El asesinato de «Chato» en San Juan de Lurigancho no es solo un caso aislado de imprudencia vehicular; es el síntoma de una crisis de protocolos y sensibilidad humana en la gestión de servicios públicos. Lo ocurrido bajo las ruedas de un camión recolector de la Municipalidad de SJL trasciende el atropello: la disposición final del cuerpo del can, arrojado a la compactadora como un residuo sólido, revela una ruptura total con la Ley N.º 30407.
El incidente: de la negligencia a la crueldad
Las cámaras de seguridad son irrefutables. Chato, un animal en estado de vulnerabilidad, no pudo reaccionar a tiempo ante el avance de la maquinaria pesada. Sin embargo, el punto de quiebre legal y ético ocurre segundos después. Los operarios, lejos de activar un protocolo de emergencia o reportar el deceso, procedieron a «descartar» el cuerpo, eliminando la evidencia del atropello al mezclarlo con desechos orgánicos e inorgánicos.
Este acto podría tipificarse bajo el Artículo 206-A del Código Penal, que sanciona con hasta 5 años de cárcel los actos de crueldad que derivan en la muerte del animal, agravado por la condición de funcionarios o servidores externos que actúan en nombre del Estado.
La respuesta institucional vs. la indignación social
Ante la presión mediática, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho emitió un comunicado oficial informando el inicio de investigaciones internas para deslindar responsabilidades. No obstante, para la ciudadanía, este documento resulta insuficiente. No se mencionan reformas estructurales ni la creación de una política de protección animal que el distrito más poblado del país exige con urgencia.
Como respuesta, la comunidad ha organizado un plantón frente al Palacio Municipal. La demanda es clara:
- Sanción administrativa y penal inmediata para los operarios involucrados.
- Transparencia en la fiscalización de las empresas tercerizadas de limpieza.
- Implementación de políticas públicas reales: Una clínica veterinaria municipal, programas de esterilización masiva y una unidad de rescate animal que deje de tratar a los seres sintientes como «estorbos» urbanos.
