Ahora que se ha filtrado la información que revela el intento de acercamiento de Manuel Merino (presidente del Congreso) con altos mandos militares —antes de la aprobación de la moción de vacancia—, desde el Gobierno se aduce un «delito de sedición» o «intentona golpista» por lo que el propio Consejo de Ministros presentará una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para evitar que caiga Vizcarra.
Como siempre pasa en momentos de crisis dentro de la élite política, uno y otro bando se apura en conseguir el estratégico apoyo de las Fuerzas Armadas para contrarrestar al rival. Mientras tanto, se siguen ideando jugadas maestras para controlarlo todo y forzar al enemigo a patear el tablero.
Y aquí es importante saber quién es quién y qué papel desempeñan. No solo está el nuevo «adalid democrático» Edgar Alarcón, quien tiene denuncias constitucionales por haber incurrido en delitos de enriquecimiento ilícito agravado y peculado doloso, en su época de contralor, sino su propio partido Podemos Perú y sus aliados dentro del bodrio fujimorista (en contubernio con apristas, castañedistas, acciopopulistas, acuñistas, etc.). El bando provacancia es el reciclaje de mafias anteriores.
La caída de un régimen no debe ser adjudicado a otra facción en el poder, ni debe dejarse que la derecha recalcitrante se adjudique méritos ficticios hegemonizando el descontento contra el gobernante de turno. Debe ser labor de los movimientos sociales y la clase trabajadora organizada políticamente, quienes generen el quiebre democrático, tensando las oportunidades que da una crisis para plantear salidas genuinas hacia un recambio del modelo económico y el sistema en su conjunto. Sin embargo, el protagonismo popular es casi inexistente en nuestro país y los vacíos de lucha seguirán siendo llenados por los oportunistas de cualquier color.
POR: FRANZ VERNE, Periodista e Investigador Social