Represión para muchos, benevolencia para pocos

¿Recuerdan cuántas movilizaciones se dieron contra Castillo (desde que asumió en julio del 2021 hasta noviembre del 2022)? ¿Recuerdan cuántos buses, camionetas 4×4, autos de alta gama, etc., se utilizaban para trasladar a las portátiles burguesas hasta el Centro de Lima? ¿Recuerdan cuántas banderas, banderolas, banners, pancartas, etc., con el mismo diseño y fina impresión se transportaban para luego entregarse a los manifestantes? ¿Recuerdan cuántos letreros luminosos, ubicados en las principales avenidas de la capital, mostraban anuncios contra el «comunismo»? ¿Recuerdan cuántos conciertos y festivales «por la paz y la democracia» se hicieron con grandes estrados y costosos marcos musicales? ¿Recuerdan cuántas veces al mes, o a la semana, se daban estas «protestas ciudadanas» con el mismo modus operandi?

Y sobre esto, ¿alguna vez la prensa o la policía cuestionaron de dónde venía el financiamiento, evidentemente millonario? ¡Jamás!

¿Recuerdan cuántas veces se dieron marchas violentas en el centro de la ciudad, con consignas anticomunistas y beligerantes? ¿Recuerdan cuántas veces hubo enfrentamiento con la policía de parte de las hordas derechistas? ¿Recuerdan cómo es que en abril del 2022, luego de que Castillo decretara un nuevo y fugaz toque de queda, se dio una violenta protesta con destrucción e incendio de una de las entradas principales del Poder Judicial de la Av. Abancay? ¿Recuerdan las agresiones de los grupos fascistas como «la resistencia», «los combatientes» o «la insurgencia» (además de otras sectas hispanistas y ultraliberales) contra reporteros y policías? ¿Recuerdan los ataques y sabotajes fascistas contra presentaciones de libros y/o conferencias sobre derechos humanos?

Y sobre esto, ¿alguna vez la prensa o la policía los llamaron «vándalos», «terroristas» o «violentistas», pese a la abundante evidencia de su criminal accionar? ¡Jamás!

Es decir, cuando las movilizaciones son desde la derecha, los grupos de poder, las élites golpistas y sus fuerzas fascistas de choque; la policía y la prensa hacen mutis o los llaman «demócratas indignados». Pero cuando se movilizan los pueblos y las regiones del interior del país, con demandas sociales, cuando marcha la clase obrera y el movimiento popular, entonces la policía y la prensa los criminaliza y pide aplastarlos a sangre y fuego. Racismo y desprecio de clase, eso es.

Adelanto de elecciones y las trampas del poder

El reciente mensaje de Dina Boluarte ha sido esquivo, populista y entrampado. No reconoció responsabilidad de nada. Ni una sola línea sobre las últimas muertes por la represión policial. Ni por asomo deslizó la posibilidad de su necesaria renuncia. Ha volcado en el Parlamento toda la culpa de la actual crisis sociopolítica del país. Reiteró de forma cansina que no se dejará «chantajear por los vándalos». Todo repetitivo.

Pero lo sustancial de su perorata estuvo en que si el Congreso no aprueba, mañana lunes, el adelanto de elecciones para este 2023, entonces el Ejecutivo presentaría dos proyectos de ley:

-Adelanto de elecciones para octubre de este año (en diciembre sería la segunda vuelta). Con las reformas constitucionales urgentes para conseguir dicho objetivo.

-Que la Comisión de Constitución del próximo Congreso se encargue de la modificación total de la Constitución de 1993 (la que está en vigencia).

Y aquí es donde radica su talante populista, con propuestas enfiladas en ganarse aliados en algunas bancadas de izquierda (Perú Libre y Bloque Magisterial, principalmente). Estas medidas no serían soluciones de fondo, pues si realmente quisiera emplazar al Parlamento y buscar calmar las demandas populares, ella debería renunciar ahora mismo para obligar constitucionalmente a un adelanto de elecciones para este periodo. Ahora, los parlamentarios podrán dilatar el tiempo bajo la excusa de “debatir las iniciativas del Ejecutivo” y así quedarse hasta el 2026, como ya lo manifestó la bancada ultraderechista de Renovación Popular.

Ahora bien, es claro el guiño a cierta izquierda, con eso de la reforma total de la actual Constitución, pero que obviamente sería una trampa en sí misma para evitar cualquier proceso mínimo hacia una Asamblea Constituyente, que es realmente el clamor mayoritario. Y sobre el adelanto de elecciones habría que tener cuidado especial, pues esta medida (tal como la está impulsando el fujimorato) podría ser el retorno hacia un nuevo periodo de mayor conflictividad puesto que para estos comicios adelantados sería la derecha más reaccionaria la que tendría mayores posibilidades de ganar (por tener partidos con inscripción vigente y maquinaria económica a su favor).

Desde un pliego mínimo de acción, consensuado desde las bases movilizadas, no habría que ceder en las cuatro demandas generales: Renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso, Asamblea Constituyente y nueva Constitución. Todo esto articulado desde las plataformas de lucha de los pueblos y sectores que hoy protestan, y no desde el aprovechamiento o «aparato» de partidos políticos con agendas e intereses subalternos, vengan de donde vengan.

Una república fallida sobre la sangre de su gente

Lo que ocurre en Perú ya ha sobrepasado los límites antes impuestos por los propios gobiernos neoliberales que padecemos, al menos en los últimos 20 años.

Desde las jornadas de diciembre hasta la fecha ya contamos con un promedio de 50 asesinados por balas policiales (muchos de ellos con proyectiles «dum dum»). Hemos tenido jornadas trágicas en Arequipa, Andahuaylas, Cusco, Ica, Ayacucho y ahora en Juliaca. La respuesta del Estado sigue siendo la misma: sangre y fuego contra las protestas sociales.

Desde un marco democrático e institucionalista (que tanto defiende la élite peruana) tenemos una retahíla de violaciones a los derechos humanos y garantías constitucionales contra la población movilizada. Vemos con estupor cómo es que el Estado peruano solo atina a responder con represión criminal antes que buscar la prevención del conflicto social. Es evidente el fracaso del modelo económico pero también de la estructura política sobre la que se sienta las bases de una república fallida que nunca entendió su composición sociológica ni su complejidad cultural.

Arribamos a una conflictividad que no es nueva sino que es el desborde del cúmulo de décadas de postergación y extrema marginación. Hoy estalla un pedazo de territorio que fue fragmentado desde el inicio, que nunca dejó de ser colonia y que jamás se liberó del yugo oligárquico. Los pueblos del interior solo responden ante la impunidad del manejo del país a manos de una minoría que detenta el control absoluto desde los poderes del Estado.

Y es tanta la arremetida de los nuevos y viejos actores de la ultraderecha que nos han llevado a un escenario de derrota segura y permanente, donde cualquier posible «salida» a la crisis termina siendo funcional a sus intereses. ¿Renuncia de Dina Boluarte? ¿Adelanto de elecciones? ¿Cierre del Congreso? ¿Que se vayan todos? ¡Sí! ¿Y luego qué? El panorama inmediato, si es que se cumplen esas demandas, no sería mejor que el ya tenemos. ¿La izquierda hoy tiene capacidad de articular y capitalizar todo el desborde popular? ¿Hay forma de aterrizar sobre tensiones subjetivas hacia la izquierda todo el estallido objetivo que estamos viendo?

Tenemos una efervescencia de gran escala que ha desembocado en acción directa de masas. No es como desde el poder burgués (o sus ecos socialdemócratas) dicen de que se trataría de grupúsculos marginales actuando al margen de la protesta «ciudadana». Más allá de los infiltrados (operadores policiales de «inteligencia») que evidentemente están «camuflados» entre el pueblo enardecido, no subestimemos la capacidad de lucha de los abajo. Hay descontento traducido en confrontación al poder de turno y que debería canalizarse como capacidad política de la clase obrera en alianza con el movimiento popular.

Ahora queda seguir empujando el curso de la historia hacia escenarios de mayor alcance. Es urgente seguir dispuntádole la calle a la represión policial y desde la propia dinámica de la lucha de clases buscar romper la hegemonía sociocultural de la burguesía y sus operadores políticos. La dictadura de la Boluarte caerá, eso es seguro. Y debemos preparar la ofensiva para el siguiente escenario de lucha. Este es un proceso, con avances y reveses, que no se debe abandonar ni subestimar.

Aniversario SJL: Suspenden concierto de Agua Marina por muertes en Puno

Este 13 de enero, San Juan de Lurigancho cumplirá 56 años de creación política y la Municipalidad e instituciones privadas habían organizado la verbena donde estaría la exitosa agrupación de cumbia Agua Marina

Le entidad edil, mediante un comunicado dio a conocer esta decisión por los acontecimientos ocurridos en el departamento de Puno, donde hay decenas de heridos y 13 fallecidos que se suman a las muertes ocurridas en Ayacucho, Cusco y Apurimac tras las protesta contra la presidenta Dina Boluarte.

Literalmente señala lo siguiente: “No podemos darle paso a la indolencia, mientras varias familias del país pasan momentos difíciles debido a la crisis política que ha derramado la sangre de decenas de hermanos peruanos”

Los vecinos y vecinas del distrito esperaban las presentaciones también de artistas invitados como Zaperoko, la Primerísima, Barrio Fino y Jordy Jauría, entre otros. Cabe indicar que en las últimas semanas, decenas de vecinos han realizado marchas y vigilias en la Av. Próceres de la Independencia del distrito.

@kawpaycom San Juan de Lurigancho (#SJL) protesta contra gobierno de #DinaBoluarte ♬ original sound – SJL-Kawpay

Nos siguen pegando abajo

Cómo empezó

Para comprender lo que está pasando en el Perú, hay que regresar unos meses atrás, hacia las campañas electorales del 2021. Durante estas campañas, las encuestadoras de la capital, sus analistas, académicos y la concentración de medios se esforzaron en limitar el debate y la información coyuntural alrededor de un reducido grupo de candidaturas, aquellas que eran reconocidas solo por los grupos hegemónicos: ninguno atinó la mirada hacia lo que se estaba gestando fuera de su radar.

Por ello, cuando el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ganó en primera vuelta, hubo desconcierto y sorpresa frente a este aparente desconocido; outsider, le llamaron, un golpe de suerte, se escuchó por ahí. Sin embargo, luego de publicarse los resultados de segunda vuelta, cuando el candidato desconocido ganó las elecciones contra la hija del dictador, Keiko Fujimori, los desconciertos y sorpresas se transformaron en racismo y odio de clase.

De manera pública, la oposición política, liderada por Keiko Fujimori, hostigaron a los jefes de los organismos electorales con el objetivo de que no se reconozcan los votos a favor de Castillo, votos que, dicho sea de paso, provenían, en su gran mayoría, del Centro y Sur del país, las zonas territoriales con profundos e históricos problemas de pobreza, desigualdad y desnutrición. A pesar de ello, los votos emitidos sí fueron reconocidos, Pedro Castillo logró juramentar como Presidente Constitucional del Perú y, con ello, se aperturó uno de los episodios más tensos de la vida política del país.

Ejecutivo y Legislativo. Dos enemigos frontales

Por las características del sistema de representación, los últimos presidentes del Perú no lograron alcanzar la mayoría en el Legislativo, por lo que tuvieron que aprender a maniobrar políticamente con la representación nacional. Así, el Ejecutivo y Legislativo debían ceder en sus intereses para poder generar cierta gobernabilidad.

Sin embargo, desde el 2016, con la bancada fujimorista como mayoría absoluta, la derecha política se pudo dar cuenta de dos cuestiones: primero, que el Presidente necesitaba del Legislativo para generar cierta estabilidad y, segundo, que el Congreso debía concentrar la mayor cantidad de poder a su favor, resquebrajando, así, la noción mínima de separación y estabilidad entre los tres poderes del Estado.

En ese escenario, el gobierno de Castillo y el Congreso de la República generaron enfrentamientos directos desde el primer día: las Mesas Directivas del Congreso impulsaron la agenda de la vacancia presidencial, sin contemplar el reglamento del Congreso ni lo estipulado en la Constitución; se mal utilizaron los recursos de control político, tales como la cuestión de confianza, y la interpelación y censura de ministros, transformándolos en herramientas de amenaza y hostigamiento; todas las reformas propuestas desde el Ejecutivo, tales como la Reforma Agraria, la Reforma Educativa, la Reforma Fiscal, etc., fueron bloqueadas o, peor aún, ni puestas en la agenda parlamentaria; finalmente, las tres ocasiones en las que el Premier de ese entonces, Aníbal Torres, asistió a la Comisión de Constitución y al Pleno del Congreso para que se incluya un artículo en la Constitución que permita la Asamblea Constituyente, tanto la Comisión como el Pleno se lo negaron.

En contraste, durante el año y medio de legislación, desde las distintas comisiones del Congreso y con el respaldo del Pleno, se lograron modificar más de 50 artículos de la Constitución además de retroceder sobre los avances alcanzados en materia educación, salud, derechos de las poblaciones indígenas y medio ambiente.

Es indudable que el gobierno del presidente Castillo se caracterizó por su inestabilidad e inacción: en 495 días se cambiaron 78 ministros y se conformaron hasta 5 gabinetes ministeriales; sin embargo, es pertinente considerar que la estabilidad y capacidad de gobernanza en cualquier país es resultado de una relación. Si el Ejecutivo presentó inacción y poca capacidad de gobierno ello también fue resultado de una tensión permanente con el Legislativo.

Control político, denuncias de corrupción y hostigamiento

A comienzos del 2022, se empezaron a abrir una serie de investigaciones preliminares contra el Presidente y su entorno familiar por presuntos actos de corrupción. Estas investigaciones se basaban en los testimonios de colaboradores eficaces, más no en evidencias suficientes que puedan sostener las aparentes denuncias.

Sin embargo, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señalada como parte de la red de los Cuellos Blancos, organización internacional de narcotráfico y tráfico de influencias, lideró las investigaciones contra el Presidente, con la protección del Congreso de la República.

Por lo establecido en la Constitución, un Presidente no podría ser procesado mientras esté en funciones, por lo que la Fiscal, al no encontrar mayor prueba que pueda sostener sus investigaciones preliminares, acudió al Congreso para que este resuelva la situación del Presidente; en otras palabras, para que puedan impulsar una vacancia presidencial.

Después de dos intentos fallidos de vacancia, la tercera estaba prevista para debate y votación los primeros días de diciembre del 2022, bajo los supuestos de que el Presidente de la República estaría liderando una organización criminal, tráfico de influencias y hostigamiento a las fuerzas policiales y fuerzas armadas. Mientras, ya se había aprobado en Comisión de Constitución, una moción de Suspensión presidencial; esto es, suspender las funciones del Presidente por un periodo de 36 meses.

La Caja de Pandora

Por acuerdo, el Congreso estableció que el debate y votación de la tercera moción de vacancia presidencial se realice el 07 de diciembre, a las 3pm. Según fuentes del Congreso, este nuevo intento de vacancia tampoco habría conseguido los votos mínimos suficientes; sin embargo, alrededor del mediodía, el Presidente anunció una medida inconstitucional: disolución del Congreso, el establecimiento de un gobierno de excepción y la reorganización del Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional. Esta medida, obligó a que el Congreso adelante la sesión del Pleno bajo un único punto de agenda: la votación de una nueva solicitud de vacancia presidencial; esta vez, por incapacidad moral.

Sin considerar su propio Reglamento ni lo estipulado en la Constitución, el Congreso aprobó la vacancia por incapacidad moral con 101 votos. Mientras ello sucedía, los medios de comunicación anunciaban que Pedro Castillo habría huido por la puerta trasera del Palacio de Gobierno y detenido por el cuerpo policial en la Av. Garcilaso de la Vega; detención que, dicho sea de paso, no contaba con ninguna orden judicial, ni fiscal.

Mientras se trasladaba a Pedro Castillo y a su abogado, el ex Premier, Aníbal Torres, a la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DIROES), en el Congreso ya estaban llamando a que se apersone la próxima Presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien, hasta horas antes, era la Vicepresidenta de Pedro Castillo y quien, hasta hace tres días antes, el Congreso le habría retirado las acusaciones constitucionales que este mismo le habría interpuesto. Así, el Perú tuvo una nueva Presidenta y un ex presidente que estaba siendo acusado de liderar una organización criminal por la cuestionada Fiscal de la Nación, quien, además, seguía sin contar con pruebas suficientes.

La Caja de Pandora II: un gabinete de temer, suspensión de los debidos procesos, Estado de Emergencia y abuso de autoridad

Desde que juramentó el Gabinete Boluarte, las sospechas colectivas se manifestaron rápidamente: según investigaciones periodísticas, el Premier es señalado como parte de los vínculos que tendrían los Cuellos Blancos dentro del Poder Judicial; el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, es un conocido operador político de Chim Pum Callao, organización política también vinculada a los Cuellos Blancos y a las denuncias de corrupción y tráfico de influencias en el caso Odebrecht; la Ministra de Vivienda, también es una conocida operadora política de Odebrecht y de Graña y Montero, mega empresa constructora que administra tres peajes a nivel nacional (en la sierra de Piura, en la Línea 1 del tren eléctrico y en la carretera inter oceánica); y la Ministra de Transportes, accionista de Graña y Montero.

Además de ello, es necesario considerar que varios abogados constitucionalistas han informado que las decisiones que están tomando en el Congreso de la República y en el Poder Judicial estarían siendo llevadas a cabo sin el debido proceso. Estas informaciones se dieron a conocer luego de que el Congreso le haya retirado la inmunidad presidencial a Castillo, sin votación previa, sin considerar el Reglamento Legislativo, y cuatro días después de que Castillo haya sido detenido y llevado a la DIROES. Además de ello, ha resultado un escándalo el hecho de que, horas antes de vencer los siete días de prisión preventiva contra Castillo, la Fiscalía de la Nación solicitó 18 meses más; solicitud que fue resuelta a favor de la Fiscalía y sin la presencia de los abogados del ex presidente.

Frente a todas estas situaciones, desde el 10 de diciembre se vienen desplegando diversas columnas de manifestantes al interior del país, sobre todo en las zonas Centro y Sur, los mismos territorios que votaron por el profesor Pedro Castillo. Estas columnas tienen cinco puntos de reclamos: liberación de Castillo, Asamblea Constituyente, Nueva Constitución, cierre del Congreso y adelanto de elecciones generales.

La respuesta del nuevo gobierno y del actual Congreso es lamentable. Se sostiene un relato parejo para justificar la criminalización de la protesta, se insiste en adjetivar de terroristas, azuzadores y delincuentes a los compatriotas del interior del país, se ha declarado Estado de Emergencia Nacional y toque de queda en 15 regiones del país y los organismos y movimientos de derechos humanos están denunciando abuso policial, torturas físicas y psicológicas contra las personas detenidas, violación domiciliaria y rapto de familias: al inicio de esta pequeña crónica se estaba contabilizando 18 fallecidos a nivel nacional. Ahora, horas después, la cifra ha subido a 24 fallecidos.

La incertidumbre crece

Debo expresar mi profunda preocupación y tristeza por los acontecimientos que están sucediendo en mi país. Las organizaciones y movimientos sociales tienen claridad en sus reclamos, pero el Congreso todavía no logra resolver sobre las demandas de adelanto de elecciones y nueva Constitución. Sumado a ello, hasta el cierre de esta redacción, ya han renunciado los Ministros de Educación y Cultura y la presión a favor de la renuncia de Dina Boluarte crece a cada minuto.

Aún no podría terminar de informarles sobre lo que viene sucediendo en este lado de Latinoamérica, dado que recién estamos llegando hacia el nudo del problema, pero si debo cerrar con esta redacción será con la esperanza de que se pueda hacer eco de la complejidad de la situación y que, a pesar de que el Gobierno y el Congreso se han esmerado en tildar de ignorantes a los movimientos sociales e indígenas, la verdad es que los únicos ignorantes resultaron ser ellos, la clase política.

Crónica de una vacancia anunciada

Todo va saliendo según el plan diseñado por la ultraderecha. El Ejecutivo nunca tuvo un plan de respuesta, he ahí la diferencia.

Lo que está viviendo el Perú en este momento es el colapso de un proyecto que nació muerto. Se tuvo la oportunidad histórica de generar un quiebre en la institucionalidad política del país y no solo se desperdició sino que se ayudó a petardearlo al compás de la agenda golpista de la reacción.

Y en medio del caos y la incertidumbre, ya salen los sectores de la socialdemocracia y el liberalismo «democrático» a secundar las chillidos de la derecha. Aquí no se trata de defender lo indefendible (un gobierno continuista y neoliberal como el de Castillo) sino de tener mejor lectura política y saber jugar en el tablero de ajedrez de este proceso. Hoy se le entregó el país, en bandeja de plata, a la oligarquía de siempre. Y de eso no se retorna, lamentablemente.

Mientras que mucha gente bromea con eso de que Dina Boluarte será o ya es la primera presidenta del Perú (algo que nunca lograron Keiko Fujimori, Lourdes Flores o Mercedes Aráoz), lo cierto es que estamos ante una nueva marioneta de la ultraderecha.

Ella «gobernará» el plazo breve que los dueños del país lo permitan, ella hará lo que el amo empresarial diga, ella cumplirá «democráticamente» la agenda reaccionaria de la oposición hasta que llame a nuevas elecciones generales donde, una vez más, será la oligarquía y su partidocracia quien gane y tome el poder absoluto en el país.

CASTILLO DISUELVE EL PARLAMENTO

Pedro Castillo, mediante un mensaje a la Nación, anunció la DISOLUCIÓN del Congreso de la República, además de la reorganización de la Fiscalía y el Poder Judicial, la convocatoria a elecciones parlamentarias y el toque de queda a partir de hoy.

Al instante, el comandante general del Ejército, general EP Walter Córdova Alemán, presentó su carta de renuncia al cargo y su solicitud de pase al retiro, al ministro de Defensa, Gustavo Bobbio. Se han sumado en las renuncias ya hasta tres ministros bajo argumentos «principistas» y «democráticos».

Si la crisis nacional estaba muy crispada, ahora se vienen tiempos de extrema convulsión. La ultraderecha se relame las fauces, ahora los golpistas llaman «golpista y dictador» a Castillo. La calle deberá responder con urgencia. Pero no hay bases populares que respalden a este gobierno que se ha puesto de espaldas a sus propios votantes.

De momento todo está servido para que la ultraderecha vuelva a tomar el control absoluto del país. Empieza el festival de renuncias ministeriales (y de otros cargos públicos cercanos a Castillo). Bajo argumentos «democráticos» (falacia política en clave oportunista) ya son varios los que están abandonando el barco gobiernista. Esto seguirá creciendo bajo la premisa de salvar sus propios cuellos y bolsillos.

Castillo buscó adelantarse a la vacancia inminente que le tenía preparado el Congreso. Pero de momento todo indica que ha sido una jugada torpe. Ha disuelto el Legislativo sin argumento constitucional aparente. Ahora vendrán interpretaciones juristas pero el poder mediático está trabajando en dejar claro que Castillo es «dictador, usurpador y corrupto».

Castillo les ha dado mayores argumentos a sus enemigos políticos para aplastarle a los ojos impávidos de un país que sigue en la incertidumbre político-social. La ultraderecha usará y abusará de este episodio para enterrar cualquier posibilidad de cambio desde la izquierda. El impacto histórico a mediano y largo plazo será terrible