Hace 30 años, un día como hoy, un profesor y nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta, fueron secuestrados y asesinados por el paramilitar Destacamento Colina, durante el régimen de Alberto Fujimori.
El 8 de julio de 1993, pedazos de restos calcinados, oliendo a combustible, fueron descubiertos en fosas de Cieneguilla y dos manojos de llaves, que pertenecieron a Juan Mariños Figueroa y Armando Amaro Condor; meses después, en octubre, en Huachipa, al este de Lima, el lugar donde fueron asesinados las diez víctimas, se encontró el cadáver de Luis Enrique Ortiz Perea. El único cadáver que dejaron los asesinos para convencer a sus familiares de la muerte injusta. La dictadura fujimorista con leyes de amnistía pretendió encubrir estos crímenes y borrar nuestra memoria en 1995. El olvido impuesto les duró mientras permanecieron en el poder.
El 2001, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos, declaraba sin efecto jurídico esta amnistía.
Han pasado 28 años de un largo camino recorrido exigiendo derechos; asumirlo, no ha sido una decisión fácil. Los familiares sostuvieron esta lucha con su dolor, lágrimas, dedicación y la calle como respuesta.
«A nuestros familiares los convirtieron de víctimas en ‘terroristas’ como adjetivo y responsabilidad de hechos que nunca cometieron, por los que nunca los investigaron o juzgaron, más bien, como un calificativo para justificar un crimen injusto, cuya responsabilidad directa es del Destacamento Colina, un escuadrón de la muerte que se formó al interior del Servicio de Inteligencia del Ejército, dentro de la propia estructura del Ejército, recibiendo órdenes directas de los generales que lo dirigían, de Vladimiro Montesinos, jefe real de inteligencia y de Alberto Fujimori, como jefe Supremo de la Fuerzas Armadas. Todas estas responsabilidades se han probado en procesos judiciales. Nosotros como familiares, nunca dudamos de las responsabilidades políticas de Fujimori y Montesinos porque solo así se explicaba la impunidad con la que actuó, en Lima y en todo el país, los asesinos del grupo Colina; las leyes de amnistía que dieron en 1995 para librarlos de la cárcel, las felicitaciones y ascensos aprobados en los años 90», sostienen en un comunicado.
En setiembre de 2007, la Corte Suprema Chilena decidió extraditar a Alberto Fujimori por algunas de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura, entre ellas, el crimen contra nuestros familiares. La justicia esperada durante 15 años y arrancada con plantones, movilizaciones, vigilias, denuncias; con gritos en las calles, lágrimas que marcaron nuestro rostro a través del tiempo y la solidaridad de muchas personas se hacía real, se convertía en algo posible.
Más de un año después de un largo juicio, el 7 de abril de 2009, la Sala Especial de la Corte Suprema presidida por César San Martín sentenció a Alberto Fujimori a 25 años de prisión por la responsabilidad como autor mediato en la comisión de los delitos de homicidio calificado y asesinato; y que constituyen crímenes contra la humanidad; demostrando que la voluntad de hacer justicia para las víctimas de esta violencia pasa por el profesionalismo, el respeto y el atrevimiento de los magistrados a asumir esta responsabilidad. Esta sentencia debe ser considerada como un documento clave para arreglar las cuentas con el pasado y afirmar el espacio democrático de verdad y justicia que el Perú necesita, pues hace constar, terminantemente, que los agraviados no eran terroristas. A inicios de 2010, la Corte Suprema ratificó esta condena, cerrando así largos años de impunidad.