El panorama político en San Juan de Lurigancho vuelve a encender las alarmas de los ciudadanos. No solo el actual alcalde, Jesús Maldonado, evidencia un claro deseo de mantenerse a toda costa en la gestión municipal, sino que las movilizaciones dentro del Concejo Distrital confirman que las ambiciones de poder no tienen bandera fija. Un ejemplo claro es el del actual regidor Juan Prado Tapia, quien tras pertenecer a las filas del partido Somos Perú, hoy ha decidido trasladarse sin reparos a la tienda política de Fuerza Popular.
Este tipo de saltos y continuismos nos recuerda, una vez más, que existe un círculo político enquistado que se resiste a soltar la administración de los recursos públicos de nuestro distrito. Ante este escenario, cabe hacerse las preguntas de fondo: ¿Cómo se evalúa realmente el desempeño de nuestros regidores y funcionarios públicos? ¿Se han reducido verdaderamente las brechas sociales y las profundas carencias que padece el territorio de San Juan de Lurigancho?
Lamentablemente, las auditorías municipales parecen responder a una perspectiva superficial e insuficientemente crítica que no profundiza en el impacto real de la gestión. Al parecer, la administración pública en el distrito más poblado del país resulta ser un negocio sumamente rentable: comisiones por proyectos, cobro de dietas, sueldos asegurados y presuntos lobbys municipales parecen ser los verdaderos motores que impulsan a estas figuras a querer aferrarse, a como dé lugar, al sillón distrital.