El alcalde de San Juan de Lurigancho es objeto de pesquisas fiscales relacionadas con un inmueble en San Borja y presuntas irregularidades en contrataciones municipales. Documentos citados en una investigación periodística también señalan miles de órdenes de servicio que no habrían sido publicadas oportunamente.
La situación patrimonial y la gestión administrativa del alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado Amao, se encuentran bajo escrutinio a raíz de una serie de hechos que han sido puestos en conocimiento del Ministerio Público y que comprenden, entre otros aspectos, la adquisición de un inmueble, contrataciones municipales y presuntas inconsistencias en documentación vinculada a servicios contratados por la comuna.
Uno de los principales elementos mencionados en las pesquisas es una residencia ubicada en San Borja, cuyo valor habría sido estimado en aproximadamente US$500 mil. De acuerdo con la información difundida, la operación de compraventa habría sido realizada mediante una escritura notarial, aunque no habría sido inscrita posteriormente en los Registros Públicos.
Este hecho forma parte de las interrogantes que buscan esclarecer el origen de los recursos utilizados para la adquisición y determinar si existe alguna relación entre el patrimonio investigado y los ingresos declarados por el funcionario.
Los ingresos declarados por el alcalde
De acuerdo con la información consignada en el expediente citado por la investigación, Maldonado percibe una remuneración mensual de aproximadamente S/13.260 como alcalde de San Juan de Lurigancho.
Asimismo, ante el Jurado Nacional de Elecciones habría declarado ingresos anuales provenientes del sector público por S/185.640, además de registrar participación societaria en dos empresas: Agencia Gubernamental JM S.A.C. e Instituto de Gobierno y Desarrollo Estratégico S.R.L.
La investigación fiscal busca establecer si existe correspondencia entre los ingresos formalmente declarados y el patrimonio atribuido al alcalde, así como determinar el origen de los recursos utilizados en determinadas operaciones.
Es importante precisar que la existencia de una investigación fiscal no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad penal. Corresponde al Ministerio Público determinar si existen elementos suficientes para formular una acusación y, posteriormente, será el Poder Judicial el encargado de establecer responsabilidades, de ser el caso.
Miles de órdenes de servicio en la mira
Otro de los aspectos que aparece en la investigación está relacionado con el sistema de contrataciones de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.
Según la documentación mencionada en el reporte periodístico, durante la gestión de Maldonado se habrían identificado 2.818 órdenes de compra y servicios que no fueron transparentadas mediante su publicación correspondiente, por un monto acumulado superior a S/13,2 millones.
La situación habría sido advertida en el marco de revisiones efectuadas sobre la gestión municipal y es uno de los elementos que actualmente genera interrogantes sobre los procedimientos utilizados para determinadas contrataciones.
El caso de una miniván
Entre los contratos revisados figura el alquiler de una miniván destinada a actividades de la Subgerencia de Fiscalización.
La empresa Sillisens General Services E.I.R.L., constituida en 2019, habría recibido 15 órdenes de servicio entre 2023 y 2024 por un valor aproximado de S/342.000, según la información difundida.
Una de las observaciones señaladas está relacionada con las bitácoras correspondientes al vehículo de placa AYL937. Los registros revisados habrían mostrado coincidencias de horarios en diferentes desplazamientos, lo que generó cuestionamientos respecto de la posibilidad material de que un mismo vehículo hubiera realizado determinados recorridos simultáneamente.
La verificación de estos hechos deberá establecer si se trató de errores administrativos, inconsistencias documentales o situaciones que pudieran tener una relevancia mayor dentro de las investigaciones.
Una cotización que habría sido cuestionada
Otro episodio mencionado corresponde a la Orden de Servicio N.° 5774-2024.
En el expediente municipal se habría incorporado una cotización atribuida a la empresa H. Mendizábal E.I.R.L. Sin embargo, según la información publicada, un representante de dicha compañía manifestó que la municipalidad no le habría solicitado una propuesta económica.
Esta versión, de confirmarse documentalmente, podría convertirse en otro elemento de interés para las autoridades encargadas de revisar el proceso de contratación.
¿Existe relación entre el patrimonio y la gestión municipal?
Una de las principales interrogantes que plantea la investigación es si existe alguna conexión entre las presuntas irregularidades detectadas en determinadas contrataciones municipales y el patrimonio que se atribuye al alcalde.
El Ministerio Público tendría a su cargo determinar el origen de los recursos utilizados para las operaciones cuestionadas y establecer si existen indicios compatibles con los delitos materia de investigación.
También se habrían incorporado al análisis los gastos relacionados con actividades políticas y electorales del alcalde, así como información sobre su entorno cercano. En este punto, cualquier conclusión deberá sustentarse en documentación financiera y electoral que permita establecer el origen y destino de los fondos.
Investigación abierta y derecho a la defensa
Los hechos descritos forman parte de cuestionamientos que deberán ser contrastados por las autoridades competentes. Una investigación fiscal tiene precisamente como finalidad recopilar documentos, testimonios y demás elementos que permitan determinar si se produjo algún delito o infracción.
Mientras las diligencias continúen abiertas, Jesús Maldonado mantiene su derecho a la presunción de inocencia y a ejercer su defensa frente a las imputaciones o cuestionamientos que se formulen en su contra.
El caso adquiere especial relevancia debido al peso político y demográfico de San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima, y porque involucra tanto la situación patrimonial de su máxima autoridad como el manejo de recursos públicos municipales.
Lo que deberá esclarecer la investigación
Entre las principales interrogantes que deberán ser respondidas se encuentran:
- ¿Cuál fue el origen de los recursos utilizados para la adquisición del inmueble señalado?
- ¿Por qué la propiedad no habría sido inscrita en Registros Públicos tras la operación de compraventa?
- ¿Por qué miles de órdenes de servicio no habrían sido publicadas oportunamente?
- ¿Cómo se explican las inconsistencias detectadas en las bitácoras de determinados vehículos?
- ¿La cotización cuestionada fue realmente presentada por la empresa señalada?
- ¿Existe alguna relación entre las contrataciones investigadas y el patrimonio del alcalde?
- ¿Los gastos de las actividades políticas señaladas fueron debidamente declarados ante las autoridades electorales?
Las respuestas dependerán de los resultados de las investigaciones y de la documentación que puedan obtener el Ministerio Público, los órganos de control y las entidades competentes.
Hasta que exista una decisión judicial firme, las personas involucradas deben ser consideradas inocentes respecto de cualquier imputación penal.
Fuente : https://diariouno.pe/2026/09/03/sjl-la-millonaria-ruta-de-jesus-maldonado/
