Congreso de la República

Adelanto de elecciones y las trampas del poder

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El reciente mensaje de Dina Boluarte ha sido esquivo, populista y entrampado. No reconoció responsabilidad de nada. Ni una sola línea sobre las últimas muertes por la represión policial. Ni por asomo deslizó la posibilidad de su necesaria renuncia. Ha volcado en el Parlamento toda la culpa de la actual crisis sociopolítica del país. Reiteró de forma cansina que no se dejará «chantajear por los vándalos». Todo repetitivo.

Pero lo sustancial de su perorata estuvo en que si el Congreso no aprueba, mañana lunes, el adelanto de elecciones para este 2023, entonces el Ejecutivo presentaría dos proyectos de ley:

-Adelanto de elecciones para octubre de este año (en diciembre sería la segunda vuelta). Con las reformas constitucionales urgentes para conseguir dicho objetivo.

-Que la Comisión de Constitución del próximo Congreso se encargue de la modificación total de la Constitución de 1993 (la que está en vigencia).

Y aquí es donde radica su talante populista, con propuestas enfiladas en ganarse aliados en algunas bancadas de izquierda (Perú Libre y Bloque Magisterial, principalmente). Estas medidas no serían soluciones de fondo, pues si realmente quisiera emplazar al Parlamento y buscar calmar las demandas populares, ella debería renunciar ahora mismo para obligar constitucionalmente a un adelanto de elecciones para este periodo. Ahora, los parlamentarios podrán dilatar el tiempo bajo la excusa de “debatir las iniciativas del Ejecutivo” y así quedarse hasta el 2026, como ya lo manifestó la bancada ultraderechista de Renovación Popular.

Ahora bien, es claro el guiño a cierta izquierda, con eso de la reforma total de la actual Constitución, pero que obviamente sería una trampa en sí misma para evitar cualquier proceso mínimo hacia una Asamblea Constituyente, que es realmente el clamor mayoritario. Y sobre el adelanto de elecciones habría que tener cuidado especial, pues esta medida (tal como la está impulsando el fujimorato) podría ser el retorno hacia un nuevo periodo de mayor conflictividad puesto que para estos comicios adelantados sería la derecha más reaccionaria la que tendría mayores posibilidades de ganar (por tener partidos con inscripción vigente y maquinaria económica a su favor).

Desde un pliego mínimo de acción, consensuado desde las bases movilizadas, no habría que ceder en las cuatro demandas generales: Renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso, Asamblea Constituyente y nueva Constitución. Todo esto articulado desde las plataformas de lucha de los pueblos y sectores que hoy protestan, y no desde el aprovechamiento o «aparato» de partidos políticos con agendas e intereses subalternos, vengan de donde vengan.

Apuntes sobre la reciente «Toma de Lima»

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Sobre la movilización de hoy, denominada «La toma de Lima», habría que comentar que:

– A diferencia de las marchas o pasacalles organizadas por la (ultra)derecha, hoy sí se vio a sectores populares articulados en torno a pliegos de reclamos de carácter urgente. Se movilizaron gremios sindicales, federaciones obreras, frentes regionales, comités vecinales, asambleas campesinas, coordinadoras estudiantiles, etc. Aunque mezclados con sectores variopintos y «peculiares» (reservistas, antivacunas, etc.), se pudo sentir un conglomerado que salió más allá de una simple defensa irrestricta del gobierno (como señala la prensa) buscando tensar el momento en busca del desarrollo de las demandas sociales que exigen mayor presupuesto a sectores estratégicos de la economía nacional (para superar el período de crisis en ciernes), así como el cierre del Congreso golpista o incluso la necesidad de una asamblea popular constituyente que refunde la nación por fuera del marasmo neoliberal actual.

– Por supuesto que un panorama de movilización popular no estará exento de ser «aparateado» por un gobierno vapuleado por sus enemigos políticos. Es así que desde el Ejecutivo se buscó la injerencia abierta en la marcha de hoy, a través de sus operadores y voceros sociales. Esto con el objetivo de contrarrestar la polarización mediática contra la actual gestión de Castillo. Nuevamente se pretende extender una dicotomía beligerante desde las élites. La actual lucha de poderes (Ejecutivo – Legislativo) no tiene al pueblo como elemento central ni como bandera de combate, sino como chivo expiatorio o furgón de cola. Desde la oposición golpista y reaccionaria se busca llevar al país al borde del abismo (en materia sociopolítica e incluso económica) y desde el oficialismo entrampado se pretende dar un paso hacia adelante, en esa pésima dirección.

– El factor de la violencia que —una vez más— ha exacerbado la prensa corporativa como único arista a destacar en la movilización de hoy, es el largo guion que cumple el poder mediático como papel activo dentro de la agenda golpista. El tratamiento noticioso hoy fue diferente. No hablaron de «ciudadanos movilizados», ni de «pueblos indignados» frente al abuso o corrupción del poder de turno (como sí lo hicieron con los pasacalles de la ultraderecha), sino de agresiones contra ciertos periodistas de «medios democráticos». Nuevamente el monopolio de la violencia está en manos de quienes moldean la opinión pública y no hacen reparos en mostrar contenido sesgado con arbitrariedades evidentes.

– El Perú sigue inmerso en un período de crisis estructural. El país continúa sumido en una vorágine de incapacidad política y seguidismo neoliberal. Las disputas por cuotas o control absoluto del poder han desvanecido el interés inicial por reformas sociales en los que los sectores populares depositaron su confianza. Hoy tenemos a la misma élite ensimismada en no perder el botín, mientras el descontento general sigue creciendo y volviéndose caldo de cultivo de plataformas oportunistas que podrían ser mucho peor de lo que ya estamos padeciendo.

Los Juegos de la Angurria

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Con liderazgo débil y sin habilidad política, Lady Camones fue censurada y retirada de la presidencia del Congreso de la República después de 40 días de gestión. La justificación fueron los audios donde se escuchó cómo Cesar Acuña le daba órdenes sobre cómo dirigir el Congreso para su beneficio personal y electoral; sin embargo, las razones políticas que motivaron la censura aún están por verse.

En el escenario tenemos a Keiko Fujimori anunciado la próxima agenda de la Comisión Constitución, presidida por Nano Guerra; esto es, el proyecto de ley de adelanto de elecciones, documento presentado por la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle (Podemos), mientras que se sigue agitando la campaña de «suspensión presidencial» de la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (Fuerza Popular).

Además, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), ha solicitado la recomposición de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde esperan, entre otros, una acusación constitucional elaborada por Perú Libre contra la Fiscal de la Nación, por abuso de autoridad y obstrucción de la justicia, todo ello dentro del marco de acusaciones contra su hermana, la juez suprema Enma Benavides, quien sería una de las operadoras de los Cuellos Blancos dentro del Poder Judicial, y, aparte, las acusaciones constitucionales contra Pedro Castillo y Dina Boluarte, que aún no logran llegar a ningún lado.

Pues bien, como se ve, el Congreso de la República está en uno de sus momentos más tensos, por lo que la negociación para su próxima presidencia revelará quiénes están negociando qué y con quién. Para empezar, la primera candidatura anunciada es la del congresista de Acción Popular, Luis Aragón. Él ha sido señalado como integrante de Los Niños, es actual presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, justamente el sector que está en el ojo de la tormenta, y es parte de la facción opositora a Maricarmen Alva.

La segunda postulación anunciada es la del bloque de izquierda. Se sabe que parte del bloque estuvo buscando a Carlos Zeballos (Acción Popular) para que pueda representar una candidatura moderada. Sin embargo, Perú Libre no estuvo de acuerdo con esa postura, por lo que fraccionó el bloque y terminó por presentar a Guido Bellido, el brazo derecho de Vladimir Cerrón, como su candidato a la presidencia.

Hasta el momento, se han voceado algunas personalidades, como Gladys Echaíz (Renovación Popular), José Williams (Avanza País), Esdras Medina (Somos Perú), Alejandro Soto (Alianza por el Progreso), mientras que, al parecer, ni la bancada de Fuerza Popular ni la de Podemos presentarán ninguna candidatura.

El plazo para presentar las candidaturas vence el domingo 11 de setiembre y las elecciones serán el lunes 12 a partir de las 10 am, mediante voto presencial, tal como lo establece el Reglamento del Congreso. Tan solo queda esperar, que esta temporada recién comienza.

Demócratas autoritarios

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En estos momentos, estamos viviendo el momento democrático más largo de la historia. Todos nosotros somos parte de un momento nunca antes visto en nuestra vida republicana: tenemos 20 años de elecciones libres y abiertas, las cuales se vienen desarrollando dentro de los plazos establecidos y de manera ininterrumpida.

En este periodo, hemos tenido gobiernos que han sido muy cuestionados. Incluso, gobiernos que terminaron su periodo dejando muchísima desconfianza. Sin embargo, ni en nuestro momento más crítico, como lo fue el 2016, no se dio ni el mínimo espacio para medidas anti democráticas. No hubo opción para fomentar un golpe de Estado o para que se conforme una Junta Militar.  Hasta en el momento más difícil, se logró mantener cierto sentido de institucionalidad.

Hay que reconocerlo. Este hito colectivo está logrando mantener cierta estabilidad en medio de coyunturas de mucha inestabilidad. Y es importante reconocerlo porque generar estabilidad electoral es apostar y reforzar nuestra propia cultura democrática. Por ello, veo con mucha preocupación la actitud tan autoritaria que viene desplegando un conjunto de organizaciones dentro de nuestro Congreso de la República.

¿Qué ha pasado?

Como sabemos, en diciembre del 2021, se publicó el cronograma electoral mediante el cual se estableció todo el programa de actividades que han realizarse para organizar y ejecutar lo que vendrían a ser las elecciones regionales y municipales.

Pues bien, todo empezó a principios de marzo, cuando el Congreso aprobó la ley 31437, con el fin de modificar la ley de organizaciones políticas y, con ello, eliminar el requisito del mínimo de listas regionales y provinciales que toda organización debe cumplir si desea mantener su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es más, por si fuera poco, el 24 de mayo, el Congreso aprobó la ley 31481, con el fin establecer nuevas fechas de inscripción de candidatos y de elecciones internas, a pesar que ambos plazos ya estaban vencidos, según cronograma.

Para remate, en ambos casos, estas leyes no solo quieren disponer y modificar a su antojo las reglas de un proceso que ya se encuentra en curso, sino que, además, tienen la explícita intención de suspender la aplicación de todo lo que se ha dispuesto por las normas y leyes electorales hasta el día de hoy.

¿Por qué tanta desesperación?

Ante el riesgo de perder su inscripción y previendo que la ley de organizaciones políticas les pondría una valla muy alta ante su poca capacidad de organización y representación, el nuevo bloque liderado por Malcricarmen Maricarmen Alva, las bancadas de Acción Popular, Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza por el Progreso han visto por conveniente dejar de lado sus aparentes diferencias ideológicas por un fin mayor: proteger sus propios intereses. Acá ya no estamos entre derechas – izquierdas o entre oposición – oficialismo. Hoy, somos testigos de que cuando el negocio personal está en riesgo lo que va a primar será la lógica de hacer todo lo que se deba hacer para no perder cuota de poder.

Para ellos, no importa la voluntad popular, no importa la institucionalidad del Estado, no importa la estabilidad ni las garantías democráticas; estas organizaciones solo saben actuar bajo la imposición del más fuerte Nada más autoritario, nada más anti popular.

Se caen las caretas

Durante meses, las élites políticas han venido acusando a nuestro gobierno elegido democráticamente, de autoritario, de inconstitucional, de fraudulento y de ilegítimo. No me mal entiendan, hay mucho por cuestionar y por exigir al Ejecutivo, el gobierno no está dirigiendo bien, pero, hasta la fecha, quienes, finalmente, están rompiendo toda normativa, hostigando a los órganos electorales autónomos, amenazando con denuncias penales y constitucionales, buscando eliminar todo el avance producto de las reformas electorales, y generando falsos conflictos son, justamente, aquellos que dicen llamarse defensores de la democracia pero que, en la práctica, sin ningún sentido de responsabilidad ni respeto por el cargo de representación, buscan imponer sus conveniencias de manera autoritaria.

No perdamos el enfoque. Todas estas acciones descritas en la presente columna no son casos aislados: esta contrarreforma electoral se suma a la contrarreforma educativa y la contrarreforma laboral que viene impulsando un Congreso que, claramente, se ha posicionado contra la población popular, contra los estudiantes, contra los trabajadores y contra la democracia. Lo que están haciendo es abuso de poder y ello no se lo podemos permitir.

La vuelta a la tortilla. Una previa al segundo intento de vacancia presidencial

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Desde que Pedro Castillo resultó ganador de la jornada electoral del 2021, la vida política peruana podría caracterizarse de mil formas, menos como una experiencia calmada y estable. Por el contrario. Como ya se sabe, la vieja confiable de los medios de comunicación en su clásica campaña mediática; campaña que viene de la mano con la oposición política y económica y, ahora, con Castillo, con una oposición de clase.

Más aún, seguro recordaremos las dos movilizaciones organizadas a fines del 2021 para impulsar el primer intento de vacancia, de la cual se destacó la segunda, donde se vio a nuestra ya conocida Patricia Chirinos, interpretando el papel de una ciudadana tan indignada que no le tembló la boca para disparar públicamente con los mejores insultos de su repertorio contra el Presidente de la República.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, este primer intento de vacancia no prosperó. El bloque oficialista, junto a sus aliados en el Congreso, lograron bloquear la moción de vacancia con 76 votos en contra y evitaron que este pedido se pueda debatir en el Pleno.

El tiempo pasó, los gabinetes ministeriales fueron duramente cuestionados y la Fiscalía abrió investigación contra Pedro Castillo por aparentes delitos contra la administración pública y colusión, en agravio del Estado.

Este nuevo escenario abrió la posibilidad para que la oposición pueda arremeter por segunda vez con un nuevo pedido de vacancia. Así, el 14 de marzo, ahora con 76 votos a favor, el Pleno aprobó debatir la moción de vacancia presidencial.

Lo interesante de este nuevo escenario es la forma en la que se reorganizaron los votos con respecto a la votación anterior.  Tal como figura en la tabla adjunta, es bastante claro cuáles son las bancadas que ven en este nuevo escenario una oportunidad que no tuvieron el año pasado. A partir de ello, es válido preguntarse ¿qué intercambios de favores hay sobre la mesa para aquellas bancadas que, en un comienzo votaron en contra y que hoy se voltean (casi) en su totalidad?

Es preocupante la actitud que toma la representación nacional con respecto a este tema. Si bien la vacancia es una figura constitucional, el tema de «permanente incapacidad moral» es tan gaseoso e interpretativo que más bien deja la sensación de ser una herramienta que legitima la arbitrariedad. Por ello, en vez de que el Legislativo funcione como un contra peso al poder político del Ejecutivo, se pervierte como Institución y se posiciona como un grupo de negociadores privados: el pueblo los eligió, pero trabajan para otros.

El 28 de marzo es la votación final, se decidirá si la vacancia presidencial procederá o no. Son dos los escenarios que podrían darse. Sin embargo, en caso se apruebe la vacancia y Castillo deba retirarse de la Presidencia, ¿la oposición tendrá la satisfacción necesaria para que pueda, de una vez por todas, empujar el gobierno, a favor del país? Sospecho que no.