Basta recorrer unos metros del establecimiento para notar que el color predominante ya no es el verde, sino el marrón de la tierra seca. Grandes extensiones de lo que solían ser áreas de picnic o canchas naturales hoy son simples «pampas» donde el polvo se levanta con el viento, quedando la vegetación reducida únicamente a los árboles.
Esta situación ocurre bajo la gestión del actual alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien asumió funciones en reemplazo del candidato presidencial Rafael López Aliaga. Bajo esta administración, el Club Metropolitano Wiracocha (anteriormente Parque Zonal) ha priorizado la concesión de áreas internas a terceros, alterando el fin recreativo original del recinto administrado por SERPAR.
Para las miles de familias de San Juan de Lurigancho, el Parque Huiracocha representa el principal espacio de recreación. Sin embargo, la conversión del suelo en terral y la mercantilización de sus áreas reducen el derecho a un espacio público de calidad.
Estado de la cobertura vegetal
El parque atraviesa un proceso de desertificación que afecta directamente el entorno de los usuarios:
- Reducción de áreas verdes: La vegetación se limita ahora únicamente a los árboles existentes. El resto del terreno, anteriormente cubierto por grass y vegetación baja, se ha transformado en pampas de tierra (terrales).
- Impacto en la salud infantil: La falta de cobertura vegetal a nivel del suelo genera levantamiento de polvo constante, afectando la salud respiratoria de los miles de niños y niñas que utilizan las zonas de juego y deportes.
Concesiones y limitación de espacios
La administración de SERPAR ha modificado el uso de las instalaciones, priorizando la rentabilidad sobre el acceso familiar:
- Privatización de la recreación: La concesión de la piscina y la eliminación de turnos de ingreso los fines de semana dificulta el acceso organizado de las familias, generando aglomeraciones y barreras económicas.
- Cambio de uso cultural: El Centro Cultural del parque funciona actualmente como local de eventos, desplazando las actividades educativas y artísticas destinadas a la niñez del distrito.
Ante este escenario, la denuncia ciudadana exige la intervención inmediata de la Contraloría para auditar el destino de los fondos y la legalidad de las concesiones. Asimismo, la Defensoría del Pueblo debe actuar de oficio ante la vulneración del derecho a un entorno saludable, protegiendo a las miles de familias y menores de San Juan de Lurigancho.
