Pedro Castillo

Pedro Castillo ni drogado ni amnésico : Fiscalía encontró el decreto que disolvía el congreso

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El 7 de diciembre del 2022 , Pedro Castillo anuncia el golpe de estado por televisión , asombrando a toda la nación por tan drástica decisión . De llevarse a cabo implicaría el cierre del congreso y la instauración de un gobierno de emergencia .

Drogado, borracho, demente, inducido, olvidadizo... Los cercanos al expresidente peruano hicieron una defensa inicial basada en que no sabía lo que hacía cuando anunció la disolución del Congreso .

Todo estaba planeado y el decreto lo confirmaría

Fiscalía de la Nación ha descubierto en Palacio de Gobierno el decreto que firmaría el expresidente Pedro Castillo tras dirigirse a la nación el 7 de diciembre de 2022 anunciando el golpe de Estado.

Según documentos obtenidos por «Contracorriente» de Willax TV, se ordenaba la disolución del Congreso de la República y convocación a elecciones para concluir el período constitucional.

“Artículo 1. Disolución extraordinaria del Congreso de la República. Disuélvase el Congreso de la República por vulnerar los artículos 113 inciso 2, 45 y 46 de la Constitución”, dice el decreto.

“Artículo 2. Convocatoria a elecciones. Convóquese a elecciones para un nuevo Congreso para el día domingo 4 de junio del 2023, para que complete el periodo constitucional del Congreso disuelto”, añade.

El borrador del documento estaba fechado el 7 de diciembre de 2022, fecha en que Castillo Terrones declaraba la instalación de un gobierno de emergencia nacional. Fue hallado frente a la oficina de la subsecretaría del despacho presidencial.

Niega todos los delitos

“Me ratifico hoy una vez más en que no cometí delito de rebelión ni conspiración. Hoy estoy convencido de cómo la procuraduría y el Ministerio Público no puede sustentar un supuesto delito. Supuestos, dichos, habría”, comentó Castillo el pasado 25 de mayo.

Fuente : LA República

Nos siguen pegando abajo

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Cómo empezó

Para comprender lo que está pasando en el Perú, hay que regresar unos meses atrás, hacia las campañas electorales del 2021. Durante estas campañas, las encuestadoras de la capital, sus analistas, académicos y la concentración de medios se esforzaron en limitar el debate y la información coyuntural alrededor de un reducido grupo de candidaturas, aquellas que eran reconocidas solo por los grupos hegemónicos: ninguno atinó la mirada hacia lo que se estaba gestando fuera de su radar.

Por ello, cuando el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ganó en primera vuelta, hubo desconcierto y sorpresa frente a este aparente desconocido; outsider, le llamaron, un golpe de suerte, se escuchó por ahí. Sin embargo, luego de publicarse los resultados de segunda vuelta, cuando el candidato desconocido ganó las elecciones contra la hija del dictador, Keiko Fujimori, los desconciertos y sorpresas se transformaron en racismo y odio de clase.

De manera pública, la oposición política, liderada por Keiko Fujimori, hostigaron a los jefes de los organismos electorales con el objetivo de que no se reconozcan los votos a favor de Castillo, votos que, dicho sea de paso, provenían, en su gran mayoría, del Centro y Sur del país, las zonas territoriales con profundos e históricos problemas de pobreza, desigualdad y desnutrición. A pesar de ello, los votos emitidos sí fueron reconocidos, Pedro Castillo logró juramentar como Presidente Constitucional del Perú y, con ello, se aperturó uno de los episodios más tensos de la vida política del país.

Ejecutivo y Legislativo. Dos enemigos frontales

Por las características del sistema de representación, los últimos presidentes del Perú no lograron alcanzar la mayoría en el Legislativo, por lo que tuvieron que aprender a maniobrar políticamente con la representación nacional. Así, el Ejecutivo y Legislativo debían ceder en sus intereses para poder generar cierta gobernabilidad.

Sin embargo, desde el 2016, con la bancada fujimorista como mayoría absoluta, la derecha política se pudo dar cuenta de dos cuestiones: primero, que el Presidente necesitaba del Legislativo para generar cierta estabilidad y, segundo, que el Congreso debía concentrar la mayor cantidad de poder a su favor, resquebrajando, así, la noción mínima de separación y estabilidad entre los tres poderes del Estado.

En ese escenario, el gobierno de Castillo y el Congreso de la República generaron enfrentamientos directos desde el primer día: las Mesas Directivas del Congreso impulsaron la agenda de la vacancia presidencial, sin contemplar el reglamento del Congreso ni lo estipulado en la Constitución; se mal utilizaron los recursos de control político, tales como la cuestión de confianza, y la interpelación y censura de ministros, transformándolos en herramientas de amenaza y hostigamiento; todas las reformas propuestas desde el Ejecutivo, tales como la Reforma Agraria, la Reforma Educativa, la Reforma Fiscal, etc., fueron bloqueadas o, peor aún, ni puestas en la agenda parlamentaria; finalmente, las tres ocasiones en las que el Premier de ese entonces, Aníbal Torres, asistió a la Comisión de Constitución y al Pleno del Congreso para que se incluya un artículo en la Constitución que permita la Asamblea Constituyente, tanto la Comisión como el Pleno se lo negaron.

En contraste, durante el año y medio de legislación, desde las distintas comisiones del Congreso y con el respaldo del Pleno, se lograron modificar más de 50 artículos de la Constitución además de retroceder sobre los avances alcanzados en materia educación, salud, derechos de las poblaciones indígenas y medio ambiente.

Es indudable que el gobierno del presidente Castillo se caracterizó por su inestabilidad e inacción: en 495 días se cambiaron 78 ministros y se conformaron hasta 5 gabinetes ministeriales; sin embargo, es pertinente considerar que la estabilidad y capacidad de gobernanza en cualquier país es resultado de una relación. Si el Ejecutivo presentó inacción y poca capacidad de gobierno ello también fue resultado de una tensión permanente con el Legislativo.

Control político, denuncias de corrupción y hostigamiento

A comienzos del 2022, se empezaron a abrir una serie de investigaciones preliminares contra el Presidente y su entorno familiar por presuntos actos de corrupción. Estas investigaciones se basaban en los testimonios de colaboradores eficaces, más no en evidencias suficientes que puedan sostener las aparentes denuncias.

Sin embargo, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señalada como parte de la red de los Cuellos Blancos, organización internacional de narcotráfico y tráfico de influencias, lideró las investigaciones contra el Presidente, con la protección del Congreso de la República.

Por lo establecido en la Constitución, un Presidente no podría ser procesado mientras esté en funciones, por lo que la Fiscal, al no encontrar mayor prueba que pueda sostener sus investigaciones preliminares, acudió al Congreso para que este resuelva la situación del Presidente; en otras palabras, para que puedan impulsar una vacancia presidencial.

Después de dos intentos fallidos de vacancia, la tercera estaba prevista para debate y votación los primeros días de diciembre del 2022, bajo los supuestos de que el Presidente de la República estaría liderando una organización criminal, tráfico de influencias y hostigamiento a las fuerzas policiales y fuerzas armadas. Mientras, ya se había aprobado en Comisión de Constitución, una moción de Suspensión presidencial; esto es, suspender las funciones del Presidente por un periodo de 36 meses.

La Caja de Pandora

Por acuerdo, el Congreso estableció que el debate y votación de la tercera moción de vacancia presidencial se realice el 07 de diciembre, a las 3pm. Según fuentes del Congreso, este nuevo intento de vacancia tampoco habría conseguido los votos mínimos suficientes; sin embargo, alrededor del mediodía, el Presidente anunció una medida inconstitucional: disolución del Congreso, el establecimiento de un gobierno de excepción y la reorganización del Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional. Esta medida, obligó a que el Congreso adelante la sesión del Pleno bajo un único punto de agenda: la votación de una nueva solicitud de vacancia presidencial; esta vez, por incapacidad moral.

Sin considerar su propio Reglamento ni lo estipulado en la Constitución, el Congreso aprobó la vacancia por incapacidad moral con 101 votos. Mientras ello sucedía, los medios de comunicación anunciaban que Pedro Castillo habría huido por la puerta trasera del Palacio de Gobierno y detenido por el cuerpo policial en la Av. Garcilaso de la Vega; detención que, dicho sea de paso, no contaba con ninguna orden judicial, ni fiscal.

Mientras se trasladaba a Pedro Castillo y a su abogado, el ex Premier, Aníbal Torres, a la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DIROES), en el Congreso ya estaban llamando a que se apersone la próxima Presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien, hasta horas antes, era la Vicepresidenta de Pedro Castillo y quien, hasta hace tres días antes, el Congreso le habría retirado las acusaciones constitucionales que este mismo le habría interpuesto. Así, el Perú tuvo una nueva Presidenta y un ex presidente que estaba siendo acusado de liderar una organización criminal por la cuestionada Fiscal de la Nación, quien, además, seguía sin contar con pruebas suficientes.

La Caja de Pandora II: un gabinete de temer, suspensión de los debidos procesos, Estado de Emergencia y abuso de autoridad

Desde que juramentó el Gabinete Boluarte, las sospechas colectivas se manifestaron rápidamente: según investigaciones periodísticas, el Premier es señalado como parte de los vínculos que tendrían los Cuellos Blancos dentro del Poder Judicial; el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, es un conocido operador político de Chim Pum Callao, organización política también vinculada a los Cuellos Blancos y a las denuncias de corrupción y tráfico de influencias en el caso Odebrecht; la Ministra de Vivienda, también es una conocida operadora política de Odebrecht y de Graña y Montero, mega empresa constructora que administra tres peajes a nivel nacional (en la sierra de Piura, en la Línea 1 del tren eléctrico y en la carretera inter oceánica); y la Ministra de Transportes, accionista de Graña y Montero.

Además de ello, es necesario considerar que varios abogados constitucionalistas han informado que las decisiones que están tomando en el Congreso de la República y en el Poder Judicial estarían siendo llevadas a cabo sin el debido proceso. Estas informaciones se dieron a conocer luego de que el Congreso le haya retirado la inmunidad presidencial a Castillo, sin votación previa, sin considerar el Reglamento Legislativo, y cuatro días después de que Castillo haya sido detenido y llevado a la DIROES. Además de ello, ha resultado un escándalo el hecho de que, horas antes de vencer los siete días de prisión preventiva contra Castillo, la Fiscalía de la Nación solicitó 18 meses más; solicitud que fue resuelta a favor de la Fiscalía y sin la presencia de los abogados del ex presidente.

Frente a todas estas situaciones, desde el 10 de diciembre se vienen desplegando diversas columnas de manifestantes al interior del país, sobre todo en las zonas Centro y Sur, los mismos territorios que votaron por el profesor Pedro Castillo. Estas columnas tienen cinco puntos de reclamos: liberación de Castillo, Asamblea Constituyente, Nueva Constitución, cierre del Congreso y adelanto de elecciones generales.

La respuesta del nuevo gobierno y del actual Congreso es lamentable. Se sostiene un relato parejo para justificar la criminalización de la protesta, se insiste en adjetivar de terroristas, azuzadores y delincuentes a los compatriotas del interior del país, se ha declarado Estado de Emergencia Nacional y toque de queda en 15 regiones del país y los organismos y movimientos de derechos humanos están denunciando abuso policial, torturas físicas y psicológicas contra las personas detenidas, violación domiciliaria y rapto de familias: al inicio de esta pequeña crónica se estaba contabilizando 18 fallecidos a nivel nacional. Ahora, horas después, la cifra ha subido a 24 fallecidos.

La incertidumbre crece

Debo expresar mi profunda preocupación y tristeza por los acontecimientos que están sucediendo en mi país. Las organizaciones y movimientos sociales tienen claridad en sus reclamos, pero el Congreso todavía no logra resolver sobre las demandas de adelanto de elecciones y nueva Constitución. Sumado a ello, hasta el cierre de esta redacción, ya han renunciado los Ministros de Educación y Cultura y la presión a favor de la renuncia de Dina Boluarte crece a cada minuto.

Aún no podría terminar de informarles sobre lo que viene sucediendo en este lado de Latinoamérica, dado que recién estamos llegando hacia el nudo del problema, pero si debo cerrar con esta redacción será con la esperanza de que se pueda hacer eco de la complejidad de la situación y que, a pesar de que el Gobierno y el Congreso se han esmerado en tildar de ignorantes a los movimientos sociales e indígenas, la verdad es que los únicos ignorantes resultaron ser ellos, la clase política.

Escenario de retroceso histórico

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El trasfondo del actual escenario político en Perú, es mucho más complejo de lo que parece. Al menos no es cierta la narrativa del poder mediático que se encargó de mostrarnos una realidad moldeada bajo sus caprichos y necesidades. Se generalizó la idea de que el gobierno de Castillo era corrupto por naturaleza y que era insostenible cualquier cosa que intentara hacer (como si la corrupción gobiernista nunca antes existió en el Perú). Se le encasilló en una figura diseñada a la conveniencia de sus opositores y se le desdibujó desde el inicio.

No decimos que la gestión de Castillo fuera inmaculada y que había que cerrar filas a su alrededor. Desde el inicio advertimos las serias limitaciones de un personaje y un proyecto carente de médula ideológica y/o norte claro. Siempre supimos que Castillo era un factor aleatorio y extraño en política (pese a su efímero pasado como «dirigente sindical»). Era previsible un mayor descalabro a partir de la carencia de un programa de transformación constructiva. No fue el estadista o el cuadro carismático que configurara un arrastre popular con respaldo militante. No fue la expresión de una izquierda con acumulación de experiencia o con talante rupturista.

Pero desde siempre dijimos que con todas sus limitaciones y yerros, era la incipiente posibilidad de algún tipo de quiebre institucional en un país gobernado históricamente por la oligarquía y su partidocracia adicta a las repartijas y el elitismo centralista. Y, por tanto, era menester analizarlo y afrontarlo desde una lectura de clase, desde una óptica popular, desde abajo y a la izquierda. Esto significaba que jamás se podía repetir la monserga ultraderechista que desde el rancio anticomunismo buscaba atacarle bajo premisas no democráticas, sino golpistas y reaccionarias.

Para la formalidad del establishment criollo, Castillo venía a representar todo lo contrario a su normalidad burguesa. Aquí observamos un enfoque ya no solamente ideológico (político-económico), sino un desprecio racista hacia la «otredad». El discurso macartista pronto se quedó sin piso cuando se escuchaba y veía al expresidente rodeado de gabinetes ministeriales o asesores políticos claramente identificados con la derecha. Desde el Ejecutivo no hubo voluntad para cuestionar el modelo económico y se optó por el continuismo neoliberal para calmar a la élite empresarial. Entonces, el meollo incluyó el racismo como expresión sociocultural que se enraizó desde la colonia y se profundizó durante la república.

Ahora estamos frente a un escenario de retroceso histórico, de derrota política. No por Castillo, en tanto persona o figura, sino por el impacto cultural que esto denota en un corto y mediano plazo. La ultraderecha ha buscado vencer a su enemigo ya no con las armas del debate ideológico ni con la polarización de las calles movilizadas, sino con la imposición de un imaginario colectivo donde izquierda sea sinónimo de corrupción e incapacidad de gestión pública. Y a esa victoria parcial del enemigo de clase, han contribuido firmemente elementos o partidos autodefinidos como «del pueblo» o con «sensibilidad social».

Foto: Caretas

Crónica de una vacancia anunciada

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Todo va saliendo según el plan diseñado por la ultraderecha. El Ejecutivo nunca tuvo un plan de respuesta, he ahí la diferencia.

Lo que está viviendo el Perú en este momento es el colapso de un proyecto que nació muerto. Se tuvo la oportunidad histórica de generar un quiebre en la institucionalidad política del país y no solo se desperdició sino que se ayudó a petardearlo al compás de la agenda golpista de la reacción.

Y en medio del caos y la incertidumbre, ya salen los sectores de la socialdemocracia y el liberalismo «democrático» a secundar las chillidos de la derecha. Aquí no se trata de defender lo indefendible (un gobierno continuista y neoliberal como el de Castillo) sino de tener mejor lectura política y saber jugar en el tablero de ajedrez de este proceso. Hoy se le entregó el país, en bandeja de plata, a la oligarquía de siempre. Y de eso no se retorna, lamentablemente.

Mientras que mucha gente bromea con eso de que Dina Boluarte será o ya es la primera presidenta del Perú (algo que nunca lograron Keiko Fujimori, Lourdes Flores o Mercedes Aráoz), lo cierto es que estamos ante una nueva marioneta de la ultraderecha.

Ella «gobernará» el plazo breve que los dueños del país lo permitan, ella hará lo que el amo empresarial diga, ella cumplirá «democráticamente» la agenda reaccionaria de la oposición hasta que llame a nuevas elecciones generales donde, una vez más, será la oligarquía y su partidocracia quien gane y tome el poder absoluto en el país.

CASTILLO DISUELVE EL PARLAMENTO

Pedro Castillo, mediante un mensaje a la Nación, anunció la DISOLUCIÓN del Congreso de la República, además de la reorganización de la Fiscalía y el Poder Judicial, la convocatoria a elecciones parlamentarias y el toque de queda a partir de hoy.

Al instante, el comandante general del Ejército, general EP Walter Córdova Alemán, presentó su carta de renuncia al cargo y su solicitud de pase al retiro, al ministro de Defensa, Gustavo Bobbio. Se han sumado en las renuncias ya hasta tres ministros bajo argumentos «principistas» y «democráticos».

Si la crisis nacional estaba muy crispada, ahora se vienen tiempos de extrema convulsión. La ultraderecha se relame las fauces, ahora los golpistas llaman «golpista y dictador» a Castillo. La calle deberá responder con urgencia. Pero no hay bases populares que respalden a este gobierno que se ha puesto de espaldas a sus propios votantes.

De momento todo está servido para que la ultraderecha vuelva a tomar el control absoluto del país. Empieza el festival de renuncias ministeriales (y de otros cargos públicos cercanos a Castillo). Bajo argumentos «democráticos» (falacia política en clave oportunista) ya son varios los que están abandonando el barco gobiernista. Esto seguirá creciendo bajo la premisa de salvar sus propios cuellos y bolsillos.

Castillo buscó adelantarse a la vacancia inminente que le tenía preparado el Congreso. Pero de momento todo indica que ha sido una jugada torpe. Ha disuelto el Legislativo sin argumento constitucional aparente. Ahora vendrán interpretaciones juristas pero el poder mediático está trabajando en dejar claro que Castillo es «dictador, usurpador y corrupto».

Castillo les ha dado mayores argumentos a sus enemigos políticos para aplastarle a los ojos impávidos de un país que sigue en la incertidumbre político-social. La ultraderecha usará y abusará de este episodio para enterrar cualquier posibilidad de cambio desde la izquierda. El impacto histórico a mediano y largo plazo será terrible

Cuestión de confianza y pugna de poderes

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Un botón más de muestra de la pugna de poderes (Ejecutivo vs Legislativo) en Perú. Ahora, el primer Ministro, Aníbal Torres, pide cuestión de confianza al Parlamento para la derogatoria de la Ley 31399 (aprobada en enero y que reafirma que toda iniciativa de reforma constitucional que se someta a referéndum debe pasar previamente por el Congreso), dejando en shock al bando golpista en ese recinto político.

Y al instante, los esbirros de la prensa corporativa entrevistan a voceros de la (ultra)derecha para decir que tal pedido de confianza es una simple, aunque astuta, jugada de Castillo para contrarrestar el ataque de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que admitió la denuncia de la Fiscal de la Nación (que pinta como inconstitucional). Desde la oposición dicen que el ministro Torres incurre en un «imposible jurídico» y que el Ejecutivo está iniciando el proceso de cierre del Congreso.

Luego, estos mismos noticieros reaccionarios hablan de un «afán de golpe de Estado» por parte de Castillo (y lo comparan, por enésima vez, con Hugo Chávez y Evo Morales) para «usar el referéndum y perpetuarse en el poder». Esto es cinismo puro y duro, sabiendo que es más que evidente la agenda golpista de la ultraderecha peruana (Congreso, prensa, Fiscalía de la Nación, empresariado, etc.) para retomar el poder del Estado y el control absoluto del país (que lo tuvieron desde los inicios de la república).

El trasfondo inmediato de la oligarquía peruana es cortar cualquier posibilidad de avance social hacia una ruta que desemboque en una Asamblea Constituyente. Y el enfoque a mediano plazo es la desarticulación a cualquier nuevo intento de reagrupamiento popular desde la izquierda para quebrar el rumbo de la historia nacional. Y el gobierno en ese sentido contribuye, directa o indirectamente, con quienes cree que son sus enemigos políticos.

Foto: Huaral.pe

Apuntes sobre la reciente «Toma de Lima»

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Sobre la movilización de hoy, denominada «La toma de Lima», habría que comentar que:

– A diferencia de las marchas o pasacalles organizadas por la (ultra)derecha, hoy sí se vio a sectores populares articulados en torno a pliegos de reclamos de carácter urgente. Se movilizaron gremios sindicales, federaciones obreras, frentes regionales, comités vecinales, asambleas campesinas, coordinadoras estudiantiles, etc. Aunque mezclados con sectores variopintos y «peculiares» (reservistas, antivacunas, etc.), se pudo sentir un conglomerado que salió más allá de una simple defensa irrestricta del gobierno (como señala la prensa) buscando tensar el momento en busca del desarrollo de las demandas sociales que exigen mayor presupuesto a sectores estratégicos de la economía nacional (para superar el período de crisis en ciernes), así como el cierre del Congreso golpista o incluso la necesidad de una asamblea popular constituyente que refunde la nación por fuera del marasmo neoliberal actual.

– Por supuesto que un panorama de movilización popular no estará exento de ser «aparateado» por un gobierno vapuleado por sus enemigos políticos. Es así que desde el Ejecutivo se buscó la injerencia abierta en la marcha de hoy, a través de sus operadores y voceros sociales. Esto con el objetivo de contrarrestar la polarización mediática contra la actual gestión de Castillo. Nuevamente se pretende extender una dicotomía beligerante desde las élites. La actual lucha de poderes (Ejecutivo – Legislativo) no tiene al pueblo como elemento central ni como bandera de combate, sino como chivo expiatorio o furgón de cola. Desde la oposición golpista y reaccionaria se busca llevar al país al borde del abismo (en materia sociopolítica e incluso económica) y desde el oficialismo entrampado se pretende dar un paso hacia adelante, en esa pésima dirección.

– El factor de la violencia que —una vez más— ha exacerbado la prensa corporativa como único arista a destacar en la movilización de hoy, es el largo guion que cumple el poder mediático como papel activo dentro de la agenda golpista. El tratamiento noticioso hoy fue diferente. No hablaron de «ciudadanos movilizados», ni de «pueblos indignados» frente al abuso o corrupción del poder de turno (como sí lo hicieron con los pasacalles de la ultraderecha), sino de agresiones contra ciertos periodistas de «medios democráticos». Nuevamente el monopolio de la violencia está en manos de quienes moldean la opinión pública y no hacen reparos en mostrar contenido sesgado con arbitrariedades evidentes.

– El Perú sigue inmerso en un período de crisis estructural. El país continúa sumido en una vorágine de incapacidad política y seguidismo neoliberal. Las disputas por cuotas o control absoluto del poder han desvanecido el interés inicial por reformas sociales en los que los sectores populares depositaron su confianza. Hoy tenemos a la misma élite ensimismada en no perder el botín, mientras el descontento general sigue creciendo y volviéndose caldo de cultivo de plataformas oportunistas que podrían ser mucho peor de lo que ya estamos padeciendo.

Fiscal de la nación: eco del plan golpista

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La justicia, la democracia, el equilibrio de poderes y la lucha anticorrupción en el Perú son falacias gaseosas o conceptos utilitarios para presiones interesadas de uno u otro bando en disputa por el poder absoluto.

La reciente ola mediática nos dice que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, vuelve a arremeter con denuncias contra Pedro Castillo, sin aceptar que tal medida es parte de una infracción a la Constitución (delito de prevaricato al presentar una denuncia constitucional contra el presidente), apelando a un tratado internacional de las Naciones Unidas contra la corrupción.

No hay que ser constitucionalista para saber que la actual Constitución señala en su artículo 117 que “el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su periodo, por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”. Y esto, que sepamos, no se ha dado desde el Ejecutivo.

Es claro el desarrollo del plan golpista que aúna al Legislativo con ciertas salas fiscales con tinte político antes que judicial. Pareciera que es la primera vez que padecemos un gobierno nefasto, cuando la peste de la corrupción ha sido parte de los usos y costumbres de la historia republicana de nuestro país, sin excepciones. Sucede que ahora tenemos esta cacería de brujas con un agravante racista, oligarca y elitista. Incluso lo ideológico ya pasó a segundo plano, pues Castillo y compañía nunca fueron el «terror comunista» que nos dijeron.

Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley

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Dicen que hay persecución contra el Presidente de la República y su familia. Y pienso que tienen razón. Con ello no quiero decir que el Presidente y su familia no nos deban explicaciones; al contrario: por supuesto que sí. Justamente por ello, también considero que el proceso por el cual nos deben rendir explicaciones no está siendo llevado a cabo debidamente.

La noción más importante de cualquier sistema de justicia es la responsabilidad de tomar una decisión basada en los hechos, no en el sentimiento, no en la venganza: la justicia no es venganza. Sin embargo, es bastante claro cómo se ha reemplazado la campaña del supuesto fraude electoral del año pasado por la campaña que hoy se organiza contra Castillo. Las consignas han cambiado, pero el interés sigue siendo el mismo: no reconocer la autoridad elegida.

El principio básico de nuestro sistema judicial es que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Sin embargo, a pesar de no tener las pruebas, a pesar de no tener los testigos, a pesar de no tener nada más que procesos preliminares, el Congreso de la República, los medios masivos de comunicación, y otras organizaciones similares, ya dictan sentencia: Castillo es culpable.

Pero ello, no es suficiente. A pesar que no se ha dado indicios de posible fuga, a pesar que aún no hay alguna investigación abierta formalmente y que no hay ningún cargo imputado por parte del Poder Judicial, se está solicitando prisión preventiva contra uno de los miembros de la familia del Presidente. Se le está acusando de sospechoso al hijo menor de edad por tener S/.6,600 soles en su cuarto. Se solicita impedimento de salida a la esposa, cuando ella tampoco presenta ningún riesgo de fuga. En fin, la lista podría seguir.

Además de todo ello, Patricia Benavides, la actual Fiscal de la Nación, quién sería la encargada de dirigir todo el proceso de investigación contra el Presidente y su familia, está siendo denunciada constitucionalmente por abuso de poder y obstrucción de la justicia al haber hostigado contra la fiscal Revilla cuando esta llevaba a cabo una investigación contra la Juez Suprema, Emma Benavides, hermana de la Fiscal, por estar cobrando cupos para liberar narcotraficantes e integrantes de la organización «Los Cuellos Blancos».

Finalmente, es de acceso público el registro de la Procuraduría General donde figuran los nombres de actuales congresistas de Fuerza Popular, Somos Perú, Acción Popular, Alianza por el Progreso, Avanza País y Podemos por tener una o varias investigaciones en curso por peculado, colusión agravada, corrupción de funcionarios, etc.

De hecho, según lo calculado por la Procuraduría, el total de dinero que estos congresistas le habrían robado al Estado asciende a la suma de S/. 64,839,846.00. Sin embargo, no hay ningún pedido de, si quiera, mandar a Comisión de Ética a alguno de estos representantes nacionales, ni mucho menos se está solicitando que sean desaforados.

Los tres poderes del Estado están en peligro y abajo, en el llano, estamos nosotros malabareando el día a día. Sin embargo, no podemos perder la perspectiva: que se investigue lo que se tenga que investigar pero con las garantías y los procesos adecuados y no porque un grupo de políticos corruptos, vengativos y golpistas siguen insistiendo que la voluntad electoral no vale nada si no les conviene a sus intereses. No se trata de Castillo, se trata de nuestro proceso, de nuestra estabilidad y del respeto a nuestra voluntad a elegir.

Hipocresía parlamentaria

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Castillo empezó su discurso con referencias directas a los «sectores más conservadores que no quieren que el país cambie y que nunca reconocieron su legítima derrota electoral». Luego señaló el rol de la prensa y su papel desestabilizador y cómplice de las campañas golpistas.

Fue en ese contexto en que una tal Norma Yarrow (y otros esperpentos más de la ultraderecha) hacen un chillido de intolerancia para mostrar toda su ponzoña recalcitrante y reaccionaria. Y pretenden vendernos esto como «indignación democrática». A otro perro con ese hueso.

El fujimorato (junto a sus esbirros y mutaciones) nuevamente chillando desde el Parlamento y acusando de «corrupto» a Castillo al final de su discurso y exigiéndole su renuncia. O sea, los dueños absolutos de la corrupción en el Perú buscando desviar la atención hacia otro actor político. Los herederos y defensores del megacorrupto y exdictador que renunció miserablemente por fax, ahora se pintan de «democráticos y decentes»… ¡No jodan!

Y si Castillo es responsable de algún delito, pues que se pruebe y se sentencie luego de un debido proceso. Pero que esto no sirva de caldo de cultivo para intentonas golpistas y nueva entronización política de los oligarcas de siempre.

Foto: Infobae

Esta deuda no es nuestra

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Y cuándo nos veremos con los demás,

al borde de una mañana eterna,

desayunando todos!

César Vallejo

Hubo tres noticias relevantes en estos días. La primera corresponde a una medida del Ejecutivo: el 3 de abril, se aprobó aumentar el salario mínimo vital para el sector privado; así, según el Decreto Supremo núm. 003-2022-TR, el aumento iría de S/.930 a S/.1025. La segunda es que el Ejecutivo y Legislativo aprobaron un dictamen para exonerar del IGV a algunos alimentos de la canasta básica familiar. La tercera, la más reciente, es que el Pleno del Congreso deberá decidir si aprueba o no el dictamen de la Comisión de Economía del Congreso, para que las personas afiliadas al Sistema Privado de Pensiones puedan retirar hasta S/.18,400 de sus ahorros previsionales.

Vamos por partes. El aumento del salario mínimo vital estaría destinado solamente a los trabajadores formales del sector privado. Esta medida no parece ser efectiva por dos razones: primero, porque la tasa de informalidad a nivel nacional es de casi 80% (más de 9 millones de trabajadores, lo cual marca un record desde el 2001) y, segundo, porque dentro del sector privado solamente aquellas empresas con alta productividad (con más de 50 trabajadores) podrían asumir este aumento salarial; empresas que, dicho sea de paso, están contratando 15% menos con respecto al 2019. Esto significa que el aumento salarial sería para un grupo muy reducido de trabajadores, por lo que, en último término, esta medida podría provocar mayor inseguridad laboral, desigualdad y precariedad.

Sobre la exoneración del IGV para ciertos productos de la canasta básica, el problema es más complejo. Para empezar, aunque el ministro de Economía Oscar Graham afirme que la exoneración será a favor de toda la cadena productiva, en realidad lo dispuesto solamente aplicará a las operaciones de importación. Entonces, teniendo en cuenta que los alimentos importados son componentes importantes y, de otro lado, es un sector oligopolizado, los primeros grandes beneficiados serán las empresas que controlan la industria alimentaria: Alicorp y Grupo Gloria.

Aun más, Pedro José de Zavala, director de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), advirtió en entrevista en Radio Exitosa que, si bien se ha exonerado el IGV en productos como el pollo o el huevo, esto no ha sido así para toda la cadena de proveedores de insumos que se necesitan para mantener la cadena de producción. En conclusión, si solamente se les exonera el IGV a los proveedores de pollo y no a los proveedores de soya o maíz, el precio del pollo tendría que subir para así pagar los impuestos de los no que no han sido exonerados.

En otras palabras, la disminución del precio no solo favorecería a las grandes industrias alimentarias, sino que, además, afectaría directamente a los proveedores y productores. Por lo que, tal como ha pasado con el combustible, el precio de venta final (el precio de venta al consumidor) no se modificaría sustancialmente.

Por otro lado, si consideramos que el IGV es el impuesto que más recauda el Estado, las exoneraciones generarán una ruptura en la cadena de cobro de este impuesto. De hecho, según el Ministro de Economía, con esta medida de exoneración se dejará de recaudar S/.50 millones, pero, insiste en que es una medida a favor del consumidor.

Finalmente, luego de los cinco retiros extraordinarios de los fondos de pensiones que aprobó el Congreso en el 2021, ahora se quiere volver a aprobar una medida similar para autorizar el retiro de 4 UIT (S/.18,400), con el fin de reactivar la economía. Sobre ello, Elio Sánchez, el superintendente adjunto de AFP de la SBS, declaró para TVPerú que, para empezar, el sistema de pensiones no es para reactivar la economía sino para garantizar que los afiliados puedan acceder a una cuenta de ahorros que les pueda sostener durante toda su etapa de jubilación. Además, señaló que, producto de las medidas antes aprobadas (las del 2021), se han retirado más de 66 millones de soles, lo que ha generado que más de la mitad de afiliados al sistema de pensiones cuente con menos de 1 UIT (S/. 4,600) en sus cuentas y que el 30% de afiliados no tenga ningún ahorro.

En este panorama tan hostil a nuestras economías de sobrevivencia, el Gobierno, el que se autodefine como “popular”, aquel que firma cada comunicado oficial como «Siempre con el pueblo», está aprobando una serie de paquetazos sin criterio, sin respeto y sin dignidad, con el claro objetivo de hacernos pagar, a nosotros, a los subempleados, a los desempleados, a los jubilados sin ahorros, a las familias sin ahorros, a los estudiantes sin ahorros, una deuda generada por el Estado, para hacer frente a la crisis sanitaria: el costo de vida es insostenible y ahora, con la indignación y descontento histórico y generalizado, se suma la decepción.

Es evidente que el Gobierno y el Legislativo no tienen la capacidad suficiente para gestionar la indignación cotidiana que la población siente ante el desgobierno. Más aún, dentro de todo, lo que más desconcierta es la fría mediocridad con la que decidieron responder a las expectativas generadas ya que, como dijo el sociólogo Omar Coronel, este tipo de maltratos y ofensas se esperaban de presidentes como García o PPK, pero no del profesor del Perú profundo.