El Tribunal Constitucional acaba de determinar que la ley aprobada a insistencia del Congreso para el retiro (o devolución) de aportes de la ONP es insconstitucional. Esta medida solo reafirma una odiosa obviedad: Los congresistas saben que no tienen facultades de crear o aumentar gasto público y aún así aprueban una norma que siempre pintó como fuera del marco constitucional.
Se jugó (se está jugando y se seguirá haciendo) con las esperanzas y la necesidad económica de tantísimos trabajadores que se precarizaron aún más en esta pandemia y veían como un pequeño alivio el retiro de un monto mínimo (una UIT) de los aportes de años. Ahora se generará una nueva tensión contra el TC y el Ejecutivo, mientras el Legislativo se lava las manos de su populismo contraproducente.
Todo este artilugio demagógico que agrava más la tragedia social solo esconde la responsabilidad del Estado en su rol de iniciar, implementar y profundizar una verdadera reforma del sistema de pensiones para conseguir una jubilación digna o una vida laboral estable y acorde al costo de vida que nos impone el neoliberalismo.