San Juan de Lurigancho inicia el año sumido en una espiral de violencia que no da tregua. En menos de 24 horas, el distrito ha sido escenario de un atentado con explosivos y tres asesinatos, mientras la gestión municipal parece haber cambiado su postura crítica frente al gobierno central.
Sangre en las calles: tres vidas seguidas en un día
La violencia criminal no se detuvo ahí. Dos hechos de sangre han conmocionado a la comunidad:
- Doble crimen de menores: En el Grupo 7 de la avenida Huáscar, dos adolescentes que conversaban sobre un muro fueron acribillados a las 2:30 a.m. Los peritos de criminalística hallaron al menos 16 casquillos de bala, lo que confirma la ferocidad del ataque.
- Asesinato de mototaxista: Un joven de 28 años fue asesinado tras ser contactado mediante una llamada telefónica para un supuesto servicio. La víctima, que deja a una niña de cinco años en la orfandad, fue acribillada poco después de salir de su hogar.
Terror en Jicamarca: atentado contra empresa de transportes
La madrugada se vio interrumpida por una fuerte explosión en el Anexo 22 de Jicamarca. Sujetos desconocidos colocaron un artefacto explosivo en el portón del patio de maniobras de la empresa de transportes «Cinco Estrellas».
El estallido provocó graves daños materiales en el acceso principal del inmueble. Efectivos de la Comisaría de San Antonio de Jicamarca acordonaron la zona para iniciar las investigaciones. Aunque no se reportaron heridos, el ataque ha sembrado el pánico entre los transportistas, quienes sospechan que se trata de un nuevo caso de extorsión.
El giro político del alcalde Jesús Maldonado
Llama la atención el cambio de tono de Maldonado respecto al Gobierno Central. Si antes sus críticas hacia Dina Boluarte eran constantes por la «ineficacia» de sus planes de seguridad, hoy su postura frente al presidente José Jerí es de colaboración y silencio crítico.
Esta tregua política coincide con un dato clave: tanto el alcalde como el actual presidente de la República militan en el partido Somos Perú. Este alineamiento partidario explicaría por qué el alcalde ya no exige con la misma vehemencia presupuestos adicionales o una reforma en el sistema seguridad, priorizando la estabilidad de un grupo político sobre el reclamo ciudadano por la inseguridad.
Sin una reforma estructural del modelo de seguridad y con una gestión municipal que parece haber bajado las banderas de la protesta ante un gobierno aliado, el panorama es sombrío. Mientras tanto, San Juan de Lurigancho continuará liderando la inseguridad ciudadana en el Perú, atrapado entre la burocracia, los intereses políticos y una delincuencia que no conoce de fronteras partidarias.
