Carla Toche Casalino

Politóloga, investigadora de temas políticos y electorales. Investigadora adherente en Grupo de Investigación "Historia y Ciudadanía Activa" de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Colaboradora en proyecto de investigación: "Coyunturas críticas en la historia de la República peruana". Ha publicado artículos sobre los movimientos estudiantiles y la Reforma Universitaria en el Perú de 1919 (Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba) y sobre las representaciones políticas en coyunturas de conflictos socio ambientales (Sociedad y Representación en la política Peruana, UNMSM, 2018).

Nos siguen pegando abajo

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Cómo empezó

Para comprender lo que está pasando en el Perú, hay que regresar unos meses atrás, hacia las campañas electorales del 2021. Durante estas campañas, las encuestadoras de la capital, sus analistas, académicos y la concentración de medios se esforzaron en limitar el debate y la información coyuntural alrededor de un reducido grupo de candidaturas, aquellas que eran reconocidas solo por los grupos hegemónicos: ninguno atinó la mirada hacia lo que se estaba gestando fuera de su radar.

Por ello, cuando el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ganó en primera vuelta, hubo desconcierto y sorpresa frente a este aparente desconocido; outsider, le llamaron, un golpe de suerte, se escuchó por ahí. Sin embargo, luego de publicarse los resultados de segunda vuelta, cuando el candidato desconocido ganó las elecciones contra la hija del dictador, Keiko Fujimori, los desconciertos y sorpresas se transformaron en racismo y odio de clase.

De manera pública, la oposición política, liderada por Keiko Fujimori, hostigaron a los jefes de los organismos electorales con el objetivo de que no se reconozcan los votos a favor de Castillo, votos que, dicho sea de paso, provenían, en su gran mayoría, del Centro y Sur del país, las zonas territoriales con profundos e históricos problemas de pobreza, desigualdad y desnutrición. A pesar de ello, los votos emitidos sí fueron reconocidos, Pedro Castillo logró juramentar como Presidente Constitucional del Perú y, con ello, se aperturó uno de los episodios más tensos de la vida política del país.

Ejecutivo y Legislativo. Dos enemigos frontales

Por las características del sistema de representación, los últimos presidentes del Perú no lograron alcanzar la mayoría en el Legislativo, por lo que tuvieron que aprender a maniobrar políticamente con la representación nacional. Así, el Ejecutivo y Legislativo debían ceder en sus intereses para poder generar cierta gobernabilidad.

Sin embargo, desde el 2016, con la bancada fujimorista como mayoría absoluta, la derecha política se pudo dar cuenta de dos cuestiones: primero, que el Presidente necesitaba del Legislativo para generar cierta estabilidad y, segundo, que el Congreso debía concentrar la mayor cantidad de poder a su favor, resquebrajando, así, la noción mínima de separación y estabilidad entre los tres poderes del Estado.

En ese escenario, el gobierno de Castillo y el Congreso de la República generaron enfrentamientos directos desde el primer día: las Mesas Directivas del Congreso impulsaron la agenda de la vacancia presidencial, sin contemplar el reglamento del Congreso ni lo estipulado en la Constitución; se mal utilizaron los recursos de control político, tales como la cuestión de confianza, y la interpelación y censura de ministros, transformándolos en herramientas de amenaza y hostigamiento; todas las reformas propuestas desde el Ejecutivo, tales como la Reforma Agraria, la Reforma Educativa, la Reforma Fiscal, etc., fueron bloqueadas o, peor aún, ni puestas en la agenda parlamentaria; finalmente, las tres ocasiones en las que el Premier de ese entonces, Aníbal Torres, asistió a la Comisión de Constitución y al Pleno del Congreso para que se incluya un artículo en la Constitución que permita la Asamblea Constituyente, tanto la Comisión como el Pleno se lo negaron.

En contraste, durante el año y medio de legislación, desde las distintas comisiones del Congreso y con el respaldo del Pleno, se lograron modificar más de 50 artículos de la Constitución además de retroceder sobre los avances alcanzados en materia educación, salud, derechos de las poblaciones indígenas y medio ambiente.

Es indudable que el gobierno del presidente Castillo se caracterizó por su inestabilidad e inacción: en 495 días se cambiaron 78 ministros y se conformaron hasta 5 gabinetes ministeriales; sin embargo, es pertinente considerar que la estabilidad y capacidad de gobernanza en cualquier país es resultado de una relación. Si el Ejecutivo presentó inacción y poca capacidad de gobierno ello también fue resultado de una tensión permanente con el Legislativo.

Control político, denuncias de corrupción y hostigamiento

A comienzos del 2022, se empezaron a abrir una serie de investigaciones preliminares contra el Presidente y su entorno familiar por presuntos actos de corrupción. Estas investigaciones se basaban en los testimonios de colaboradores eficaces, más no en evidencias suficientes que puedan sostener las aparentes denuncias.

Sin embargo, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señalada como parte de la red de los Cuellos Blancos, organización internacional de narcotráfico y tráfico de influencias, lideró las investigaciones contra el Presidente, con la protección del Congreso de la República.

Por lo establecido en la Constitución, un Presidente no podría ser procesado mientras esté en funciones, por lo que la Fiscal, al no encontrar mayor prueba que pueda sostener sus investigaciones preliminares, acudió al Congreso para que este resuelva la situación del Presidente; en otras palabras, para que puedan impulsar una vacancia presidencial.

Después de dos intentos fallidos de vacancia, la tercera estaba prevista para debate y votación los primeros días de diciembre del 2022, bajo los supuestos de que el Presidente de la República estaría liderando una organización criminal, tráfico de influencias y hostigamiento a las fuerzas policiales y fuerzas armadas. Mientras, ya se había aprobado en Comisión de Constitución, una moción de Suspensión presidencial; esto es, suspender las funciones del Presidente por un periodo de 36 meses.

La Caja de Pandora

Por acuerdo, el Congreso estableció que el debate y votación de la tercera moción de vacancia presidencial se realice el 07 de diciembre, a las 3pm. Según fuentes del Congreso, este nuevo intento de vacancia tampoco habría conseguido los votos mínimos suficientes; sin embargo, alrededor del mediodía, el Presidente anunció una medida inconstitucional: disolución del Congreso, el establecimiento de un gobierno de excepción y la reorganización del Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional. Esta medida, obligó a que el Congreso adelante la sesión del Pleno bajo un único punto de agenda: la votación de una nueva solicitud de vacancia presidencial; esta vez, por incapacidad moral.

Sin considerar su propio Reglamento ni lo estipulado en la Constitución, el Congreso aprobó la vacancia por incapacidad moral con 101 votos. Mientras ello sucedía, los medios de comunicación anunciaban que Pedro Castillo habría huido por la puerta trasera del Palacio de Gobierno y detenido por el cuerpo policial en la Av. Garcilaso de la Vega; detención que, dicho sea de paso, no contaba con ninguna orden judicial, ni fiscal.

Mientras se trasladaba a Pedro Castillo y a su abogado, el ex Premier, Aníbal Torres, a la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DIROES), en el Congreso ya estaban llamando a que se apersone la próxima Presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien, hasta horas antes, era la Vicepresidenta de Pedro Castillo y quien, hasta hace tres días antes, el Congreso le habría retirado las acusaciones constitucionales que este mismo le habría interpuesto. Así, el Perú tuvo una nueva Presidenta y un ex presidente que estaba siendo acusado de liderar una organización criminal por la cuestionada Fiscal de la Nación, quien, además, seguía sin contar con pruebas suficientes.

La Caja de Pandora II: un gabinete de temer, suspensión de los debidos procesos, Estado de Emergencia y abuso de autoridad

Desde que juramentó el Gabinete Boluarte, las sospechas colectivas se manifestaron rápidamente: según investigaciones periodísticas, el Premier es señalado como parte de los vínculos que tendrían los Cuellos Blancos dentro del Poder Judicial; el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, es un conocido operador político de Chim Pum Callao, organización política también vinculada a los Cuellos Blancos y a las denuncias de corrupción y tráfico de influencias en el caso Odebrecht; la Ministra de Vivienda, también es una conocida operadora política de Odebrecht y de Graña y Montero, mega empresa constructora que administra tres peajes a nivel nacional (en la sierra de Piura, en la Línea 1 del tren eléctrico y en la carretera inter oceánica); y la Ministra de Transportes, accionista de Graña y Montero.

Además de ello, es necesario considerar que varios abogados constitucionalistas han informado que las decisiones que están tomando en el Congreso de la República y en el Poder Judicial estarían siendo llevadas a cabo sin el debido proceso. Estas informaciones se dieron a conocer luego de que el Congreso le haya retirado la inmunidad presidencial a Castillo, sin votación previa, sin considerar el Reglamento Legislativo, y cuatro días después de que Castillo haya sido detenido y llevado a la DIROES. Además de ello, ha resultado un escándalo el hecho de que, horas antes de vencer los siete días de prisión preventiva contra Castillo, la Fiscalía de la Nación solicitó 18 meses más; solicitud que fue resuelta a favor de la Fiscalía y sin la presencia de los abogados del ex presidente.

Frente a todas estas situaciones, desde el 10 de diciembre se vienen desplegando diversas columnas de manifestantes al interior del país, sobre todo en las zonas Centro y Sur, los mismos territorios que votaron por el profesor Pedro Castillo. Estas columnas tienen cinco puntos de reclamos: liberación de Castillo, Asamblea Constituyente, Nueva Constitución, cierre del Congreso y adelanto de elecciones generales.

La respuesta del nuevo gobierno y del actual Congreso es lamentable. Se sostiene un relato parejo para justificar la criminalización de la protesta, se insiste en adjetivar de terroristas, azuzadores y delincuentes a los compatriotas del interior del país, se ha declarado Estado de Emergencia Nacional y toque de queda en 15 regiones del país y los organismos y movimientos de derechos humanos están denunciando abuso policial, torturas físicas y psicológicas contra las personas detenidas, violación domiciliaria y rapto de familias: al inicio de esta pequeña crónica se estaba contabilizando 18 fallecidos a nivel nacional. Ahora, horas después, la cifra ha subido a 24 fallecidos.

La incertidumbre crece

Debo expresar mi profunda preocupación y tristeza por los acontecimientos que están sucediendo en mi país. Las organizaciones y movimientos sociales tienen claridad en sus reclamos, pero el Congreso todavía no logra resolver sobre las demandas de adelanto de elecciones y nueva Constitución. Sumado a ello, hasta el cierre de esta redacción, ya han renunciado los Ministros de Educación y Cultura y la presión a favor de la renuncia de Dina Boluarte crece a cada minuto.

Aún no podría terminar de informarles sobre lo que viene sucediendo en este lado de Latinoamérica, dado que recién estamos llegando hacia el nudo del problema, pero si debo cerrar con esta redacción será con la esperanza de que se pueda hacer eco de la complejidad de la situación y que, a pesar de que el Gobierno y el Congreso se han esmerado en tildar de ignorantes a los movimientos sociales e indígenas, la verdad es que los únicos ignorantes resultaron ser ellos, la clase política.

Los Juegos de la Angurria

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Con liderazgo débil y sin habilidad política, Lady Camones fue censurada y retirada de la presidencia del Congreso de la República después de 40 días de gestión. La justificación fueron los audios donde se escuchó cómo Cesar Acuña le daba órdenes sobre cómo dirigir el Congreso para su beneficio personal y electoral; sin embargo, las razones políticas que motivaron la censura aún están por verse.

En el escenario tenemos a Keiko Fujimori anunciado la próxima agenda de la Comisión Constitución, presidida por Nano Guerra; esto es, el proyecto de ley de adelanto de elecciones, documento presentado por la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle (Podemos), mientras que se sigue agitando la campaña de «suspensión presidencial» de la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (Fuerza Popular).

Además, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), ha solicitado la recomposición de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde esperan, entre otros, una acusación constitucional elaborada por Perú Libre contra la Fiscal de la Nación, por abuso de autoridad y obstrucción de la justicia, todo ello dentro del marco de acusaciones contra su hermana, la juez suprema Enma Benavides, quien sería una de las operadoras de los Cuellos Blancos dentro del Poder Judicial, y, aparte, las acusaciones constitucionales contra Pedro Castillo y Dina Boluarte, que aún no logran llegar a ningún lado.

Pues bien, como se ve, el Congreso de la República está en uno de sus momentos más tensos, por lo que la negociación para su próxima presidencia revelará quiénes están negociando qué y con quién. Para empezar, la primera candidatura anunciada es la del congresista de Acción Popular, Luis Aragón. Él ha sido señalado como integrante de Los Niños, es actual presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, justamente el sector que está en el ojo de la tormenta, y es parte de la facción opositora a Maricarmen Alva.

La segunda postulación anunciada es la del bloque de izquierda. Se sabe que parte del bloque estuvo buscando a Carlos Zeballos (Acción Popular) para que pueda representar una candidatura moderada. Sin embargo, Perú Libre no estuvo de acuerdo con esa postura, por lo que fraccionó el bloque y terminó por presentar a Guido Bellido, el brazo derecho de Vladimir Cerrón, como su candidato a la presidencia.

Hasta el momento, se han voceado algunas personalidades, como Gladys Echaíz (Renovación Popular), José Williams (Avanza País), Esdras Medina (Somos Perú), Alejandro Soto (Alianza por el Progreso), mientras que, al parecer, ni la bancada de Fuerza Popular ni la de Podemos presentarán ninguna candidatura.

El plazo para presentar las candidaturas vence el domingo 11 de setiembre y las elecciones serán el lunes 12 a partir de las 10 am, mediante voto presencial, tal como lo establece el Reglamento del Congreso. Tan solo queda esperar, que esta temporada recién comienza.

Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley

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Dicen que hay persecución contra el Presidente de la República y su familia. Y pienso que tienen razón. Con ello no quiero decir que el Presidente y su familia no nos deban explicaciones; al contrario: por supuesto que sí. Justamente por ello, también considero que el proceso por el cual nos deben rendir explicaciones no está siendo llevado a cabo debidamente.

La noción más importante de cualquier sistema de justicia es la responsabilidad de tomar una decisión basada en los hechos, no en el sentimiento, no en la venganza: la justicia no es venganza. Sin embargo, es bastante claro cómo se ha reemplazado la campaña del supuesto fraude electoral del año pasado por la campaña que hoy se organiza contra Castillo. Las consignas han cambiado, pero el interés sigue siendo el mismo: no reconocer la autoridad elegida.

El principio básico de nuestro sistema judicial es que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Sin embargo, a pesar de no tener las pruebas, a pesar de no tener los testigos, a pesar de no tener nada más que procesos preliminares, el Congreso de la República, los medios masivos de comunicación, y otras organizaciones similares, ya dictan sentencia: Castillo es culpable.

Pero ello, no es suficiente. A pesar que no se ha dado indicios de posible fuga, a pesar que aún no hay alguna investigación abierta formalmente y que no hay ningún cargo imputado por parte del Poder Judicial, se está solicitando prisión preventiva contra uno de los miembros de la familia del Presidente. Se le está acusando de sospechoso al hijo menor de edad por tener S/.6,600 soles en su cuarto. Se solicita impedimento de salida a la esposa, cuando ella tampoco presenta ningún riesgo de fuga. En fin, la lista podría seguir.

Además de todo ello, Patricia Benavides, la actual Fiscal de la Nación, quién sería la encargada de dirigir todo el proceso de investigación contra el Presidente y su familia, está siendo denunciada constitucionalmente por abuso de poder y obstrucción de la justicia al haber hostigado contra la fiscal Revilla cuando esta llevaba a cabo una investigación contra la Juez Suprema, Emma Benavides, hermana de la Fiscal, por estar cobrando cupos para liberar narcotraficantes e integrantes de la organización «Los Cuellos Blancos».

Finalmente, es de acceso público el registro de la Procuraduría General donde figuran los nombres de actuales congresistas de Fuerza Popular, Somos Perú, Acción Popular, Alianza por el Progreso, Avanza País y Podemos por tener una o varias investigaciones en curso por peculado, colusión agravada, corrupción de funcionarios, etc.

De hecho, según lo calculado por la Procuraduría, el total de dinero que estos congresistas le habrían robado al Estado asciende a la suma de S/. 64,839,846.00. Sin embargo, no hay ningún pedido de, si quiera, mandar a Comisión de Ética a alguno de estos representantes nacionales, ni mucho menos se está solicitando que sean desaforados.

Los tres poderes del Estado están en peligro y abajo, en el llano, estamos nosotros malabareando el día a día. Sin embargo, no podemos perder la perspectiva: que se investigue lo que se tenga que investigar pero con las garantías y los procesos adecuados y no porque un grupo de políticos corruptos, vengativos y golpistas siguen insistiendo que la voluntad electoral no vale nada si no les conviene a sus intereses. No se trata de Castillo, se trata de nuestro proceso, de nuestra estabilidad y del respeto a nuestra voluntad a elegir.

Las tres reinas del Congreso

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Introducción

Tal como ya se venía advirtiendo, la relevancia política del Congreso de la República y, sobre todo, de la Mesa Directiva, cobró especial protagonismo desde el 2016; ello debido al ejercicio de control que se puede hacer desde la Mesa y, sobre todo, ante la posibilidad de una sucesión del poder frente a la posibilidad de vacancia o renuncia presidencial. Desde este punto y con el aprendizaje acumulado de los años anteriores, el fujimorismo y las fuerzas conservadoras y reaccionarias entraron al Hemiciclo del 2021 con bastante claridad: se repartieron las comisiones necesarias para, de una vez por todas, poner en evidencia hacía donde está corriendo el viento, a favor y en contra de quién.

Sin embargo, luego de un año de pan y circo, la oposición de siempre y la oposición de facto no lograron concentrar una mayoría suficientemente fuerte que pueda liderar a favor de sus propios intereses y propósitos. Y ello, justamente, se demostró durante todo el proceso para la conformación de listas y elección de la Mesa Directiva.

Tal como se sabe, desde hace 30 años, el escenario usual fue la presentación de dos listas para que postulen a la Mesa Directiva: la lista del oficialismo y la lista de la oposición. Alguna vez se han presentado tres, en donde la tercera lista usualmente representó algunos sectores reaccionarios y extremos. Sin embargo, esta vez, hemos tenido cuatro listas; algo que hasta ahora no había pasado.

Previas a la elección

Regresemos meses atrás, cuando se empezó con el rumor de una tal Gladys Echaíz, ex congresista por Alianza por el Progreso, y ex Fiscal de la Nación, la misma que protegió a Alan García en, por lo menos, dos grandes momentos: durante las investigaciones que lo apuntaban como responsable de la masacre de Accomarca, cometida en 1985, y de las primeras investigaciones que se realizaron en la Mega Comisión liderada por el entonces congresista Sergio Tejada, por los casos de los Petro Audios.

Pues bien, desde hace varios meses, se estuvo voceando que esta ex Fiscal, ahora congresista y miembro de la Comisión de Constitución, iba a ser la próxima Presidenta del Congreso. Más aún, los rumores que se soltaban en Pasos Perdidos señalaban que el interés que tenia Echaíz para asumir la presidencia del Legislativo se justificaba bajo un posible escenario de vacancia presidencial; escenario que, si jugaba bien sus cartas bajo la mesa, la podía poner para la sucesión del poder. Bastante ambiciosa.

Tan ambiciosa que, días antes de la inscripción de las listas, su propia bancada no la respaldo, bajo la sospecha/temor de que su bancada no pueda imponer su agenda parlamentaria por encima de la agenda personal. Más aún, no solo no le dieron respaldo, sino que la empujaron directo a los brazos de la bancada Montoya.

Conformación de las listas

Días previos a la inscripción de la lista, los congresistas comenzaron a hacer sus jugadas y amarres. Tanto así, que se sabe que Montoya y Echaíz, dos efusivos anti comunistas y anti izquierdistas, se reunieron con Waldemar Cerrón de Perú Libre y Alex Paredes del Bloque Magisterial, para negociar votos y conformación de lista. Sin embargo, evidentemente, las negociaciones salieron mal; sin embargo, este tipo de reuniones nos pone en evidencia cómo afuera, en el Hemiciclo y en los medios de comunicación, los unos y los otros se ponen rabiosos, pero a puertas cerradas están dispuestos a sentarse y negociar.

Luego de la pateada de mesa, sale Montoya a declarar en Pasos Perdidos que su bancada no conformaría ninguna lista, ni siquiera con Echaíz; sin embargo, horas después, nos llegó la novedad de que no solo iban a postular uno, sino dos de su bancada: Gladys Echaíz y Esdras Medina (el mismo que impulsó la contra reforma universitaria para blindar el negociazo de las universidades privadas informales). Más aún, a pesar que Echaíz choteó a Waldemar Cerrón, Medina aprovechó y sí acepto armar una lista con el cuadro/dueño de Perú libre.

Después de tantas vueltas, promesas y jugadas, se presentaron cuatro listas para la Mesa Directiva: la lista 1, encabezada por Lady Camones, en alianza con sus viejos amigos del fujimorismo, Podemos y Somos Perú; la lista 2, encabezada por Héctor Acuña, en alianza con Juntos por el Perú, Perú Democrático y Perú Bicentenario; la lista 3, encabezada por Esdras Medina, en alianza con Perú Libre, Ilich López (uno de los niños de Acción Popular) y el Bloque Magisterial; y la lista 4, encabezada por Gladys Echaíz y Avanza País.

Las reinas calaveras

Los resultados ya los sabemos. Fue tanta la debilidad de las listas presentadas que ninguna obtuvo lo mínimo requerido y las dos con mayor votación, la lista Camones y la lista Medina, tuvieron que ir a segunda vuelta; finalmente, la lista Camones gana la Mesa Directiva y, con ello, se fortalecieron dos grandes liderazgos: el liderazgo del fujimorismo y el liderazgo de Malcricarmen.

¿liderazgo del fujimorismo? Sí y no solo me refiero a la presencia de Martha Moyano, sino que la misma Lady Camones ya tenía sus relaciones políticas con el fujimorismo, cuando la postularon para las elecciones regionales del 2018. Ello significa que el fujimorismo tiene la mitad de la Mesa Directiva. ¿liderazgo de Malcricarmen? Así es, y ello debido a la continuidad que representa Camones (recordar que ella fue la 1era vicepresidenta de la Mesa Malcricarmen) y porque la figura de Malcricarmen tiene la fuerza suficiente para mantener/imponer la agenda legislativa que favorezca la concentración del poder político en el Legislativo (por ejemplo, con el Proyecto Ley de la bicameralidad y la vacancia presidencial) y porque el golpe que se le dio a Medina para que no llegara a la Mesa Directiva no solo fue para favorecer a Camones sino, sobre todo, para ir dejando en claro a los niños de Acción Popular que ellos ya no son parte del club.

Ahora bien, luego de todo este teatro, vale preguntarse las razones que estarían impulsando a los congresistas para tantos tira y afloja. Mi intuición me lleva a decir que el núcleo del asunto está en el hecho de que el Congreso no tiene legitimidad. Nadie los quiere, nadie en la calle se movilizaría en su defensa.

Sin embargo, la misma debilidad también la tiene el Ejecutivo. Por ello, cuando los dos poderes del Estado se encuentran tan débiles y desprestigiados, solo queda jugar la carta de la «híper interpretación constitucional». Con esta carta, los congresistas harán sus próximas jugadas que les pueda garantizar su permanencia en la repartija. Con esta carta, los congresistas sabrán que deberán hacer para seguir gobernando a favor de sus intereses a pesar que más del 80% del país ya no los tolera más.

Es una situación bastante inusual y particularmente alarmante. Sin liderazgos, sin claridad y sin horizonte, es pertinente lo que nuestro viejo amigo Antonio Gramsci nos dijo alguna vez: cuando el viejo mundo se muere y cuando el nuevo tarda en aparecer, en ese claroscuro es cuando surgen los monstruos. A estar atentos.

Ante la emergencia, organización

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El 5 de junio se anunciaron tres noticias: Javier Arce renunció al cargo de Ministro de Desarrollo Agrario, el Presidente de la República anuncia la creación de una Comisión de Alto Nivel para la atención de la crisis de la seguridad alimentaria y la agricultura familiar y Agro Rural (Programa del Ministerio de Desarrollo Agrario) declaró que no se pudo completar la adquisición de fertilizantes, a pesar de lo anunciado y confirmado tanto por Oscar Zea y Javier Arce.

¿Cómo estamos a nivel de gestión ministerial?

El Ministerio de Desarrollo Agrario es uno de los ministerios que más rotación de altos funcionarios ha tenido entre los cuatro gabinetes. Es una situación bastante alarmante ya que pone en evidencia que, a pesar de contar con un plan estratégico y un plan operativo para orientar las intervenciones públicas dentro del sector agrario, no hay capacidad para liderar ni gestionar los objetivos trazados.

Por otro lado, a propósito de la Comisión de Alto Nivel, también se expone la poquísima capacidad de gestión que hay entre los mismos ministerios y estos con respecto al Ejecutivo. Efectivamente, tal como ya lo afirmó Eduardo Zegarra, el presupuesto que asignó el Ministerio de Economía para la compra de fertilizantes no era para nada suficiente, ya que no lograba cubrir ni la mitad de fertilizantes requeridos para el corto periodo de tres meses.

Más aún, considerando que la crisis alimentaria nacional es un problema que se evidencia en cifras desde inicios de la pandemia, hay una total ausencia de los ministerios de Desarrollo y de Mujer y Poblaciones Vulnerables ya que tampoco logran ejecutar ningún tipo de plan ni programa para sostener a las más de 700,000 personas que se encuentran en pobreza agraria. En esa misma línea, tampoco vemos en sus mejores luces al Ministerio de Comercio Exterior, a pesar del grave problema que genera el hecho de ser un país cuyos alimentos básicos son productos importados; productos que, dicho sea de paso, vienen en un alza de precio a nivel internacional.

Veamos el contexto

Desde las cifras más conservadoras hasta las más polémicas, es innegable que el Perú está enfrentando una crisis alimentaria sin precedentes: más de 15 millones de peruanos no tienen acceso a una alimentación balanceada, el precio de los alimentos importados está subiendo sin ningún control y la única alternativa que se dio para la compra de fertilizantes agrícolas, no logró el objetivo. En otras palabras, la falta de gestión ministerial descrita líneas arriba se da dentro de una situación muy alarmante: por un lado, tenemos a un grueso social dependiente de la agricultura familiar que corre el riesgo de perder el ciclo de productividad agrario por falta de fertilizantes y, por el otro lado, otro grueso social que no podrá acceder a los alimentos de la canasta básica porque el dinero no les alcanza.

Así, en estos momentos nos encontramos en un escenario en el que el Estado ha sido desplazado y el Mercado asume el rol para asignar los alimentos: el que tiene dinero, podrá comer. Esto quiere decir que si en estos momentos más de la mitad de país no puede alimentarse no es por falta de alimentos sino por un modelo económico y político que prioriza las ganancias por sobre encima de la dignidad y el desarrollo social.

Pues bien, ¿qué hacer?

No es suficiente con la creación de una Comisión de Alto Nivel. El Ejecutivo debe declarar la emergencia dentro del rubro alimentario y asumir el liderazgo político: se requiere un rápido control de daños y efectivizar la disponibilidad de alimentos. Para ello, es urgente que el Gobierno intervenga y compre la deuda generada por el crédito agrario; de esta manera, se podría amortiguar un posible impacto económico y generaría cierta protección a la agricultura familiar.

Además, se requiere gestionar un banco de alimentos que pueda distribuir de manera equitativa y focalizada los alimentos de primera necesidad: descentralizar y distribuir. Finalmente, el Ejecutivo debe dirigir los programas de alimentos a nivel nacional, en un trabajo conjunto con los ministerios convocados en la Comisión de Alto Nivel y con las redes de organizaciones técnicas y sociales a nivel regional y local, en las deben incluirse a las redes de ollas comunes y comedores populares. Tal como lo viene afirmando la FAO y CEPAL, el problema de falta de acceso a alimentos es una situación internacional pero el impacto será diferenciado. Por ello, se requiere plantear la emergencia del problema a nivel político, social y económico y en el que el Ejecutivo se alinee a los intereses del bien común y donde la ciudadanía asuma el trabajo conjunto para el bienestar general. Solamente si actuamos juntos, podremos salir de esta.

Demócratas autoritarios

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En estos momentos, estamos viviendo el momento democrático más largo de la historia. Todos nosotros somos parte de un momento nunca antes visto en nuestra vida republicana: tenemos 20 años de elecciones libres y abiertas, las cuales se vienen desarrollando dentro de los plazos establecidos y de manera ininterrumpida.

En este periodo, hemos tenido gobiernos que han sido muy cuestionados. Incluso, gobiernos que terminaron su periodo dejando muchísima desconfianza. Sin embargo, ni en nuestro momento más crítico, como lo fue el 2016, no se dio ni el mínimo espacio para medidas anti democráticas. No hubo opción para fomentar un golpe de Estado o para que se conforme una Junta Militar.  Hasta en el momento más difícil, se logró mantener cierto sentido de institucionalidad.

Hay que reconocerlo. Este hito colectivo está logrando mantener cierta estabilidad en medio de coyunturas de mucha inestabilidad. Y es importante reconocerlo porque generar estabilidad electoral es apostar y reforzar nuestra propia cultura democrática. Por ello, veo con mucha preocupación la actitud tan autoritaria que viene desplegando un conjunto de organizaciones dentro de nuestro Congreso de la República.

¿Qué ha pasado?

Como sabemos, en diciembre del 2021, se publicó el cronograma electoral mediante el cual se estableció todo el programa de actividades que han realizarse para organizar y ejecutar lo que vendrían a ser las elecciones regionales y municipales.

Pues bien, todo empezó a principios de marzo, cuando el Congreso aprobó la ley 31437, con el fin de modificar la ley de organizaciones políticas y, con ello, eliminar el requisito del mínimo de listas regionales y provinciales que toda organización debe cumplir si desea mantener su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es más, por si fuera poco, el 24 de mayo, el Congreso aprobó la ley 31481, con el fin establecer nuevas fechas de inscripción de candidatos y de elecciones internas, a pesar que ambos plazos ya estaban vencidos, según cronograma.

Para remate, en ambos casos, estas leyes no solo quieren disponer y modificar a su antojo las reglas de un proceso que ya se encuentra en curso, sino que, además, tienen la explícita intención de suspender la aplicación de todo lo que se ha dispuesto por las normas y leyes electorales hasta el día de hoy.

¿Por qué tanta desesperación?

Ante el riesgo de perder su inscripción y previendo que la ley de organizaciones políticas les pondría una valla muy alta ante su poca capacidad de organización y representación, el nuevo bloque liderado por Malcricarmen Maricarmen Alva, las bancadas de Acción Popular, Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza por el Progreso han visto por conveniente dejar de lado sus aparentes diferencias ideológicas por un fin mayor: proteger sus propios intereses. Acá ya no estamos entre derechas – izquierdas o entre oposición – oficialismo. Hoy, somos testigos de que cuando el negocio personal está en riesgo lo que va a primar será la lógica de hacer todo lo que se deba hacer para no perder cuota de poder.

Para ellos, no importa la voluntad popular, no importa la institucionalidad del Estado, no importa la estabilidad ni las garantías democráticas; estas organizaciones solo saben actuar bajo la imposición del más fuerte Nada más autoritario, nada más anti popular.

Se caen las caretas

Durante meses, las élites políticas han venido acusando a nuestro gobierno elegido democráticamente, de autoritario, de inconstitucional, de fraudulento y de ilegítimo. No me mal entiendan, hay mucho por cuestionar y por exigir al Ejecutivo, el gobierno no está dirigiendo bien, pero, hasta la fecha, quienes, finalmente, están rompiendo toda normativa, hostigando a los órganos electorales autónomos, amenazando con denuncias penales y constitucionales, buscando eliminar todo el avance producto de las reformas electorales, y generando falsos conflictos son, justamente, aquellos que dicen llamarse defensores de la democracia pero que, en la práctica, sin ningún sentido de responsabilidad ni respeto por el cargo de representación, buscan imponer sus conveniencias de manera autoritaria.

No perdamos el enfoque. Todas estas acciones descritas en la presente columna no son casos aislados: esta contrarreforma electoral se suma a la contrarreforma educativa y la contrarreforma laboral que viene impulsando un Congreso que, claramente, se ha posicionado contra la población popular, contra los estudiantes, contra los trabajadores y contra la democracia. Lo que están haciendo es abuso de poder y ello no se lo podemos permitir.

La Reforma Inconclusa

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Cuántas veces hemos exigido el cierre de locales públicos y privados que han puesto en grave peligro la vida y dignidad de las personas, por no tener las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento. Cuántas veces nos hemos indignado por aquellos locales informales (y hasta ilegales) donde se reproducen y sostienen redes de mafias, donde no hay ni escaleras de emergencia y donde, claramente, las autoridades han sido parte de esta inseguridad e informalidad. ¿Cerrar esos antros es suficiente para nuestra seguridad? No, ¿es lo mínimo necesario? Sí. Pues bien, en esa lógica ¿por qué tendríamos que exigir, demandar menos cuando se trata de nuestra educación universitaria?

Desde hace unas semanas, se ha regresado al debate sobre la Reforma Universitaria y la pertinencia de la SUNEDU. Pues bien, Para empezar ¿Qué es la Reforma Universitaria?

En general, la Reforma Universitaria es el proceso por el cual el Estado asume la responsabilidad de garantizar la educación superior universitaria, reconociendo el derecho a una educación de calidad y respetando el principio de autonomía universitaria. En el caso del Perú, la Reforma Universitaria se va a desarrollar a partir de 1876 en adelante. Sin embargo, para los fines de la presente columna, me voy a concentrar en las tres últimas etapas impulsadas por Fernando Belaunde (1983), Alberto Fujimori (1996) y Ollanta Humala (2014).

Sobre la ley universitaria de Belaunde Terry, esta generará un marco normativo totalmente descontextualizado en la medida que el principio de autonomía universitaria dejará de ser la garantía para la democratización universitaria y pasará a un plano de arbitrariedad y extraterritorialidad. Por otro lado, con el Decreto Legislativo de Alberto Fujimori, se dio el encuadre necesario para que el proyecto de universidad ya no tenga fines científicos ni responsabilidad social, sino que se reformule como una suerte de institución con fines explícitamente lucrativos y con ninguna proyección ni responsabilidad hacia la comunidad; en otras palabras, las famosas universidad empresa

¿Qué es la SUNEDU?

Como vemos, el tema de la Reforma Universitaria es un debate constante que pone bajo la luz cuáles han sido los bloques sociales y políticos que se han puesto a favor de una educación científica, democrática y de calidad y los bloques cuyas prioridades han sido el lucro y la informalidad. Es así que, durante el gobierno de Ollanta Humala, se vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el impacto negativo de  un grupo de universidades tan informales y precarias que, en muchos casos, no contaban ni con servicio de agua ni desagüe dentro de sus instalaciones.

En ese marco, en julio del 2014, se decreta la ley universitaria 30220, marco legal que establece, entre otras medidas, la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) con el objetivo de «verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario»; en otras palabras, establecer un protocolo de supervisión para garantizar que las universidades tengan las condiciones mínimas necesarias, como agua y desagüe, que estén facultadas para otorgar títulos profesionales y grados académicos, entre otros.

Ahora bien, a partir de lo establecido, el esquema de regulación generado por la SUNEDU, estaría reconociendo tres tipos de universidades peruanas, a saber: las universidades de alto costo y de buena calidad, las universidades públicas y las universidades de bajo costo y de baja calidad. Sobre ello, hasta la fecha, a ninguna universidad de alto costo y buena calidad se le denegó la licencia de funcionamiento, solo a 02 universidades públicas se les denegó la licencia de funcionamiento y a 48 universidades de bajo costo y de baja calidad se les denegó la licencia de funcionamiento.

Este tipo de datos nos expone que el modelo universitario privado y de baja calidad es el negocio que más riesgo corre con respecto a los marcos mínimos requeridos para obtener la licencia de funcionamiento. En otras palabras, si hasta ahora hemos tenido duda sobre quiénes estarían perdiendo con las exigencias mínimas establecidas por la SUNEDU, acá tenemos que los dueños de las universidades informales serían los primeros perjudicados.

Además de ello, a nivel nacional, hay 46 universidades, las cuales 67% se concentran en Lima y 33% se distribuyen en otras provincias. Más aún, en 6 regiones del Perú, no hay universidades privadas. Este panorama no solamente pone en evidencia la híper concentración que hay en la oferta universitaria de modelo privado, sino que también expone la necesidad de fortalecer la educación pública y de calidad de manera descentralizada.

Un tercer punto es que, en términos políticos, la Reforma Universitaria y la ley universitaria vigente han estado en el centro de la inestabilidad: hemos tenido más de 10 ministros de educación en menos de cinco años, la SUNEDU no ha tenido la capacidad política para salir del modelo que permite el lucro de la educación, el Congreso de la República ha tenido hasta dos comisiones investigadoras contra la SUNEDU y las nuevas autoridades desconocen las implicancias políticas y sociales que puede llegar a tener la Reforma Universitaria.

¿Por qué la SUNEDU está de nuevo en debate?

En este escenario tan tenso e inestable, se vuelve a poner en debate la pertinencia de la SUNEDU. Así, el 04 de mayo hubo debate en el Pleno. Primer punto de agenda: segunda votación sobre dictamen presentado por la Comisión de Educación en el que se propuso la «ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas». Así, en menos de dos horas, con 68 votos a favor, 39 en contra y 05 abstenciones, se aprobó la iniciativa liderada por el presidente de la Comisión de Educación, el congresista Esdras Medina Minaya.

Por un lado, el bloque de la congresista Pablo sostiene que dicho dictamen atenta contra la Reforma Universitaria pues buscaría implementar un sistema de educación superior que fomentaría la apertura de las universidades privadas de baja calidad, tal como ya pasó décadas anteriores. Por otro lado, el bloque liderado por el congresista Medina afirma que no están en contra de la SUNEDU y más bien buscan proteger la autonomía universitaria.

Pues bien, tal como se ha expuesto en esta columna, ya hemos visto que, para esta coyuntura, el tema de la autonomía universitaria es un pseudo argumento utilizado, más que nada, para defender intereses particulares que no pueden mantener sus negocios e intereses particulares ante la presencia de algún órgano de supervisión o de fiscalización.

En esa línea, viendo que los temas de la Reforma Universitaria y de la ley universitaria son debates altamente políticos, habría más bien que preguntarse sobre los posibles intereses que podrían estar presentes, empezando con la Comisión de Educación.

Así, a partir de la información proporcionada en el dictamen de la Comisión, se ha hecho una búsqueda sobre la formación universitaria de aquellos congresistas que votaron a favor del dictamen. De esta forma, tal como se expone en la Tabla 2, tenemos que de los 10 que votaron a favor del dictamen, hay un congresista sin estudios universitarios culminados, 05 congresistas cuyas universidades no lograron obtener el licenciamiento de funcionamiento por no tener las condiciones básicas de calidad, 02 congresistas de una universidad empresa y dos congresistas de universidad pública, entre las cuales se encuentra una universidad que se ha pronunciado en contra de la SUNEDU.

Si bien la formación universitaria no garantiza la formación ética ni es un requisito indispensable para obtener cargos públicos de alto nivel, tal como muchos de nuestros representantes nacionales lo confirman, sí considero necesario tener en cuenta este tipo de información ya que es, justamente, a través del acuerdo político de este bloque que no es capaz de diferenciar entre lo que es un órgano de representación universitaria con un órgano de fiscalización para funcionamiento, que la misma noción, función y objetivo del modelo universitario peruano está, nuevamente, suspendido sobre una situación extremadamente delicada.

Cierro la columna llamando a la reflexión sobre un asunto que, hasta el momento, ningún bloque legislativo ha tomado en cuenta. El Perú es el país con la menor tasa de matrícula universitaria de toda la región. Más aún, si bien la falta de acceso a la educación superior es un problema generalizado, esta situación impacta directamente a quienes trabajan en el sector informal. En otras palabras, la Reforma Universitaria y la calidad universitaria necesitan regresar al principio básico que hace 100 años levantaron los movimiento estudiantiles latinoamericanos: la democratización de la educación. Una universidad que no sea capaz de democratizar la educación, solamente reproducirá los factores que refuerzan las brechas de desigualdad, el apadrinazgo y las argollas.

[1] Además de su formación en la UIGV, se registra la siguiente información con respecto a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga: Bachiller en medicina humana (1984), Médico cirujano (1984), Bachiller en administración (2013), Licenciado en administración (2014), Magister en administración (2017) y Bachiller en economía (2020)

De crisis sanitaria a crisis alimentaria: el descontento que se alimenta del hambre

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El 3 de octubre del 2021, el Presidente de la República anunció la Segunda Reforma Agraria. Así, mediante Decreto Supremo, se aprobaron 4 lineamientos con el objetivo de «incrementar, de manera sostenible, los ingresos y calidad de vida de los productores de la agricultura familiar, cooperativa, comunera y empresarial». De esta forma, se dio a conocer la disposición del Gobierno para trabajar a través de acciones articuladas, con enfoque territorial y multisectorial.

Se generó mucha expectativa. No era para menos. Se presentó un plan de acción bastante ambicioso: implementar una nueva forma de gobierno para el mundo rural, impulsar mejores mercados para la agricultura familiar y la seguridad alimentaria, impulsar la industrialización del agro y la transformación productiva del campo, y generar seguridad hídrica e incrementar el desarrollo de infraestructura de riego de manera planificada.

Hoy tenemos otro escenario, la expectativa generada se transformó en descontento general. Hay crisis económica, crisis productiva y crisis alimentaria y el sector agrario, específicamente, la agricultura familiar, actividad que representa más del 90% de la actividad agraria, está en emergencia. Se anunció que, con la Segunda Reforma Agraria, se iba a impulsar la seguridad alimentaria; sin embargo, el escenario actual nos evidencia que la situación del sector alimentario está en crisis, generando mayor desigualdad e inseguridad.

Para empezar, el 70% de los fertilizantes que se utiliza en la actividad agropecuaria es materia importada de un solo proveedor (Rusia), situación que coloca al Perú en una situación de dependencia extrema y peligrosa. Por ello, desde hace un mes, se vienen organizando movilizaciones y convocando al paro de actividades tanto en el sector agrario como en el sector de transportes: por el contexto actual, el precio de los fertilizantes ha subido a tal nivel que, en estos momentos, el Perú está enfrentando un déficit de 180.000 toneladas métricas de urea, fertilizante clave para la producción de alimentos básicos, como el arroz, la papa y el maíz.

Sobre ello, Eduardo Zegarra, economista agrario e investigador de GRADE, afirma que, si el Gobierno no encuentra una rápida solución con respecto a la compra de fertilizantes, la producción de los alimentos básicos podría caer hasta en un 40% afectando a la temporada agrícola y, de manera directa, a la agricultura familiar, actividad que, en su mayoría, se encuentra en una situación de subsistencia.

Ser un país dependiente del mercado internacional de alimentos y fertilizantes nos coloca en una situación muy difícil. En ese sentido, según Carolina Trivelli, ex ministra del MIDIS, el Perú está importando problemas del contexto internacional, como son los altos precios de alimentos, de fertilizantes y de combustible. Sin embargo, la forma en la que estos problemas están impactando a nivel interno sí es un problema de gestión nacional. Clarísimo: a nivel nacional, la inseguridad alimentaria es un problema que impacta de manera desigual. Tal como lo afirma Fernando Eguren, director de La Revista Agraria, a medida que los alimentos suban de precio, los sectores de menores ingresos se verán obligados a comer menos o a comer alimentos más baratos y menos nutritivos.

Somos un país cuya agricultura y alimentación depende muchísimo de las importaciones y del mercado internacional. Sin soberanía alimentaria, no puede haber seguridad, no puede haber justicia ni puede haber equidad. Hace seis meses nos prometieron una Segunda Reforma Agraria. Hoy, estamos en un escenario en el que el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad es privilegio para un grupo muy reducido de familias. El descontento general que hoy se expresa a nivel nacional surge del hambre, de la incertidumbre y de la necesidad: el pueblo está exigiendo a gritos, ¿el gobierno es capaz de escuchar?

Esta deuda no es nuestra

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Y cuándo nos veremos con los demás,

al borde de una mañana eterna,

desayunando todos!

César Vallejo

Hubo tres noticias relevantes en estos días. La primera corresponde a una medida del Ejecutivo: el 3 de abril, se aprobó aumentar el salario mínimo vital para el sector privado; así, según el Decreto Supremo núm. 003-2022-TR, el aumento iría de S/.930 a S/.1025. La segunda es que el Ejecutivo y Legislativo aprobaron un dictamen para exonerar del IGV a algunos alimentos de la canasta básica familiar. La tercera, la más reciente, es que el Pleno del Congreso deberá decidir si aprueba o no el dictamen de la Comisión de Economía del Congreso, para que las personas afiliadas al Sistema Privado de Pensiones puedan retirar hasta S/.18,400 de sus ahorros previsionales.

Vamos por partes. El aumento del salario mínimo vital estaría destinado solamente a los trabajadores formales del sector privado. Esta medida no parece ser efectiva por dos razones: primero, porque la tasa de informalidad a nivel nacional es de casi 80% (más de 9 millones de trabajadores, lo cual marca un record desde el 2001) y, segundo, porque dentro del sector privado solamente aquellas empresas con alta productividad (con más de 50 trabajadores) podrían asumir este aumento salarial; empresas que, dicho sea de paso, están contratando 15% menos con respecto al 2019. Esto significa que el aumento salarial sería para un grupo muy reducido de trabajadores, por lo que, en último término, esta medida podría provocar mayor inseguridad laboral, desigualdad y precariedad.

Sobre la exoneración del IGV para ciertos productos de la canasta básica, el problema es más complejo. Para empezar, aunque el ministro de Economía Oscar Graham afirme que la exoneración será a favor de toda la cadena productiva, en realidad lo dispuesto solamente aplicará a las operaciones de importación. Entonces, teniendo en cuenta que los alimentos importados son componentes importantes y, de otro lado, es un sector oligopolizado, los primeros grandes beneficiados serán las empresas que controlan la industria alimentaria: Alicorp y Grupo Gloria.

Aun más, Pedro José de Zavala, director de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), advirtió en entrevista en Radio Exitosa que, si bien se ha exonerado el IGV en productos como el pollo o el huevo, esto no ha sido así para toda la cadena de proveedores de insumos que se necesitan para mantener la cadena de producción. En conclusión, si solamente se les exonera el IGV a los proveedores de pollo y no a los proveedores de soya o maíz, el precio del pollo tendría que subir para así pagar los impuestos de los no que no han sido exonerados.

En otras palabras, la disminución del precio no solo favorecería a las grandes industrias alimentarias, sino que, además, afectaría directamente a los proveedores y productores. Por lo que, tal como ha pasado con el combustible, el precio de venta final (el precio de venta al consumidor) no se modificaría sustancialmente.

Por otro lado, si consideramos que el IGV es el impuesto que más recauda el Estado, las exoneraciones generarán una ruptura en la cadena de cobro de este impuesto. De hecho, según el Ministro de Economía, con esta medida de exoneración se dejará de recaudar S/.50 millones, pero, insiste en que es una medida a favor del consumidor.

Finalmente, luego de los cinco retiros extraordinarios de los fondos de pensiones que aprobó el Congreso en el 2021, ahora se quiere volver a aprobar una medida similar para autorizar el retiro de 4 UIT (S/.18,400), con el fin de reactivar la economía. Sobre ello, Elio Sánchez, el superintendente adjunto de AFP de la SBS, declaró para TVPerú que, para empezar, el sistema de pensiones no es para reactivar la economía sino para garantizar que los afiliados puedan acceder a una cuenta de ahorros que les pueda sostener durante toda su etapa de jubilación. Además, señaló que, producto de las medidas antes aprobadas (las del 2021), se han retirado más de 66 millones de soles, lo que ha generado que más de la mitad de afiliados al sistema de pensiones cuente con menos de 1 UIT (S/. 4,600) en sus cuentas y que el 30% de afiliados no tenga ningún ahorro.

En este panorama tan hostil a nuestras economías de sobrevivencia, el Gobierno, el que se autodefine como “popular”, aquel que firma cada comunicado oficial como «Siempre con el pueblo», está aprobando una serie de paquetazos sin criterio, sin respeto y sin dignidad, con el claro objetivo de hacernos pagar, a nosotros, a los subempleados, a los desempleados, a los jubilados sin ahorros, a las familias sin ahorros, a los estudiantes sin ahorros, una deuda generada por el Estado, para hacer frente a la crisis sanitaria: el costo de vida es insostenible y ahora, con la indignación y descontento histórico y generalizado, se suma la decepción.

Es evidente que el Gobierno y el Legislativo no tienen la capacidad suficiente para gestionar la indignación cotidiana que la población siente ante el desgobierno. Más aún, dentro de todo, lo que más desconcierta es la fría mediocridad con la que decidieron responder a las expectativas generadas ya que, como dijo el sociólogo Omar Coronel, este tipo de maltratos y ofensas se esperaban de presidentes como García o PPK, pero no del profesor del Perú profundo.

La tragedia que se nos viene

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Ya se venía anunciando, solo era cuestión de tiempo. Los Gremios de Transportistas tuvieron que esperar el momento preciso: sea para crear las condiciones o para que las condiciones se manifiesten. Como fuese, la fuerza con la que el paro de transportes pesados está envolviendo el territorio nacional y la forma en la que el Gobierno está gestionando el conflicto están provocando un escenario demasiado oscuro y confuso.

Hasta el momento, se nos viene informando que el paro de transportes empezó como respuesta por el alza en el precio del combustible y que ahora a derivado a ser medida de presión para negociar un conjunto de reclamos, en el que se incluye la ampliación de la cobertura que tiene el Fondo de Estabilización del Precio del Combustible (FEPC).

Lo que no nos están informando es que el Gobierno ya ha gestionado una ampliación de la cobertura del FEPC, pero que esta ampliación se encuentra tan limitada que solo podría estabilizar el precio de primera venta más no el precio de venta final, el cual termina siendo pagado por el usuario.

En otras palabras, si bien el Gobierno está aplicando medidas de compensación que pueden servir como mecanismo regulatorio frente a la subida de precio del combustible, y, con ello, generar cierto amortiguamiento en el precio, y evitar que la fluctuación impacte directamente en las economías familiares, lo que realmente está pasando es que esa cobertura de precios no va a evitar que los Grupos Empresariales sigan especulando con los precios de combustible; a expensas de los productores agrícolas y unidades familiares.

Además de ello, tenemos la situación del mercado agrícola. En el último informe del INEI, se reporta que la canasta básica familiar del 2022 ha aumentado su costo en un 30%. Más aún, los alimentos básicos diarios no solo han aumentado su precio, sino que este aumento se está dando en un contexto donde los ingresos familiares mensuales son bajos y/o con mucha inestabilidad.

Entonces, si sumamos el impacto que genera la subida de precio en los combustibles, más el impacto que ocasionan los bajos ingresos que las familias están recibiendo mensualmente, más el aumento del precio en los alimentos básicos diarios, podríamos estar a puertas de un estancamiento en la producción de los alimentos de primera necesidad más una inflación en los precios al consumidor.

En esa línea es necesario tener en cuenta lo siguiente: hay que recordar cómo, en un golpe desesperado por gestionar la economía nacional, se aprobó hacer uso de los ahorros y de las AFPs para que las familias peruanas podamos sobrevivir, en medio del desconcierto. Hoy, con familias enteras sin jubilación, sin ahorros, sin AFPs, en un contexto donde los alimentos están subiendo de precio, donde los ingresos familiares son cada vez menores y donde el 90% de la canasta básica de alimentos son productos importados, ¿puedes adivinar quienes seremos los que pagaremos la altísima deuda ocasionada?

En definitiva, estamos en una coyuntura extremadamente frágil que no se va a poder resolver solamente con las mesas de diálogo que la PCM busca instalar. Acá nos encontramos en un contexto abierto a recibir la agresividad de factores externos que, tal como vimos líneas arriba, no logran ser adecuadamente gestionados. Probablemente por la ausencia total de una política económica bien llevada, probablemente por la ausencia total de un Gobierno que sea capaz de gobernar a favor del país.