1.- Es claro que esta siempre fue una disputa interburguesa, entre dos facciones de derecha, cada cual representando sus propios intereses y agendas políticas. Y en esta contienda perdió el que tuvo menos respaldo estratégico. La caída de Vizcarra demuestra un Ejecutivo debilitado y carente de gobernabilidad, pues —entre otras cosas— nunca tuvo una bancada parlamentaria que lo respalde y frene las arremetidas del Legislativo que sí logró consensuar su ataque en bloque bajo la desgastada argucia de la «lucha anticorrupción», cuando siempre estuvo claro que en ambos poderes del Estado el nivel de corrupción es realmente alarmante. Ahora Manuel Merino asume y convocará a un gabinete ministerial acorde a sus socios parlamentarios. Empieza la repartija del poder, que no quepa ninguna duda.
2.- El lío ha sido eminentemente político, sin trastocar el factor económico. En esta crisis institucional, la Confiep no se ha visto afectada; por el contrario, no tuvo reparos en distanciarse rápidamente (vía pronunciamiento público) del vacado Vizcarra a quien abandonan como una ficha reemplazable, como un político desgastado y sin partido propio, como un mal estratega que se autoliquidó rápidamente, y le dan la bienvenida a Merino, un hombre con partido de la derecha tradicional (Acción Popular) y con un claro historial en defensa del status quo nacional. Y en este tinglado, las Fuerzas Armadas han cumplido el rol de siempre: salvaguardar los intereses de la élite con mayor capacidad de control sociopolítico. Mientras que la presidencia del Congreso queda en manos de Luis Valdez (Alianza Para el Progreso), quien tiene 52 investigaciones abiertas en el Ministerio Público, algunas por su gestión como gobernador de La Libertad (¿y la incapacidad moral?).
3.- En lo que respecta al carácter de legalidad de la vacancia aprobada, vale la pena apuntar que hace dos meses, en el contexto del primer intento de vacancia presidencial, el Ejecutivo presentó una demanda competencial y una medida cautelar, en la que se planteaba que el Congreso no podía vacar al presidente, ya que los supuestos de incapacidad moral son demasiado laxos. La cautelar fue rechazada y sobre ese tema no hay vuelta atrás, pero aún subsiste la demanda de fondo. Entonces, para algunos analistas, el Tribunal Constitucional generó en parte este problema cuando no resolvió la cautelar a tiempo. Si hubiera admitido la cautelar en su momento, y le hubiera ordenado al Congreso no pronunciarse sobre ninguna vacancia en aplicación del supuesto por incapacidad moral permanente, mientras no se resuelva el tema de fondo en la demanda competencial mencionada. Y aunque aún se espera el pronunciamiento oficial del TC, esto podría ser mero trámite formal que ya no cambiaría el curso de las cosas.
4.- El papel de la izquierda —en términos muy generales— en esta coyuntura, ha sido difusa, dispersa o intrascendente. Durante el desarrollo de la pandemia se vio un claro divorcio entre la izquierda parlamentaria y el progresismo oficial respecto de las demandas y ajetreos de la población afectada. Se dieron procesos de lucha o movilización en barrios y comunidades buscando alimentos y mecanicismos básicos de subsistencia; asimismo, se generaron protestas sindicales contra los despidos masivos y los abusos laborales, pero ni fueron recogidos por la izquierda institucional ni se generaron políticas en favor de estos sectores. Y hoy se habla de avanzar hacia un proceso de Asamblea Constituyente y nueva Constitución. Como consigna política es alentadora, pero ¿sobre qué bases? ¿Sobre qué comunidad organizada? ¿Sobre qué nivel de representación de masas? ¿Con qué izquierda como vanguardia consensuada?
5.- Sobre las recientes movilizaciones en varios puntos del país, es cierto que se trata de marchas ciudadanistas convocadas primigeniamente contra el Congreso espurio y su vacancia ilegítima, es cierto que existe presencia de políticos oportunistas buscando pescar a río revuelto (Guzmán, Forsyth, Mendoza, etc.), es cierto que su carácter general es liberal y funcional a la defensa de una supuesta democracia corrompida y corruptora, es cierto que no se trata de una protesta de clase trabajadora. Pero no es correcto hacer un análisis despectivo o denostar al grueso de la masa movilizada como si fuera un simple pasacalle burgués. Ahora mismo esa movilización ha congregado a mucha gente que no va a defender a Vizcarra, pues vemos presencia de trabajadores y estudiantes que no van a favor del gobierno vacado, sino en contra de la arbitrariedad del Congreso y su repartija. Hay varios detenidos que serán procesados, hay heridos por lacrimógenas y perdigones, hay represión generalizada. Y esto nos debe llamar a la solidaridad inmediata y a buscar profundizar el actual escenario de conflicto social. Se debe tensionar el momento para pasar de la defensa institucionalista a la protesta popular, para pasar de la indignación ciudadanisista a la abierta lucha de clases enfocando que la vacancia es irrelevante o nociva si no se plantea la abolición de la Constitución fujimorista que padecemos. El «que se vayan todos» debe ir acompañado de estrategia de lucha con política de masas que se sostengan más allá de coyunturas o enredos electorales.
Por: Franz Verne, Periodista e investigador social