadoras de los Cuellos Blancos dentro del Poder Judicial, y, aparte, las acusaciones constitucionales contra Pedro Castillo y Dina Boluarte, que aún no logran llegar a ningún lado.

Pues bien, como se ve, el Congreso de la República está en uno de sus momentos más tensos, por lo que la negociación para su próxima presidencia revelará quiénes están negociando qué y con quién. Para empezar, la primera candidatura anunciada es la del congresista de Acción Popular, Luis Aragón. Él ha sido señalado como integrante de Los Niños, es actual presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, justamente el sector que está en el ojo de la tormenta, y es parte de la facción opositora a Maricarmen Alva.

La segunda postulación anunciada es la del bloque de izquierda. Se sabe que parte del bloque estuvo buscando a Carlos Zeballos (Acción Popular) para que pueda representar una candidatura moderada. Sin embargo, Perú Libre no estuvo de acuerdo con esa postura, por lo que fraccionó el bloque y terminó por presentar a Guido Bellido, el brazo derecho de Vladimir Cerrón, como su candidato a la presidencia.

Hasta el momento, se han voceado algunas personalidades, como Gladys Echaíz (Renovación Popular), José Williams (Avanza País), Esdras Medina (Somos Perú), Alejandro Soto (Alianza por el Progreso), mientras que, al parecer, ni la bancada de Fuerza Popular ni la de Podemos presentarán ninguna candidatura.

El plazo para presentar las candidaturas vence el domingo 11 de setiembre y las elecciones serán el lunes 12 a partir de las 10 am, mediante voto presencial, tal como lo establece el Reglamento del Congreso. Tan solo queda esperar, que esta temporada recién comienza.