Como se recuerda, la Municipalidad Metropolitana de Lima –en representación del Estado Peruano– aceptó en el 2009 las iniciativas privadas de OAS y Odebrecht para la construcción de nuevas vías, así como el mejoramiento de las vías existentes y la instalación de infraestructura complementaria.
En el caso de la Línea Amarilla –inicialmente llamada Vía Expresa Amarilla– fue una iniciativa privada de OAS en la cual se proponía la construcción, operación y mantenimiento de 13 kilómetros de una nueva vía urbana en paralelo a la Vía Evitamiento en dirección Este-Oeste.
La Comisión Lava Jato halló la inclusión, en el contrato de concesión, de una fecha cierta para la explotación de los peajes, lo que abrió la posibilidad para que Lamsac -que era propiedad de OAS- cobre las tarifas del peaje de manera adelantada a partir del 10 de octubre del 2013, cuando el avance de obra se encontraba al 24.46%, muy por debajo del 70% propuesto en la iniciativa privada. De esta manera, el concesionario obtuvo así un financiamiento oneroso con el dinero del peaje para la construcción de las obras. (fuente: diario Gestión)
¿Qué responsabilidad deberá asumir el nuevo alcalde de Lima?
Al respecto, Álvaro Paz de la Barra, Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú y posible candidato a la alcaldía de Lima, quien logró la eliminación del peaje de evitamiento con Separadora industrial, tras un fallo del Poder Judicial que ordenó la suspensión del cobro del peaje en la zona así como el retiro de las casetas en el lugar por considerar que se vulneraba el libre tránsito de los vecinos de la zona, alertó que “En el proceso del progreso y orden del transporte, los derechos de los peruanos no pueden vulnerarse”.
“El peaje no puede ser sinónimo de abuso, discriminación, desigualdad, ilegalidad y corrupción. Debe contribuir con el desarrollo del país, con la estabilidad económica de los ciudadanos y para eso debe ser suscrito conforme manda la ley y no para el beneficio de terceros”, agregó Paz de la Barra.
Asimismo, señaló que la nueva autoridad edil deberá revisar y verificar el correcto manejo de los peajes de Lima, porque solo así se podrá transparentar sus beneficios, prevenir actos de corrupción y el posible levantamiento ciudadano.
