En el distrito más poblado del Perú, San Juan de Lurigancho (SJL), la gestión del tráfico parece haberse reducido a una métrica de sanciones en lugar de fluidez vehicular. Mientras puntos críticos del distrito colapsan diariamente bajo el peso del caos, una hilera de motocicletas de la Policía de Tránsito se ha convertido en un paisaje habitual —y temido— en el paradero 8 de la Av. Próceres de la Independencia.
Imágenes obtenidas recientemente confirman un despliegue de entre 5 a 12 motocicletas policiales estacionadas estratégicamente bajo la sombra del Metro de Lima, una presencia que, según denuncian conductores y vecinos, no busca agilizar el tráfico, sino «pescar» infracciones de manera sistemática varias veces por semana. La crítica principal radica en un cuestionable modus operandi: cuando los efectivos no encuentran conductores invadiendo el carril exclusivo del transporte público, la consigna parece desplazarse de inmediato hacia las vías auxiliares, abandonando cualquier intención de mejorar la fluidez vial del distrito.
En estas vías secundarias, la rigurosidad policial se transforma en una búsqueda minuciosa de faltas administrativas como el uso del cinturón de seguridad o la revisión de permisos de lunas polarizadas, con el fin de no perder la «jornada de sanciones». Esta táctica, que prioriza la imposición de papeletas a toda costa sobre el ordenamiento vehicular, termina por consolidar la percepción ciudadana de que estos operativos están diseñados exclusivamente con fines recaudatorios, mientras los verdaderos puntos de caos en San Juan de Lurigancho permanecen en el olvido.
"Si no te agarran por la vía principal, te interceptan en la auxiliar. Buscan hasta el mínimo detalle para multarte. Es una cacería, no es prevención", afirma un conductor de taxi afectado.
El malestar social crece al comparar esta «eficiencia» sancionadora con la desidia que se vive en los verdaderos cuellos de botella del distrito. Resulta paradójico que la Policía de Tránsito despliegue tal cantidad de personal para fiscalizar lunas polarizadas en una zona fluida, mientras que puntos críticos permanecen en el abandono:
- Estaciones Bayóvar, San Carlos y Caja de Agua: Auténticas trampas vehiculares donde los conductores quedan atrapados entre 30 a 45 minutos ante la total ausencia de efectivos que agilicen el paso.
- Mercado La Unión (Arriba Perú): Un sector donde el transporte informal y el estacionamiento indebido bloquean la arteria principal, sin que se aplique la misma «rigurosidad» que la policía exhibe en sus operativos de la Av. Próceres de la Independencia.
- Intersección de la Av. San Martín con Santa Rosa: Un punto crítico de congestión que requiere intervención urgente para evitar el colapso en horas punta.
- Retorno de Huachipa – Campoy (Tottus): Una zona donde el desorden es la norma y el auxilio policial se ha convertido en un clamor constante —y desatendido— de los vecinos y transportistas.
La indignación de los vecinos de San Juan de Lurigancho es clara: la función de la Policía debe ser el ordenamiento vial, no el cumplimiento de una «cuota» de sanciones. Si se aplicara la misma energía y cantidad de efectivos para destrabar los puntos de alto tráfico que la que se usa para buscar infracciones menores en las auxiliares, la movilidad en el distrito sería otra.
De acuerdo con la Ley de la Policía Nacional del Perú, una de las funciones principales es garantizar la fluidez y seguridad vial. Sin embargo, la táctica de apostarse en puntos específicos para sancionar a los conductores sugiere un enfoque más recaudatorio que preventivo.
Cabe señalar que respetar las normas de tránsito es un deber de cada ciudadano para garantizar la convivencia y la seguridad en las vías. El orden vial no se logra solo con multas en las auxiliares, sino con una presencia estratégica que priorice la fluidez y el respeto al tiempo de miles de vecinos.
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