Cómo empezó
Para comprender lo que está pasando en el Perú, hay que regresar unos meses atrás, hacia las campañas electorales del 2021. Durante estas campañas, las encuestadoras de la capital, sus analistas, académicos y la concentración de medios se esforzaron en limitar el debate y la información coyuntural alrededor de un reducido grupo de candidaturas, aquellas que eran reconocidas solo por los grupos hegemónicos: ninguno atinó la mirada hacia lo que se estaba gestando fuera de su radar.
Por ello, cuando el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ganó en primera vuelta, hubo desconcierto y sorpresa frente a este aparente desconocido; outsider, le llamaron, un golpe de suerte, se escuchó por ahí. Sin embargo, luego de publicarse los resultados de segunda vuelta, cuando el candidato desconocido ganó las elecciones contra la hija del dictador, Keiko Fujimori, los desconciertos y sorpresas se transformaron en racismo y odio de clase.
De manera pública, la oposición política, liderada por Keiko Fujimori, hostigaron a los jefes de los organismos electorales con el objetivo de que no se reconozcan los votos a favor de Castillo, votos que, dicho sea de paso, provenían, en su gran mayoría, del Centro y Sur del país, las zonas territoriales con profundos e históricos problemas de pobreza, desigualdad y desnutrición. A pesar de ello, los votos emitidos sí fueron reconocidos, Pedro Castillo logró juramentar como Presidente Constitucional del Perú y, con ello, se aperturó uno de los episodios más tensos de la vida política del país.
Ejecutivo y Legislativo. Dos enemigos frontales
Por las características del sistema de representación, los últimos presidentes del Perú no lograron alcanzar la mayoría en el Legislativo, por lo que tuvieron que aprender a maniobrar políticamente con la representación nacional. Así, el Ejecutivo y Legislativo debían ceder en sus intereses para poder generar cierta gobernabilidad.
Sin embargo, desde el 2016, con la bancada fujimorista como mayoría absoluta, la derecha política se pudo dar cuenta de dos cuestiones: primero, que el Presidente necesitaba del Legislativo para generar cierta estabilidad y, segundo, que el Congreso debía concentrar la mayor cantidad de poder a su favor, resquebrajando, así, la noción mínima de separación y estabilidad entre los tres poderes del Estado.
En ese escenario, el gobierno de Castillo y el Congreso de la República generaron enfrentamientos directos desde el primer día: las Mesas Directivas del Congreso impulsaron la agenda de la vacancia presidencial, sin contemplar el reglamento del Congreso ni lo estipulado en la Constitución; se mal utilizaron los recursos de control político, tales como la cuestión de confianza, y la interpelación y censura de ministros, transformándolos en herramientas de amenaza y hostigamiento; todas las reformas propuestas desde el Ejecutivo, tales como la Reforma Agraria, la Reforma Educativa, la Reforma Fiscal, etc., fueron bloqueadas o, peor aún, ni puestas en la agenda parlamentaria; finalmente, las tres ocasiones en las que el Premier de ese entonces, Aníbal Torres, asistió a la Comisión de Constitución y al Pleno del Congreso para que se incluya un artículo en la Constitución que permita la Asamblea Constituyente, tanto la Comisión como el Pleno se lo negaron.
En contraste, durante el año y medio de legislación, desde las distintas comisiones del Congreso y con el respaldo del Pleno, se lograron modificar más de 50 artículos de la Constitución además de retroceder sobre los avances alcanzados en materia educación, salud, derechos de las poblaciones indígenas y medio ambiente.
Es indudable que el gobierno del presidente Castillo se caracterizó por su inestabilidad e inacción: en 495 días se cambiaron 78 ministros y se conformaron hasta 5 gabinetes ministeriales; sin embargo, es pertinente considerar que la estabilidad y capacidad de gobernanza en cualquier país es resultado de una relación. Si el Ejecutivo presentó inacción y poca capacidad de gobierno ello también fue resultado de una tensión permanente con el Legislativo.
Control político, denuncias de corrupción y hostigamiento
A comienzos del 2022, se empezaron a abrir una serie de investigaciones preliminares contra el Presidente y su entorno familiar por presuntos actos de corrupción. Estas investigaciones se basaban en los testimonios de colaboradores eficaces, más no en evidencias suficientes que puedan sostener las aparentes denuncias.
Sin embargo, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señalada como parte de la red de los Cuellos Blancos, organización internacional de narcotráfico y tráfico de influencias, lideró las investigaciones contra el Presidente, con la protección del Congreso de la República.
Por lo establecido en la Constitución, un Presidente no podría ser procesado mientras esté en funciones, por lo que la Fiscal, al no encontrar mayor prueba que pueda sostener sus investigaciones preliminares, acudió al Congreso para que este resuelva la situación del Presidente; en otras palabras, para que puedan impulsar una vacancia presidencial.
Después de dos intentos fallidos de vacancia, la tercera estaba prevista para debate y votación los primeros días de diciembre del 2022, bajo los supuestos de que el Presidente de la República estaría liderando una organización criminal, tráfico de influencias y hostigamiento a las fuerzas policiales y fuerzas armadas. Mientras, ya se había aprobado en Comisión de Constitución, una moción de Suspensión presidencial; esto es, suspender las funciones del Presidente por un periodo de 36 meses.
La Caja de Pandora
Por acuerdo, el Congreso estableció que el debate y votación de la tercera moción de vacancia presidencial se realice el 07 de diciembre, a las 3pm. Según fuentes del Congreso, este nuevo intento de vacancia tampoco habría conseguido los votos mínimos suficientes; sin embargo, alrededor del mediodía, el Presidente anunció una medida inconstitucional: disolución del Congreso, el establecimiento de un gobierno de excepción y la reorganización del Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional. Esta medida, obligó a que el Congreso adelante la sesión del Pleno bajo un único punto de agenda: la votación de una nueva solicitud de vacancia presidencial; esta vez, por incapacidad moral.
Sin considerar su propio Reglamento ni lo estipulado en la Constitución, el Congreso aprobó la vacancia por incapacidad moral con 101 votos. Mientras ello sucedía, los medios de comunicación anunciaban que Pedro Castillo habría huido por la puerta trasera del Palacio de Gobierno y detenido por el cuerpo policial en la Av. Garcilaso de la Vega; detención que, dicho sea de paso, no contaba con ninguna orden judicial, ni fiscal.
Mientras se trasladaba a Pedro Castillo y a su abogado, el ex Premier, Aníbal Torres, a la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DIROES), en el Congreso ya estaban llamando a que se apersone la próxima Presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien, hasta horas antes, era la Vicepresidenta de Pedro Castillo y quien, hasta hace tres días antes, el Congreso le habría retirado las acusaciones constitucionales que este mismo le habría interpuesto. Así, el Perú tuvo una nueva Presidenta y un ex presidente que estaba siendo acusado de liderar una organización criminal por la cuestionada Fiscal de la Nación, quien, además, seguía sin contar con pruebas suficientes.
La Caja de Pandora II: un gabinete de temer, suspensión de los debidos procesos, Estado de Emergencia y abuso de autoridad
Desde que juramentó el Gabinete Boluarte, las sospechas colectivas se manifestaron rápidamente: según investigaciones periodísticas, el Premier es señalado como parte de los vínculos que tendrían los Cuellos Blancos dentro del Poder Judicial; el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, es un conocido operador político de Chim Pum Callao, organización política también vinculada a los Cuellos Blancos y a las denuncias de corrupción y tráfico de influencias en el caso Odebrecht; la Ministra de Vivienda, también es una conocida operadora política de Odebrecht y de Graña y Montero, mega empresa constructora que administra tres peajes a nivel nacional (en la sierra de Piura, en la Línea 1 del tren eléctrico y en la carretera inter oceánica); y la Ministra de Transportes, accionista de Graña y Montero.
Además de ello, es necesario considerar que varios abogados constitucionalistas han informado que las decisiones que están tomando en el Congreso de la República y en el Poder Judicial estarían siendo llevadas a cabo sin el debido proceso. Estas informaciones se dieron a conocer luego de que el Congreso le haya retirado la inmunidad presidencial a Castillo, sin votación previa, sin considerar el Reglamento Legislativo, y cuatro días después de que Castillo haya sido detenido y llevado a la DIROES. Además de ello, ha resultado un escándalo el hecho de que, horas antes de vencer los siete días de prisión preventiva contra Castillo, la Fiscalía de la Nación solicitó 18 meses más; solicitud que fue resuelta a favor de la Fiscalía y sin la presencia de los abogados del ex presidente.
Frente a todas estas situaciones, desde el 10 de diciembre se vienen desplegando diversas columnas de manifestantes al interior del país, sobre todo en las zonas Centro y Sur, los mismos territorios que votaron por el profesor Pedro Castillo. Estas columnas tienen cinco puntos de reclamos: liberación de Castillo, Asamblea Constituyente, Nueva Constitución, cierre del Congreso y adelanto de elecciones generales.
La respuesta del nuevo gobierno y del actual Congreso es lamentable. Se sostiene un relato parejo para justificar la criminalización de la protesta, se insiste en adjetivar de terroristas, azuzadores y delincuentes a los compatriotas del interior del país, se ha declarado Estado de Emergencia Nacional y toque de queda en 15 regiones del país y los organismos y movimientos de derechos humanos están denunciando abuso policial, torturas físicas y psicológicas contra las personas detenidas, violación domiciliaria y rapto de familias: al inicio de esta pequeña crónica se estaba contabilizando 18 fallecidos a nivel nacional. Ahora, horas después, la cifra ha subido a 24 fallecidos.
La incertidumbre crece
Debo expresar mi profunda preocupación y tristeza por los acontecimientos que están sucediendo en mi país. Las organizaciones y movimientos sociales tienen claridad en sus reclamos, pero el Congreso todavía no logra resolver sobre las demandas de adelanto de elecciones y nueva Constitución. Sumado a ello, hasta el cierre de esta redacción, ya han renunciado los Ministros de Educación y Cultura y la presión a favor de la renuncia de Dina Boluarte crece a cada minuto.
Aún no podría terminar de informarles sobre lo que viene sucediendo en este lado de Latinoamérica, dado que recién estamos llegando hacia el nudo del problema, pero si debo cerrar con esta redacción será con la esperanza de que se pueda hacer eco de la complejidad de la situación y que, a pesar de que el Gobierno y el Congreso se han esmerado en tildar de ignorantes a los movimientos sociales e indígenas, la verdad es que los únicos ignorantes resultaron ser ellos, la clase política.
