Ya se venía anunciando, solo era cuestión de tiempo. Los Gremios de Transportistas tuvieron que esperar el momento preciso: sea para crear las condiciones o para que las condiciones se manifiesten. Como fuese, la fuerza con la que el paro de transportes pesados está envolviendo el territorio nacional y la forma en la que el Gobierno está gestionando el conflicto están provocando un escenario demasiado oscuro y confuso.
Hasta el momento, se nos viene informando que el paro de transportes empezó como respuesta por el alza en el precio del combustible y que ahora a derivado a ser medida de presión para negociar un conjunto de reclamos, en el que se incluye la ampliación de la cobertura que tiene el Fondo de Estabilización del Precio del Combustible (FEPC).
Lo que no nos están informando es que el Gobierno ya ha gestionado una ampliación de la cobertura del FEPC, pero que esta ampliación se encuentra tan limitada que solo podría estabilizar el precio de primera venta más no el precio de venta final, el cual termina siendo pagado por el usuario.
En otras palabras, si bien el Gobierno está aplicando medidas de compensación que pueden servir como mecanismo regulatorio frente a la subida de precio del combustible, y, con ello, generar cierto amortiguamiento en el precio, y evitar que la fluctuación impacte directamente en las economías familiares, lo que realmente está pasando es que esa cobertura de precios no va a evitar que los Grupos Empresariales sigan especulando con los precios de combustible; a expensas de los productores agrícolas y unidades familiares.
Además de ello, tenemos la situación del mercado agrícola. En el último informe del INEI, se reporta que la canasta básica familiar del 2022 ha aumentado su costo en un 30%. Más aún, los alimentos básicos diarios no solo han aumentado su precio, sino que este aumento se está dando en un contexto donde los ingresos familiares mensuales son bajos y/o con mucha inestabilidad.
Entonces, si sumamos el impacto que genera la subida de precio en los combustibles, más el impacto que ocasionan los bajos ingresos que las familias están recibiendo mensualmente, más el aumento del precio en los alimentos básicos diarios, podríamos estar a puertas de un estancamiento en la producción de los alimentos de primera necesidad más una inflación en los precios al consumidor.
En esa línea es necesario tener en cuenta lo siguiente: hay que recordar cómo, en un golpe desesperado por gestionar la economía nacional, se aprobó hacer uso de los ahorros y de las AFPs para que las familias peruanas podamos sobrevivir, en medio del desconcierto. Hoy, con familias enteras sin jubilación, sin ahorros, sin AFPs, en un contexto donde los alimentos están subiendo de precio, donde los ingresos familiares son cada vez menores y donde el 90% de la canasta básica de alimentos son productos importados, ¿puedes adivinar quienes seremos los que pagaremos la altísima deuda ocasionada?
En definitiva, estamos en una coyuntura extremadamente frágil que no se va a poder resolver solamente con las mesas de diálogo que la PCM busca instalar. Acá nos encontramos en un contexto abierto a recibir la agresividad de factores externos que, tal como vimos líneas arriba, no logran ser adecuadamente gestionados. Probablemente por la ausencia total de una política económica bien llevada, probablemente por la ausencia total de un Gobierno que sea capaz de gobernar a favor del país.
