Dicen que hay persecución contra el Presidente de la República y su familia. Y pienso que tienen razón. Con ello no quiero decir que el Presidente y su familia no nos deban explicaciones; al contrario: por supuesto que sí. Justamente por ello, también considero que el proceso por el cual nos deben rendir explicaciones no está siendo llevado a cabo debidamente.
La noción más importante de cualquier sistema de justicia es la responsabilidad de tomar una decisión basada en los hechos, no en el sentimiento, no en la venganza: la justicia no es venganza. Sin embargo, es bastante claro cómo se ha reemplazado la campaña del supuesto fraude electoral del año pasado por la campaña que hoy se organiza contra Castillo. Las consignas han cambiado, pero el interés sigue siendo el mismo: no reconocer la autoridad elegida.
El principio básico de nuestro sistema judicial es que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Sin embargo, a pesar de no tener las pruebas, a pesar de no tener los testigos, a pesar de no tener nada más que procesos preliminares, el Congreso de la República, los medios masivos de comunicación, y otras organizaciones similares, ya dictan sentencia: Castillo es culpable.
Pero ello, no es suficiente. A pesar que no se ha dado indicios de posible fuga, a pesar que aún no hay alguna investigación abierta formalmente y que no hay ningún cargo imputado por parte del Poder Judicial, se está solicitando prisión preventiva contra uno de los miembros de la familia del Presidente. Se le está acusando de sospechoso al hijo menor de edad por tener S/.6,600 soles en su cuarto. Se solicita impedimento de salida a la esposa, cuando ella tampoco presenta ningún riesgo de fuga. En fin, la lista podría seguir.
Además de todo ello, Patricia Benavides, la actual Fiscal de la Nación, quién sería la encargada de dirigir todo el proceso de investigación contra el Presidente y su familia, está siendo denunciada constitucionalmente por abuso de poder y obstrucción de la justicia al haber hostigado contra la fiscal Revilla cuando esta llevaba a cabo una investigación contra la Juez Suprema, Emma Benavides, hermana de la Fiscal, por estar cobrando cupos para liberar narcotraficantes e integrantes de la organización «Los Cuellos Blancos».
Finalmente, es de acceso público el registro de la Procuraduría General donde figuran los nombres de actuales congresistas de Fuerza Popular, Somos Perú, Acción Popular, Alianza por el Progreso, Avanza País y Podemos por tener una o varias investigaciones en curso por peculado, colusión agravada, corrupción de funcionarios, etc.
De hecho, según lo calculado por la Procuraduría, el total de dinero que estos congresistas le habrían robado al Estado asciende a la suma de S/. 64,839,846.00. Sin embargo, no hay ningún pedido de, si quiera, mandar a Comisión de Ética a alguno de estos representantes nacionales, ni mucho menos se está solicitando que sean desaforados.
Los tres poderes del Estado están en peligro y abajo, en el llano, estamos nosotros malabareando el día a día. Sin embargo, no podemos perder la perspectiva: que se investigue lo que se tenga que investigar pero con las garantías y los procesos adecuados y no porque un grupo de políticos corruptos, vengativos y golpistas siguen insistiendo que la voluntad electoral no vale nada si no les conviene a sus intereses. No se trata de Castillo, se trata de nuestro proceso, de nuestra estabilidad y del respeto a nuestra voluntad a elegir.
Tal como ya se venía advirtiendo, la relevancia política del Congreso de la República y, sobre todo, de la Mesa Directiva, cobró especial protagonismo desde el 2016; ello debido al ejercicio de control que se puede hacer desde la Mesa y, sobre todo, ante la posibilidad de una sucesión del poder frente a la posibilidad de vacancia o renuncia presidencial. Desde este punto y con el aprendizaje acumulado de los años anteriores, el fujimorismo y las fuerzas conservadoras y reaccionarias entraron al Hemiciclo del 2021 con bastante claridad: se repartieron las comisiones necesarias para, de una vez por todas, poner en evidencia hacía donde está corriendo el viento, a favor y en contra de quién.
Sin embargo, luego de un año de pan y circo, la oposición de siempre y la oposición de facto no lograron concentrar una mayoría suficientemente fuerte que pueda liderar a favor de sus propios intereses y propósitos. Y ello, justamente, se demostró durante todo el proceso para la conformación de listas y elección de la Mesa Directiva.
Tal como se sabe, desde hace 30 años, el escenario usual fue la presentación de dos listas para que postulen a la Mesa Directiva: la lista del oficialismo y la lista de la oposición. Alguna vez se han presentado tres, en donde la tercera lista usualmente representó algunos sectores reaccionarios y extremos. Sin embargo, esta vez, hemos tenido cuatro listas; algo que hasta ahora no había pasado.
Previas a la elección
Regresemos meses atrás, cuando se empezó con el rumor de una tal Gladys Echaíz, ex congresista por Alianza por el Progreso, y ex Fiscal de la Nación, la misma que protegió a Alan García en, por lo menos, dos grandes momentos: durante las investigaciones que lo apuntaban como responsable de la masacre de Accomarca, cometida en 1985, y de las primeras investigaciones que se realizaron en la Mega Comisión liderada por el entonces congresista Sergio Tejada, por los casos de los Petro Audios.
Pues bien, desde hace varios meses, se estuvo voceando que esta ex Fiscal, ahora congresista y miembro de la Comisión de Constitución, iba a ser la próxima Presidenta del Congreso. Más aún, los rumores que se soltaban en Pasos Perdidos señalaban que el interés que tenia Echaíz para asumir la presidencia del Legislativo se justificaba bajo un posible escenario de vacancia presidencial; escenario que, si jugaba bien sus cartas bajo la mesa, la podía poner para la sucesión del poder. Bastante ambiciosa.
Tan ambiciosa que, días antes de la inscripción de las listas, su propia bancada no la respaldo, bajo la sospecha/temor de que su bancada no pueda imponer su agenda parlamentaria por encima de la agenda personal. Más aún, no solo no le dieron respaldo, sino que la empujaron directo a los brazos de la bancada Montoya.
Conformación de las listas
Días previos a la inscripción de la lista, los congresistas comenzaron a hacer sus jugadas y amarres. Tanto así, que se sabe que Montoya y Echaíz, dos efusivos anti comunistas y anti izquierdistas, se reunieron con Waldemar Cerrón de Perú Libre y Alex Paredes del Bloque Magisterial, para negociar votos y conformación de lista. Sin embargo, evidentemente, las negociaciones salieron mal; sin embargo, este tipo de reuniones nos pone en evidencia cómo afuera, en el Hemiciclo y en los medios de comunicación, los unos y los otros se ponen rabiosos, pero a puertas cerradas están dispuestos a sentarse y negociar.
Luego de la pateada de mesa, sale Montoya a declarar en Pasos Perdidos que su bancada no conformaría ninguna lista, ni siquiera con Echaíz; sin embargo, horas después, nos llegó la novedad de que no solo iban a postular uno, sino dos de su bancada: Gladys Echaíz y Esdras Medina (el mismo que impulsó la contra reforma universitaria para blindar el negociazo de las universidades privadas informales). Más aún, a pesar que Echaíz choteó a Waldemar Cerrón, Medina aprovechó y sí acepto armar una lista con el cuadro/dueño de Perú libre.
Después de tantas vueltas, promesas y jugadas, se presentaron cuatro listas para la Mesa Directiva: la lista 1, encabezada por Lady Camones, en alianza con sus viejos amigos del fujimorismo, Podemos y Somos Perú; la lista 2, encabezada por Héctor Acuña, en alianza con Juntos por el Perú, Perú Democrático y Perú Bicentenario; la lista 3, encabezada por Esdras Medina, en alianza con Perú Libre, Ilich López (uno de los niños de Acción Popular) y el Bloque Magisterial; y la lista 4, encabezada por Gladys Echaíz y Avanza País.
Las reinas calaveras
Los resultados ya los sabemos. Fue tanta la debilidad de las listas presentadas que ninguna obtuvo lo mínimo requerido y las dos con mayor votación, la lista Camones y la lista Medina, tuvieron que ir a segunda vuelta; finalmente, la lista Camones gana la Mesa Directiva y, con ello, se fortalecieron dos grandes liderazgos: el liderazgo del fujimorismo y el liderazgo de Malcricarmen.
¿liderazgo del fujimorismo? Sí y no solo me refiero a la presencia de Martha Moyano, sino que la misma Lady Camones ya tenía sus relaciones políticas con el fujimorismo, cuando la postularon para las elecciones regionales del 2018. Ello significa que el fujimorismo tiene la mitad de la Mesa Directiva. ¿liderazgo de Malcricarmen? Así es, y ello debido a la continuidad que representa Camones (recordar que ella fue la 1era vicepresidenta de la Mesa Malcricarmen) y porque la figura de Malcricarmen tiene la fuerza suficiente para mantener/imponer la agenda legislativa que favorezca la concentración del poder político en el Legislativo (por ejemplo, con el Proyecto Ley de la bicameralidad y la vacancia presidencial) y porque el golpe que se le dio a Medina para que no llegara a la Mesa Directiva no solo fue para favorecer a Camones sino, sobre todo, para ir dejando en claro a los niños de Acción Popular que ellos ya no son parte del club.
Ahora bien, luego de todo este teatro, vale preguntarse las razones que estarían impulsando a los congresistas para tantos tira y afloja. Mi intuición me lleva a decir que el núcleo del asunto está en el hecho de que el Congreso no tiene legitimidad. Nadie los quiere, nadie en la calle se movilizaría en su defensa.
Sin embargo, la misma debilidad también la tiene el Ejecutivo. Por ello, cuando los dos poderes del Estado se encuentran tan débiles y desprestigiados, solo queda jugar la carta de la «híper interpretación constitucional». Con esta carta, los congresistas harán sus próximas jugadas que les pueda garantizar su permanencia en la repartija. Con esta carta, los congresistas sabrán que deberán hacer para seguir gobernando a favor de sus intereses a pesar que más del 80% del país ya no los tolera más.
Es una situación bastante inusual y particularmente alarmante. Sin liderazgos, sin claridad y sin horizonte, es pertinente lo que nuestro viejo amigo Antonio Gramsci nos dijo alguna vez: cuando el viejo mundo se muere y cuando el nuevo tarda en aparecer, en ese claroscuro es cuando surgen los monstruos. A estar atentos.
Castillo empezó su discurso con referencias directas a los «sectores más conservadores que no quieren que el país cambie y que nunca reconocieron su legítima derrota electoral». Luego señaló el rol de la prensa y su papel desestabilizador y cómplice de las campañas golpistas.
Fue en ese contexto en que una tal Norma Yarrow (y otros esperpentos más de la ultraderecha) hacen un chillido de intolerancia para mostrar toda su ponzoña recalcitrante y reaccionaria. Y pretenden vendernos esto como «indignación democrática». A otro perro con ese hueso.
El fujimorato (junto a sus esbirros y mutaciones) nuevamente chillando desde el Parlamento y acusando de «corrupto» a Castillo al final de su discurso y exigiéndole su renuncia. O sea, los dueños absolutos de la corrupción en el Perú buscando desviar la atención hacia otro actor político. Los herederos y defensores del megacorrupto y exdictador que renunció miserablemente por fax, ahora se pintan de «democráticos y decentes»… ¡No jodan!
Y si Castillo es responsable de algún delito, pues que se pruebe y se sentencie luego de un debido proceso. Pero que esto no sirva de caldo de cultivo para intentonas golpistas y nueva entronización política de los oligarcas de siempre.
Hace 30 años, un día como hoy, un profesor y nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta, fueron secuestrados y asesinados por el paramilitar Destacamento Colina, durante el régimen de Alberto Fujimori.
El 8 de julio de 1993, pedazos de restos calcinados, oliendo a combustible, fueron descubiertos en fosas de Cieneguilla y dos manojos de llaves, que pertenecieron a Juan Mariños Figueroa y Armando Amaro Condor; meses después, en octubre, en Huachipa, al este de Lima, el lugar donde fueron asesinados las diez víctimas, se encontró el cadáver de Luis Enrique Ortiz Perea. El único cadáver que dejaron los asesinos para convencer a sus familiares de la muerte injusta. La dictadura fujimorista con leyes de amnistía pretendió encubrir estos crímenes y borrar nuestra memoria en 1995. El olvido impuesto les duró mientras permanecieron en el poder.
El 2001, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos, declaraba sin efecto jurídico esta amnistía.
Han pasado 28 años de un largo camino recorrido exigiendo derechos; asumirlo, no ha sido una decisión fácil. Los familiares sostuvieron esta lucha con su dolor, lágrimas, dedicación y la calle como respuesta.
«A nuestros familiares los convirtieron de víctimas en ‘terroristas’ como adjetivo y responsabilidad de hechos que nunca cometieron, por los que nunca los investigaron o juzgaron, más bien, como un calificativo para justificar un crimen injusto, cuya responsabilidad directa es del Destacamento Colina, un escuadrón de la muerte que se formó al interior del Servicio de Inteligencia del Ejército, dentro de la propia estructura del Ejército, recibiendo órdenes directas de los generales que lo dirigían, de Vladimiro Montesinos, jefe real de inteligencia y de Alberto Fujimori, como jefe Supremo de la Fuerzas Armadas. Todas estas responsabilidades se han probado en procesos judiciales. Nosotros como familiares, nunca dudamos de las responsabilidades políticas de Fujimori y Montesinos porque solo así se explicaba la impunidad con la que actuó, en Lima y en todo el país, los asesinos del grupo Colina; las leyes de amnistía que dieron en 1995 para librarlos de la cárcel, las felicitaciones y ascensos aprobados en los años 90», sostienen en un comunicado.
En setiembre de 2007, la Corte Suprema Chilena decidió extraditar a Alberto Fujimori por algunas de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura, entre ellas, el crimen contra nuestros familiares. La justicia esperada durante 15 años y arrancada con plantones, movilizaciones, vigilias, denuncias; con gritos en las calles, lágrimas que marcaron nuestro rostro a través del tiempo y la solidaridad de muchas personas se hacía real, se convertía en algo posible.
Más de un año después de un largo juicio, el 7 de abril de 2009, la Sala Especial de la Corte Suprema presidida por César San Martín sentenció a Alberto Fujimori a 25 años de prisión por la responsabilidad como autor mediato en la comisión de los delitos de homicidio calificado y asesinato; y que constituyen crímenes contra la humanidad; demostrando que la voluntad de hacer justicia para las víctimas de esta violencia pasa por el profesionalismo, el respeto y el atrevimiento de los magistrados a asumir esta responsabilidad. Esta sentencia debe ser considerada como un documento clave para arreglar las cuentas con el pasado y afirmar el espacio democrático de verdad y justicia que el Perú necesita, pues hace constar, terminantemente, que los agraviados no eran terroristas. A inicios de 2010, la Corte Suprema ratificó esta condena, cerrando así largos años de impunidad.
El Ministerio de Desarrollo Agrario es uno de los ministerios que más rotación de altos funcionarios ha tenido entre los cuatro gabinetes. Es una situación bastante alarmante ya que pone en evidencia que, a pesar de contar con un plan estratégico y un plan operativo para orientar las intervenciones públicas dentro del sector agrario, no hay capacidad para liderar ni gestionar los objetivos trazados.
Por otro lado, a propósito de la Comisión de Alto Nivel, también se expone la poquísima capacidad de gestión que hay entre los mismos ministerios y estos con respecto al Ejecutivo. Efectivamente, tal como ya lo afirmó Eduardo Zegarra, el presupuesto que asignó el Ministerio de Economía para la compra de fertilizantes no era para nada suficiente, ya que no lograba cubrir ni la mitad de fertilizantes requeridos para el corto periodo de tres meses.
Más aún, considerando que la crisis alimentaria nacional es un problema que se evidencia en cifras desde inicios de la pandemia, hay una total ausencia de los ministerios de Desarrollo y de Mujer y Poblaciones Vulnerables ya que tampoco logran ejecutar ningún tipo de plan ni programa para sostener a las más de 700,000 personas que se encuentran en pobreza agraria. En esa misma línea, tampoco vemos en sus mejores luces al Ministerio de Comercio Exterior, a pesar del grave problema que genera el hecho de ser un país cuyos alimentos básicos son productos importados; productos que, dicho sea de paso, vienen en un alza de precio a nivel internacional.
Veamos el contexto
Desde las cifras más conservadoras hasta las más polémicas, es innegable que el Perú está enfrentando una crisis alimentaria sin precedentes: más de 15 millones de peruanos no tienen acceso a una alimentación balanceada, el precio de los alimentos importados está subiendo sin ningún control y la única alternativa que se dio para la compra de fertilizantes agrícolas, no logró el objetivo. En otras palabras, la falta de gestión ministerial descrita líneas arriba se da dentro de una situación muy alarmante: por un lado, tenemos a un grueso social dependiente de la agricultura familiar que corre el riesgo de perder el ciclo de productividad agrario por falta de fertilizantes y, por el otro lado, otro grueso social que no podrá acceder a los alimentos de la canasta básica porque el dinero no les alcanza.
Así, en estos momentos nos encontramos en un escenario en el que el Estado ha sido desplazado y el Mercado asume el rol para asignar los alimentos: el que tiene dinero, podrá comer. Esto quiere decir que si en estos momentos más de la mitad de país no puede alimentarse no es por falta de alimentos sino por un modelo económico y político que prioriza las ganancias por sobre encima de la dignidad y el desarrollo social.
Pues bien, ¿qué hacer?
No es suficiente con la creación de una Comisión de Alto Nivel. El Ejecutivo debe declarar la emergencia dentro del rubro alimentario y asumir el liderazgo político: se requiere un rápido control de daños y efectivizar la disponibilidad de alimentos. Para ello, es urgente que el Gobierno intervenga y compre la deuda generada por el crédito agrario; de esta manera, se podría amortiguar un posible impacto económico y generaría cierta protección a la agricultura familiar.
Además, se requiere gestionar un banco de alimentos que pueda distribuir de manera equitativa y focalizada los alimentos de primera necesidad: descentralizar y distribuir. Finalmente, el Ejecutivo debe dirigir los programas de alimentos a nivel nacional, en un trabajo conjunto con los ministerios convocados en la Comisión de Alto Nivel y con las redes de organizaciones técnicas y sociales a nivel regional y local, en las deben incluirse a las redes de ollas comunes y comedores populares. Tal como lo viene afirmando la FAO y CEPAL, el problema de falta de acceso a alimentos es una situación internacional pero el impacto será diferenciado. Por ello, se requiere plantear la emergencia del problema a nivel político, social y económico y en el que el Ejecutivo se alinee a los intereses del bien común y donde la ciudadanía asuma el trabajo conjunto para el bienestar general. Solamente si actuamos juntos, podremos salir de esta.
En estos momentos, estamos viviendo el momento democrático más largo de la historia. Todos nosotros somos parte de un momento nunca antes visto en nuestra vida republicana: tenemos 20 años de elecciones libres y abiertas, las cuales se vienen desarrollando dentro de los plazos establecidos y de manera ininterrumpida.
En este periodo, hemos tenido gobiernos que han sido muy cuestionados. Incluso, gobiernos que terminaron su periodo dejando muchísima desconfianza. Sin embargo, ni en nuestro momento más crítico, como lo fue el 2016, no se dio ni el mínimo espacio para medidas anti democráticas. No hubo opción para fomentar un golpe de Estado o para que se conforme una Junta Militar. Hasta en el momento más difícil, se logró mantener cierto sentido de institucionalidad.
Hay que reconocerlo. Este hito colectivo está logrando mantener cierta estabilidad en medio de coyunturas de mucha inestabilidad. Y es importante reconocerlo porque generar estabilidad electoral es apostar y reforzar nuestra propia cultura democrática. Por ello, veo con mucha preocupación la actitud tan autoritaria que viene desplegando un conjunto de organizaciones dentro de nuestro Congreso de la República.
¿Qué ha pasado?
Como sabemos, en diciembre del 2021, se publicó el cronograma electoral mediante el cual se estableció todo el programa de actividades que han realizarse para organizar y ejecutar lo que vendrían a ser las elecciones regionales y municipales.
Pues bien, todo empezó a principios de marzo, cuando el Congreso aprobó la ley 31437, con el fin de modificar la ley de organizaciones políticas y, con ello, eliminar el requisito del mínimo de listas regionales y provinciales que toda organización debe cumplir si desea mantener su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es más, por si fuera poco, el 24 de mayo, el Congreso aprobó la ley 31481, con el fin establecer nuevas fechas de inscripción de candidatos y de elecciones internas, a pesar que ambos plazos ya estaban vencidos, según cronograma.
Para remate, en ambos casos, estas leyes no solo quieren disponer y modificar a su antojo las reglas de un proceso que ya se encuentra en curso, sino que, además, tienen la explícita intención de suspender la aplicación de todo lo que se ha dispuesto por las normas y leyes electorales hasta el día de hoy.
¿Por qué tanta desesperación?
Ante el riesgo de perder su inscripción y previendo que la ley de organizaciones políticas les pondría una valla muy alta ante su poca capacidad de organización y representación, el nuevo bloque liderado por Malcricarmen Maricarmen Alva, las bancadas de Acción Popular, Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza por el Progreso han visto por conveniente dejar de lado sus aparentes diferencias ideológicas por un fin mayor: proteger sus propios intereses. Acá ya no estamos entre derechas – izquierdas o entre oposición – oficialismo. Hoy, somos testigos de que cuando el negocio personal está en riesgo lo que va a primar será la lógica de hacer todo lo que se deba hacer para no perder cuota de poder.
Para ellos, no importa la voluntad popular, no importa la institucionalidad del Estado, no importa la estabilidad ni las garantías democráticas; estas organizaciones solo saben actuar bajo la imposición del más fuerte Nada más autoritario, nada más anti popular.
Se caen las caretas
Durante meses, las élites políticas han venido acusando a nuestro gobierno elegido democráticamente, de autoritario, de inconstitucional, de fraudulento y de ilegítimo. No me mal entiendan, hay mucho por cuestionar y por exigir al Ejecutivo, el gobierno no está dirigiendo bien, pero, hasta la fecha, quienes, finalmente, están rompiendo toda normativa, hostigando a los órganos electorales autónomos, amenazando con denuncias penales y constitucionales, buscando eliminar todo el avance producto de las reformas electorales, y generando falsos conflictos son, justamente, aquellos que dicen llamarse defensores de la democracia pero que, en la práctica, sin ningún sentido de responsabilidad ni respeto por el cargo de representación, buscan imponer sus conveniencias de manera autoritaria.
No perdamos el enfoque. Todas estas acciones descritas en la presente columna no son casos aislados: esta contrarreforma electoral se suma a la contrarreforma educativa y la contrarreforma laboral que viene impulsando un Congreso que, claramente, se ha posicionado contra la población popular, contra los estudiantes, contra los trabajadores y contra la democracia. Lo que están haciendo es abuso de poder y ello no se lo podemos permitir.
Cuántas veces hemos exigido el cierre de locales públicos y privados que han puesto en grave peligro la vida y dignidad de las personas, por no tener las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento. Cuántas veces nos hemos indignado por aquellos locales informales (y hasta ilegales) donde se reproducen y sostienen redes de mafias, donde no hay ni escaleras de emergencia y donde, claramente, las autoridades han sido parte de esta inseguridad e informalidad. ¿Cerrar esos antros es suficiente para nuestra seguridad? No, ¿es lo mínimo necesario? Sí. Pues bien, en esa lógica ¿por qué tendríamos que exigir, demandar menos cuando se trata de nuestra educación universitaria?
Desde hace unas semanas, se ha regresado al debate sobre la Reforma Universitaria y la pertinencia de la SUNEDU. Pues bien, Para empezar ¿Qué es la Reforma Universitaria?
En general, la Reforma Universitaria es el proceso por el cual el Estado asume la responsabilidad de garantizar la educación superior universitaria, reconociendo el derecho a una educación de calidad y respetando el principio de autonomía universitaria. En el caso del Perú, la Reforma Universitaria se va a desarrollar a partir de 1876 en adelante. Sin embargo, para los fines de la presente columna, me voy a concentrar en las tres últimas etapas impulsadas por Fernando Belaunde (1983), Alberto Fujimori (1996) y Ollanta Humala (2014).
Sobre la ley universitaria de Belaunde Terry, esta generará un marco normativo totalmente descontextualizado en la medida que el principio de autonomía universitaria dejará de ser la garantía para la democratización universitaria y pasará a un plano de arbitrariedad y extraterritorialidad. Por otro lado, con el Decreto Legislativo de Alberto Fujimori, se dio el encuadre necesario para que el proyecto de universidad ya no tenga fines científicos ni responsabilidad social, sino que se reformule como una suerte de institución con fines explícitamente lucrativos y con ninguna proyección ni responsabilidad hacia la comunidad; en otras palabras, las famosas universidad empresa
¿Qué es la SUNEDU?
Como vemos, el tema de la Reforma Universitaria es un debate constante que pone bajo la luz cuáles han sido los bloques sociales y políticos que se han puesto a favor de una educación científica, democrática y de calidad y los bloques cuyas prioridades han sido el lucro y la informalidad. Es así que, durante el gobierno de Ollanta Humala, se vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el impacto negativo de un grupo de universidades tan informales y precarias que, en muchos casos, no contaban ni con servicio de agua ni desagüe dentro de sus instalaciones.
En ese marco, en julio del 2014, se decreta la ley universitaria 30220, marco legal que establece, entre otras medidas, la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) con el objetivo de «verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario»; en otras palabras, establecer un protocolo de supervisión para garantizar que las universidades tengan las condiciones mínimas necesarias, como agua y desagüe, que estén facultadas para otorgar títulos profesionales y grados académicos, entre otros.
Ahora bien, a partir de lo establecido, el esquema de regulación generado por la SUNEDU, estaría reconociendo tres tipos de universidades peruanas, a saber: las universidades de alto costo y de buena calidad, las universidades públicas y las universidades de bajo costo y de baja calidad. Sobre ello, hasta la fecha, a ninguna universidad de alto costo y buena calidad se le denegó la licencia de funcionamiento, solo a 02 universidades públicas se les denegó la licencia de funcionamiento y a 48 universidades de bajo costo y de baja calidad se les denegó la licencia de funcionamiento.
Este tipo de datos nos expone que el modelo universitario privado y de baja calidad es el negocio que más riesgo corre con respecto a los marcos mínimos requeridos para obtener la licencia de funcionamiento. En otras palabras, si hasta ahora hemos tenido duda sobre quiénes estarían perdiendo con las exigencias mínimas establecidas por la SUNEDU, acá tenemos que los dueños de las universidades informales serían los primeros perjudicados.
Además de ello, a nivel nacional, hay 46 universidades, las cuales 67% se concentran en Lima y 33% se distribuyen en otras provincias. Más aún, en 6 regiones del Perú, no hay universidades privadas. Este panorama no solamente pone en evidencia la híper concentración que hay en la oferta universitaria de modelo privado, sino que también expone la necesidad de fortalecer la educación pública y de calidad de manera descentralizada.
Un tercer punto es que, en términos políticos, la Reforma Universitaria y la ley universitaria vigente han estado en el centro de la inestabilidad: hemos tenido más de 10 ministros de educación en menos de cinco años, la SUNEDU no ha tenido la capacidad política para salir del modelo que permite el lucro de la educación, el Congreso de la República ha tenido hasta dos comisiones investigadoras contra la SUNEDU y las nuevas autoridades desconocen las implicancias políticas y sociales que puede llegar a tener la Reforma Universitaria.
¿Por qué la SUNEDU está de nuevo en debate?
En este escenario tan tenso e inestable, se vuelve a poner en debate la pertinencia de la SUNEDU. Así, el 04 de mayo hubo debate en el Pleno. Primer punto de agenda: segunda votación sobre dictamen presentado por la Comisión de Educación en el que se propuso la «ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas». Así, en menos de dos horas, con 68 votos a favor, 39 en contra y 05 abstenciones, se aprobó la iniciativa liderada por el presidente de la Comisión de Educación, el congresista Esdras Medina Minaya.
Por un lado, el bloque de la congresista Pablo sostiene que dicho dictamen atenta contra la Reforma Universitaria pues buscaría implementar un sistema de educación superior que fomentaría la apertura de las universidades privadas de baja calidad, tal como ya pasó décadas anteriores. Por otro lado, el bloque liderado por el congresista Medina afirma que no están en contra de la SUNEDU y más bien buscan proteger la autonomía universitaria.
Pues bien, tal como se ha expuesto en esta columna, ya hemos visto que, para esta coyuntura, el tema de la autonomía universitaria es un pseudo argumento utilizado, más que nada, para defender intereses particulares que no pueden mantener sus negocios e intereses particulares ante la presencia de algún órgano de supervisión o de fiscalización.
En esa línea, viendo que los temas de la Reforma Universitaria y de la ley universitaria son debates altamente políticos, habría más bien que preguntarse sobre los posibles intereses que podrían estar presentes, empezando con la Comisión de Educación.
Así, a partir de la información proporcionada en el dictamen de la Comisión, se ha hecho una búsqueda sobre la formación universitaria de aquellos congresistas que votaron a favor del dictamen. De esta forma, tal como se expone en la Tabla 2, tenemos que de los 10 que votaron a favor del dictamen, hay un congresista sin estudios universitarios culminados, 05 congresistas cuyas universidades no lograron obtener el licenciamiento de funcionamiento por no tener las condiciones básicas de calidad, 02 congresistas de una universidad empresa y dos congresistas de universidad pública, entre las cuales se encuentra una universidad que se ha pronunciado en contra de la SUNEDU.
Si bien la formación universitaria no garantiza la formación ética ni es un requisito indispensable para obtener cargos públicos de alto nivel, tal como muchos de nuestros representantes nacionales lo confirman, sí considero necesario tener en cuenta este tipo de información ya que es, justamente, a través del acuerdo político de este bloque que no es capaz de diferenciar entre lo que es un órgano de representación universitaria con un órgano de fiscalización para funcionamiento, que la misma noción, función y objetivo del modelo universitario peruano está, nuevamente, suspendido sobre una situación extremadamente delicada.
Cierro la columna llamando a la reflexión sobre un asunto que, hasta el momento, ningún bloque legislativo ha tomado en cuenta. El Perú es el país con la menor tasa de matrícula universitaria de toda la región. Más aún, si bien la falta de acceso a la educación superior es un problema generalizado, esta situación impacta directamente a quienes trabajan en el sector informal. En otras palabras, la Reforma Universitaria y la calidad universitaria necesitan regresar al principio básico que hace 100 años levantaron los movimiento estudiantiles latinoamericanos: la democratización de la educación. Una universidad que no sea capaz de democratizar la educación, solamente reproducirá los factores que refuerzan las brechas de desigualdad, el apadrinazgo y las argollas.
[1] Además de su formación en la UIGV, se registra la siguiente información con respecto a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga: Bachiller en medicina humana (1984), Médico cirujano (1984), Bachiller en administración (2013), Licenciado en administración (2014), Magister en administración (2017) y Bachiller en economía (2020)
El 3 de octubre del 2021, el Presidente de la República anunció la Segunda Reforma Agraria. Así, mediante Decreto Supremo, se aprobaron 4 lineamientos con el objetivo de «incrementar, de manera sostenible, los ingresos y calidad de vida de los productores de la agricultura familiar, cooperativa, comunera y empresarial». De esta forma, se dio a conocer la disposición del Gobierno para trabajar a través de acciones articuladas, con enfoque territorial y multisectorial.
Se generó mucha expectativa. No era para menos. Se presentó un plan de acción bastante ambicioso: implementar una nueva forma de gobierno para el mundo rural, impulsar mejores mercados para la agricultura familiar y la seguridad alimentaria, impulsar la industrialización del agro y la transformación productiva del campo, y generar seguridad hídrica e incrementar el desarrollo de infraestructura de riego de manera planificada.
Hoy tenemos otro escenario, la expectativa generada se transformó en descontento general. Hay crisis económica, crisis productiva y crisis alimentaria y el sector agrario, específicamente, la agricultura familiar, actividad que representa más del 90% de la actividad agraria, está en emergencia. Se anunció que, con la Segunda Reforma Agraria, se iba a impulsar la seguridad alimentaria; sin embargo, el escenario actual nos evidencia que la situación del sector alimentario está en crisis, generando mayor desigualdad e inseguridad.
Para empezar, el 70% de los fertilizantes que se utiliza en la actividad agropecuaria es materia importada de un solo proveedor (Rusia), situación que coloca al Perú en una situación de dependencia extrema y peligrosa. Por ello, desde hace un mes, se vienen organizando movilizaciones y convocando al paro de actividades tanto en el sector agrario como en el sector de transportes: por el contexto actual, el precio de los fertilizantes ha subido a tal nivel que, en estos momentos, el Perú está enfrentando un déficit de 180.000 toneladas métricas de urea, fertilizante clave para la producción de alimentos básicos, como el arroz, la papa y el maíz.
Sobre ello, Eduardo Zegarra, economista agrario e investigador de GRADE, afirma que, si el Gobierno no encuentra una rápida solución con respecto a la compra de fertilizantes, la producción de los alimentos básicos podría caer hasta en un 40% afectando a la temporada agrícola y, de manera directa, a la agricultura familiar, actividad que, en su mayoría, se encuentra en una situación de subsistencia.
Ser un país dependiente del mercado internacional de alimentos y fertilizantes nos coloca en una situación muy difícil. En ese sentido, según Carolina Trivelli, ex ministra del MIDIS, el Perú está importando problemas del contexto internacional, como son los altos precios de alimentos, de fertilizantes y de combustible. Sin embargo, la forma en la que estos problemas están impactando a nivel interno sí es un problema de gestión nacional. Clarísimo: a nivel nacional, la inseguridad alimentaria es un problema que impacta de manera desigual. Tal como lo afirma Fernando Eguren, director de La Revista Agraria, a medida que los alimentos suban de precio, los sectores de menores ingresos se verán obligados a comer menos o a comer alimentos más baratos y menos nutritivos.
Somos un país cuya agricultura y alimentación depende muchísimo de las importaciones y del mercado internacional. Sin soberanía alimentaria, no puede haber seguridad, no puede haber justicia ni puede haber equidad. Hace seis meses nos prometieron una Segunda Reforma Agraria. Hoy, estamos en un escenario en el que el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad es privilegio para un grupo muy reducido de familias. El descontento general que hoy se expresa a nivel nacional surge del hambre, de la incertidumbre y de la necesidad: el pueblo está exigiendo a gritos, ¿el gobierno es capaz de escuchar?
Se ha dado un nuevo caso de secuestro y violación contra una niña en Perú. Otra vez nos indignamos hasta la médula, maldecimos e insultamos al miserable Juan Antonio Enriquez García, quien perpetró este crimen (y a quien con justa razón desearíamos ajusticiar con nuestras propias manos). Nuevamente es noticia central por unos días. Volvemos a consternarnos y a buscar explicaciones del porqué de este caso. Y dentro de poco, esto volverá a ser parte de las crudas estadísticas que certifican que sí vivimos en un país de violadores, en un país pedófilo e inseguro. En breve será solo un caso más y listo.
Pero el problema es mucho mayor. Es urgente el combate frontal a todo viso de pedofilia, venga de donde venga. Es imprescindible la visibilización del factor misógino que posibilita una violación y luego lo normaliza con excusas criminales («ella lo provocó», «no debió caminar sola», «su mamá no la cuidó», «aparentaba de más edad», «no debió vestirse así», «no me di cuenta de lo que hacía», etc.). Es impostergable la denuncia a toda red visible o encubierta de trata de niños y niñas, así como a los malnacidos que venden y consumen material pedófilo, y a las instituciones públicas (comisarías, Poder Judicial, etc.) que muestran indiferencia ante denuncias como estas o incluso revictimizan a la agredidas con «argumentos» absurdos.
Y dejemos de pensar que un violador es un simple monstruo que podría vivir lejos de nosotros y nosotras, que es un ser extraño que aparece con cierta periodicidad, que es un simple enfermo que necesita comprensión… Un violador es un ser pensante y consciente de su vileza. Un violador puede ser un taxista, un vecino, el hermano o el propio padre, un primo o el tío, el cura o el profesor, un colega del trabajo o un compañero militante
Hubo tres noticias relevantes en estos días. La primera corresponde a una medida del Ejecutivo: el 3 de abril, se aprobó aumentar el salario mínimo vital para el sector privado; así, según el Decreto Supremo núm. 003-2022-TR, el aumento iría de S/.930 a S/.1025. La segunda es que el Ejecutivo y Legislativo aprobaron un dictamen para exonerar del IGV a algunos alimentos de la canasta básica familiar. La tercera, la más reciente, es que el Pleno del Congreso deberá decidir si aprueba o no el dictamen de la Comisión de Economía del Congreso, para que las personas afiliadas al Sistema Privado de Pensiones puedan retirar hasta S/.18,400 de sus ahorros previsionales.
Vamos por partes. El aumento del salario mínimo vital estaría destinado solamente a los trabajadores formales del sector privado. Esta medida no parece ser efectiva por dos razones: primero, porque la tasa de informalidad a nivel nacional es de casi 80% (más de 9 millones de trabajadores, lo cual marca un record desde el 2001) y, segundo, porque dentro del sector privado solamente aquellas empresas con alta productividad (con más de 50 trabajadores) podrían asumir este aumento salarial; empresas que, dicho sea de paso, están contratando 15% menos con respecto al 2019. Esto significa que el aumento salarial sería para un grupo muy reducido de trabajadores, por lo que, en último término, esta medida podría provocar mayor inseguridad laboral, desigualdad y precariedad.
Sobre la exoneración del IGV para ciertos productos de la canasta básica, el problema es más complejo. Para empezar, aunque el ministro de Economía Oscar Graham afirme que la exoneración será a favor de toda la cadena productiva, en realidad lo dispuesto solamente aplicará a las operaciones de importación. Entonces, teniendo en cuenta que los alimentos importados son componentes importantes y, de otro lado, es un sector oligopolizado, los primeros grandes beneficiados serán las empresas que controlan la industria alimentaria: Alicorp y Grupo Gloria.
Aun más, Pedro José de Zavala, director de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), advirtió en entrevista en Radio Exitosa que, si bien se ha exonerado el IGV en productos como el pollo o el huevo, esto no ha sido así para toda la cadena de proveedores de insumos que se necesitan para mantener la cadena de producción. En conclusión, si solamente se les exonera el IGV a los proveedores de pollo y no a los proveedores de soya o maíz, el precio del pollo tendría que subir para así pagar los impuestos de los no que no han sido exonerados.
En otras palabras, la disminución del precio no solo favorecería a las grandes industrias alimentarias, sino que, además, afectaría directamente a los proveedores y productores. Por lo que, tal como ha pasado con el combustible, el precio de venta final (el precio de venta al consumidor) no se modificaría sustancialmente.
Por otro lado, si consideramos que el IGV es el impuesto que más recauda el Estado, las exoneraciones generarán una ruptura en la cadena de cobro de este impuesto. De hecho, según el Ministro de Economía, con esta medida de exoneración se dejará de recaudar S/.50 millones, pero, insiste en que es una medida a favor del consumidor.
Finalmente, luego de los cinco retiros extraordinarios de los fondos de pensiones que aprobó el Congreso en el 2021, ahora se quiere volver a aprobar una medida similar para autorizar el retiro de 4 UIT (S/.18,400), con el fin de reactivar la economía. Sobre ello, Elio Sánchez, el superintendente adjunto de AFP de la SBS, declaró para TVPerú que, para empezar, el sistema de pensiones no es para reactivar la economía sino para garantizar que los afiliados puedan acceder a una cuenta de ahorros que les pueda sostener durante toda su etapa de jubilación. Además, señaló que, producto de las medidas antes aprobadas (las del 2021), se han retirado más de 66 millones de soles, lo que ha generado que más de la mitad de afiliados al sistema de pensiones cuente con menos de 1 UIT (S/. 4,600) en sus cuentas y que el 30% de afiliados no tenga ningún ahorro.
En este panorama tan hostil a nuestras economías de sobrevivencia, el Gobierno, el que se autodefine como “popular”, aquel que firma cada comunicado oficial como «Siempre con el pueblo», está aprobando una serie de paquetazos sin criterio, sin respeto y sin dignidad, con el claro objetivo de hacernos pagar, a nosotros, a los subempleados, a los desempleados, a los jubilados sin ahorros, a las familias sin ahorros, a los estudiantes sin ahorros, una deuda generada por el Estado, para hacer frente a la crisis sanitaria: el costo de vida es insostenible y ahora, con la indignación y descontento histórico y generalizado, se suma la decepción.
Es evidente que el Gobierno y el Legislativo no tienen la capacidad suficiente para gestionar la indignación cotidiana que la población siente ante el desgobierno. Más aún, dentro de todo, lo que más desconcierta es la fría mediocridad con la que decidieron responder a las expectativas generadas ya que, como dijo el sociólogo Omar Coronel, este tipo de maltratos y ofensas se esperaban de presidentes como García o PPK, pero no del profesor del Perú profundo.
