La narrativa normalizada respecto al terrorismo en Perú es que se trata de un elemento de exclusiva responsabilidad del «comunismo». Desde las elites dominantes y el poder mediático se ha impuesto la pretendida sinonimia entre justicia social y terrorismo.
Se ocultan o se niegan las prácticas sistemáticas de terrorismo de Estado y de la patronal contra obreros y campesinos en masacres de Vitarte, Chicama, Huacho, Trujillo, Cerro de Pasco, etc (entre 1900-1940). No se habla de las políticas de tierra arrasada contra comunidades originarias en gobiernos democráticos de Belaúnde, García, Fujimori, etc. No se habla de los crímenes de Estado en la diversas dictaduras militares (o regímenes civiles corruptos) que ha padecido nuestra república.
Y se quiere borrar de la historia la responsabilidad directa de las fuerzas armadas y la policía en todos estos procesos represivos con impacto genocida. Basta revisar sus manuales de inteligencia y contrainsurgencia para ver la evolución macartista y reaccionaria (bajo asesoría directa de organismos tipo CIA) a través de la implementación de prácticas de guerra asimétrica o de baja intensidad para fortalecer la criminalización de la protesta social y evitar cualquier nuevo proyecto armado o de masas.
Así que trasladar el debate del inicio o los verdaderos gestores del terror antipopular hacia los cuerpos represivos del Estado, no es un despropósito ni un motivo de hipócrita indignación, sino la necesidad de construir un debate crítico nacional que logre entender el meollo de las heridas y la fractura social en nuestro país, y así buscar soluciones objetivas.
Pd. ¿El Ejecutivo ha dicho o mostrado algún respaldo a Héctor Béjar Rivera por la agresión y cargamontón que ha sufrido a manos de la ultraderecha?
