La justicia, la democracia, el equilibrio de poderes y la lucha anticorrupción en el Perú son falacias gaseosas o conceptos utilitarios para presiones interesadas de uno u otro bando en disputa por el poder absoluto.
La reciente ola mediática nos dice que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, vuelve a arremeter con denuncias contra Pedro Castillo, sin aceptar que tal medida es parte de una infracción a la Constitución (delito de prevaricato al presentar una denuncia constitucional contra el presidente), apelando a un tratado internacional de las Naciones Unidas contra la corrupción.
No hay que ser constitucionalista para saber que la actual Constitución señala en su artículo 117 que “el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su periodo, por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”. Y esto, que sepamos, no se ha dado desde el Ejecutivo.
Es claro el desarrollo del plan golpista que aúna al Legislativo con ciertas salas fiscales con tinte político antes que judicial. Pareciera que es la primera vez que padecemos un gobierno nefasto, cuando la peste de la corrupción ha sido parte de los usos y costumbres de la historia republicana de nuestro país, sin excepciones. Sucede que ahora tenemos esta cacería de brujas con un agravante racista, oligarca y elitista. Incluso lo ideológico ya pasó a segundo plano, pues Castillo y compañía nunca fueron el «terror comunista» que nos dijeron.
