A 29 años del autogolpe de Estado de Alberto Fujimori, el panorama sociopolítico nacional sigue siendo el mismo —con ciertos matices— que el de inicios de los 90 cuando fue moldeado una dictadura cívico-militar que trastocó la endeble democracia de aquel entonces para imponernos un régimen reaccionario-represivo en lo social y ultraliberal (privatista) en lo económico.
De hecho, seguimos bajo los parámetros del neoliberalismo más descarnado que opera al amparo legal de la Constitución del 93, y que hoy muestra sus secuelas con las opresivas AFP o nuestros sistemas de salud y educación en situación de extrema precariedad.
De aquel autogolpe tuvimos incremento en los índices de criminalización de la protesta popular con sindicalistas, campesinos y estudiantes perseguidos, torturados y asesinados (bajo la excusa de la guerra de baja intensidad antisubversiva).
De aquel odioso episodio tenemos a empresas estatales regaladas al gran capital transnacional que no tuvo reparos en despedir a inmensas masas obreras y desarticular sindicatos o descabezar gremios combativos. De aquel atropello autocrático tenemos políticas criminales de esterilizaciones forzadas contra mujeres pobres o indígenas.
De aquel 5 de abril del 92 tenemos la intromisión sistemática de una maquinaria megacorrupta de control absoluto de todos los poderes del Estado y la compra de consciencias cívicas (oposición política, prensa, etc.) para secundar a la dictadura. De aquella maniobra fujimontesinista obtuvimos paquetazos legales antilaborales y proempresariales.
El autogolpe vino a legitimar el mecanismo asesino de escuadrones de la muerte paramilitares y parapoliciales. Y no es que antes de Fujimori la vida haya sido color de rosa, pues desde Odría, Belaunde, García, etc., se ensambló y fortaleció una estructura macartista de defensa de los intereses oligárquicos y terratenientes para lotizar el país y sus recursos naturales para venderlos a corporaciones de la muerte.
Hoy heredamos un país en crisis, con instituciones copadas por agentes del régimen de turno, con servicios públicos paupérrimos y con leyes de espaldas a las demandas sociales, y que gobierno tras gobierno, la estructura estatal solo apunta a la defensa del modelo económico en contra de las grandes mayorías.
Mientras sigamos con esta Constitución fujimorista, serán inocuas las acciones contra la mafia encarnado en el partido naranja de hoy. No basta con Alberto Fujimori y su hija Keiko detenidos o procesados (cada quien con su propio show mediático), no basta con las pruebas que salen a luz y que sindican a los cabecillas fujimoristas como vulgares lumpenburgueses criminales; es necesario agudizar la presión social hasta derrotar a todo rezago de fujimorismo (López Aliaga, De Soto, Forsay, etc.), a sus defensores y sus falsos críticos.
¡Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más!
(Foto: GEC Archivo Histórico)
